El proyecto de instalación en Costa Rica de una Academia Internacional de Policía, concebida y dirigida por Estados Unidos, ha desatado una fuerte polémica en el país, donde numerosas organizaciones civiles se oponen a la iniciativa.
Los principales argumentos contra la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) son que implicaría no respetar la soberanía y la política de neutralidad del país, además de ser inconveniente para la seguridad y la imagen internacional pacifista que ha cultivado Costa Rica.
El 6 de junio de 2002, el ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, y el embajador estadounidense en Costa Rica, John Danilovich, firmaron un acuerdo para crear la ILEA, que sería la quinta en su tipo, tras las academias montadas por Washington en Bangkok, Budapest, Gaborone y la ciudad de Roswell, al sur de Estados Unidos.
El proyecto de ley correspondiente está a estudio de la comisión de Asuntos Internacionales del Congreso legislativo y podría ser aprobado en los próximos días, tras lo cual debería ser debatido por el conjunto de los legisladores.
Costa Rica invierte dinero en derechos humanos y en la formación de una policía civil, por lo que la creación de la Academia significará un retroceso en esta materia, aseguró Arturo Fournier, de la no gubernamental Asociación Americana de Juristas de Costa Rica.
Según el texto del proyecto, la Academia servirá para la formación, en el Hemisferio Occidental, de aquellos que combaten el tráfico de estupefacientes, de personas y de órganos, el terrorismo y todos los demás tipos de crímenes internacionales.
En la actualidad, la instauración de la Academia acarrea inconvenientes geopolíticos para Costa Rica, que puede ser objeto de ataques por parte de los terroristas, dijo Fournier.
La ILEA no tendría características militares de acuerdo con el proyecto, pero Fournier señaló que en ella se impartirían cursos de lucha contra el terrorismo y de manejo de armas de fuego y explosivos.
La dirección de la Academia sería responsabilidad de estadounidenses, que gozarían de inmunidad diplomática. Costa Rica facilitaría el terreno para construir la sede de la institución y designaría a un director ejecutivo, con funciones meramente administrativas.
Carlos Alvarado, director nacional de Guardacostas y asesor de Ramos, negó enfáticamente a IPS que la Academia pueda tener carácter militar, e insistió en que beneficiará a Costa Rica, porque le reservará un porcentaje de alumnos más alto que los de otros países.
Quienes sostienen que la Academia tiene un matiz militar mienten, y quienes hacen alguna relación con la Escuela de las Américas, que funcionó en Panamá, no hacen la diferencia entre un militar y un policía, arguyó.
En la estadounidense Escuela de las Américas, instalada en la panameña Zona del Canal hasta 1984, recibieron instrucción numerosos militares latinoamericanos involucrados luego en golpes de Estado y violaciones de los derechos humanos en sus países.
Los policías, que son los que se formarán en esa Academia, tienen como objetivo la protección de los derechos dentro de lo que establece el Estado, a diferencia de los militares, que tienen como misión destruir al enemigo, adujo Alvarado.
El asesor aseguró que las materias y programas serán definidos por los diferentes países de América Latina, de acuerdo con sus necesidades, aunque Estados Unidos aporte el personal, el edificio y 95 por ciento de los gastos.
Pero el ex defensor de los habitantes y actual diputado Rodrigo Alberto Carazo, del Partido Acción Ciudadana, manifestó que Costa Rica no sólo presta el territorio para que lo utilicen, sino que además pone la alfombra roja para que los otros (los estadounidenses) pasen.
El diputado insistió en la necesidad de que la sociedad civil se organice y haga presión sobre el Congreso para impedir que el proyecto sea aprobado.
Hay que preguntarse qué es lo que hay detrás de la Academia y por qué quieren instaurarla en Costa Rica, agregó.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, destacó que ese sindicato se opone de forma rotunda a la Academia, y criticó a quienes quieren presentarla como defensora de los derechos humanos.
¿Cuándo Estados Unidos ha hecho culto de la ley como se pretende transmitir ahora con la Academia? Sabemos que ésa no es la realidad, afirmó.
Para Vargas, la instalación de la ILEA en el país forma parte de la estrategia geopolítica de los estadounidenses, dentro de la que se incluyen el Plan Colombia, el Tratado de Libre Comercio que negocia con América Central y el Area de Libre Comercio de las Américas.
Es innecesaria la creación de una nueva escuela policial en un país que ya cuenta con su Academia Nacional de Policía y su Escuela Judicial, opinó.
El sindicalista lamentó el total silencio sobre la cuestión del ex presidente Oscar Arias (1986-1990), premio Nobel de la Paz 1987.
Insto al señor Arias a que se pronuncie sobre la Academia. Me sorprende su pleno silencio sobre un tema tan trascendental para nuestro país, comentó.
En el proyecto de creación de la ILEA se especifica que ésta tendrá un Comité Conjunto, integrado por un representante del Poder Judicial y otro del Ejecutivo, uno del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), con sede en Costa Rica, y uno de la Defensoría de los Habitantes.
Llama la atención que se incluya al IIDH como parte del Comité Conjunto, porque Estados Unidos no lo reconoce, como tampoco acepta las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
La Defensoría de los Habitantes ya se negó a integrar ese Comité Conjunto, en carta enviada al presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso, Rolando Laclé, con el argumento de que eso devendría en una restricción de las funciones fiscalizadoras de la institución.
También puntualizó que el proyecto de ley sólo contiene dos menciones a los derechos humanos, aunque se insiste en que la Academia servirá para defenderlos.
También se oponen a la creación de la ILEA el Colegio de Abogados de Costa Rica y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, por considerar que traerá al país más perjuicios que beneficios.
Organizaciones civiles se manifestarán contra el proyecto el 15 de este mes, día de la independencia de Costa Rica.
