Organizaciones de consumidores de América Latina observan con esperanzas la creación del Grupo de los 22 países en desarrollo, que defendieron con vigor sus intereses en la fracasada conferencia ministerial de la OMC de este mes en México.
El surgimiento del Grupo de los 22 (G-22) abre "una nueva era en las negociaciones comerciales globales", señaló un comunicado de la organización Consumers International, difundido por su oficina regional para América Latina, en Santiago de Chile.
El G-22 "abre paso a que se formen otros bloques de países en desarrollo" para aumentar la capacidad de presión ante el Norte industrializado, dijo a IPS Leo Stutman, economista y consultor técnico del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC).
El incipiente movimiento de consumidores en América Latina mira con preocupación los efectos de una liberalización comercial indiscriminada, según el resultado de una consulta en 16 países de la región, difundidos por Consumers International, una organización no gubernamental que cuenta con 250 filiales en el mundo.
Las organizaciones ciudadanas tienden a alinearse con la posición del grupo de países en desarrollo, que exige a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón honrar su compromiso de poner término a los subsidios agrícolas como requisito para avanzar en otros puntos de las negociaciones globales acordadas en 2001 en Doha.
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En la V Conferencia Ministerial de la OMC, realizada del 10 al 14 de este mes en el sudoriental balneario mexicano de Cancún, el Norte insistió en subordinar el tema agrícola a avances en la llamada agenda de Singapur, sobre inversiones, reglas de competencia, aduanas y compras estatales.
Consumers International aplaudió la fortaleza con que los países del G-22 se unieron para demandar en esa reunión de la OMC (Organización Mundial del Comercio) "políticas comerciales que atiendan sus necesidades de desarrollo".
"Su firmeza crea un potencial para avanzar en los intereses de los consumidores en los países desarrollados y en desarrollo y los ayudará en las futuras negociaciones", agregó esa federación internacional de consumidores con su sede central en Londres.
Marcela Ortiz, encargada de Comunicaciones de la oficina regional, señaló que Consumers anticipó el enfrentamiento que se produciría en Cancún entre el mundo en desarrollo y los países industrializados.
"Mientras no se evalúen los impactos que sobre los consumidores han tenido los acuerdos de la OMC (en agricultura, servicios y propiedad intelectual) no se deberían discutir nuevos temas, como han planteado los países industrializados", señaló en vísperas de la cita ministerial.
"El balance general (de Cancún) es positivo, porque no hubo reducción de los derechos del consumidor, sin que tuviéramos que ceder en otros puntos", dijo Stutman, quien viajó a Cancún para seguir la conferencia de la OMC.
El brasileño IDEC temía que en Cancún se produjera una suerte de trueque, en que los países del Norte cedieran a las demandas en agricultura a cambio de concesiones en los "nuevos temas" consignados en la agenda de Singapur y en la apertura del mundo en desarrollo a inversiones en servicios públicos.
Esto habría reducido las posibilidades de regular servicios como el agua, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, la educación y la salud, que en Brasil están protegidos por el Código de Defensa del Consumidor, uno de los más avanzados del mundo, señaló Stutman.
"Por otro lado, lamentamos el fracaso de la negociación agrícola, ya que la eliminación de subsidios y barreras en los países ricos interesa a los consumidores. La no obtención de un acuerdo limita nuestras posibilidades de crecimiento económico y generación de empleos", señaló el dirigente del IDEC.
En coincidencia con Stutman, el presidente de la Asociación Mexicana para la Defensa del Consumidor, Arturo Lomelín, dijo a IPS que "el fracaso de Cancún impacta en los consumidores por el hecho de dejar irresueltos temas importantes en el comercio agrícola".
Lomelín apuntó que es urgente regular el comercio de maíz transgénico, producto cuyas importaciones de Estados Unidos crecieron de 152.149 toneladas en 1993 a seis millones de toneladas en 2002, lo cual pone en riesgo al maíz criollo mexicano y, por ende, a la soberanía alimentaria del país.
"Lo lamentable, más allá de Cancún, es que en México los consumidores no tienen conciencia al momento de comprar y por eso no hay una demanda social efectiva, que busque resolver los problemas del comercio internacional", se lamentó el dirigente.
En la conferencia de la OMC tampoco se discutió a fondo el asunto de la piratería o comercialización de productos falsificados o reproducidos ilegalmente, añadió Lomelín.
"Hay discusiones sobre propiedad intelectual, con algunos avances, pero a la piratería no se la da el rango de importancia que tiene. Debería atacarse de una manera global y contundente", dijo.
En México, seis de cada 10 programas de computación que se venden son falsificados. En música, la relación es de siete falsificaciones por cada 10 discos compactos, en vídeos de seis a 10 y en perfumes de tres a 10, según el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual.
* Con aportes de Mario Osava (Brasil) y Diego Cevallos (México)
