Unos 50 líderes sociales y defensores de derechos humanos de Colombia se plantaron frente a la sede del gobierno para pedir al presidente Alvaro Uribe explicaciones sobre la persecución oficial a su activismo.
Los activistas renunciaron este lunes a las medidas de seguridad que el Estado les proporciona para proteger sus vidas, blanco de fuego cruzado en el conflicto colombiano de cuatro décadas.
Se trata de escoltas, autos blindados, chalecos antibala, celulares y teléfonos inalámbricos.
”¿Para qué queremos un auto blindado si tenemos 118 sindicalistas detenidos?”, argumentó a IPS Domingo Tovar, director de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal del país.
”¿Para qué queremos escoltas, si durante el gobierno de Uribe nos han asesinado a 49 sindicalistas?”, agregó.
Otros 23 líderes sociales han sido muertos desde la asunción de Uribe, en agosto de 2002.
Y en el mismo periodo, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del jesuita Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y de Justicia y Paz registró además 792 ejecuciones extrajudiciales, 160 desapariciones forzadas, 144 casos de tortura y 573 amenazas de muerte.
Noventa por ciento de los asesinatos de sindicalistas son cometidos por los paramilitares de derecha, según la CUT, y Tovar responsabiliza de la mayoría de los casos restantes a organismos de seguridad del Estado.
Las guerrillas izquierdistas y la delincuencia común también figuran entre los presuntos asesinos.
En el primer año del gobierno de Uribe, cientos de hombres y mujeres fueron detenidos en grandes redadas en distintos puntos de Colombia y presentados ante la prensa, sin juicio previo, como personas que apoyan a las guerrillas.
De acuerdo al Banco de Datos, desde julio de 2002 hasta el 30 de junio, se produjeron 2.546 detenciones arbitrarias.
Cuarenta y siete por ciento de los detenidos en los primeros ocho meses de la administración Uribe son campesinos, dirigentes sociales y políticos de oposición, líderes de comunidades desplazadas, sindicalistas, estudiantes o activistas de derechos humanos.
A estas personas se les abre un proceso penal ”por su actividad social o por el simple hecho de habitar zonas 'sospechosas' para las autoridades”, sostuvo el independiente Colectivo de Abogados José Alvear.
”Queremos garantías para el derecho de asociación, de defensa de los derechos humanos y de oposición política. No estamos pidiendo nada que esté por fuera de la Constitución”, explicó Tovar.
Una hora y media después de iniciado el plantón, el gobierno hizo saber que, por orden de Uribe y del vicepresidente Francisco Santos, se crearía una comisión gubernamental para atender las denuncias sobre falta de garantías.
Habían convocado al plantón organizaciones de defensa de derechos humanos, la asociación de familiares de desaparecidos y los sindicatos de trabajadores del petróleo, la minería, la industria de alimentos, de maestros, de jueces, de profesores universitarios, bancarios y de la salud.
También organizaciones campesinas, y los sobrevivientes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, coalición de izquierda cuyos militantes fueron exterminados en los años 80 y 90, incluyendo dos de sus candidatos presidenciales.
Algunas de las medidas de protección fueron impuestas al Estado colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En otros casos, fueron aplicadas por los últimos gobiernos a través del Ministerio del Interior.
Las medidas cautelares ordenadas por la OEA son obligatoras para Colombia, con el fin de preservar la vida de los afectados e investigar penalmente las situaciones denunciadas.
Pero, según los dirigentes protegidos, estos mecanismos no son complementados con investigaciones que enjuicien y sancionen a los responsables.
En la madrugada del 24 de agosto, 600 soldados y policías allanaron las casas de Cajamarca, Tolima, en el centro de Colombia. Aunque portaban 34 órdenes de captura, se llevaron detenidas a 56 personas.
El diputado Hugo Zárrate, del izquierdista Polo Democrático, dijo que en la redada fue sacado de misa y puesto preso un ex secretario parlamentario, con cincuenta años en la actividad lechera, paralítico y muy conocido en la zona. También fue detenido el sacerdote del pueblo.
Los 16 presos sin orden de captura fueron liberados día y medio después, mientras cuatro fiscales averiguaban si tenían antecedentes, según Zárrate. ”Aquí se están llevando a la gente por sospecha”, denunció ante la cámara baja del parlamento.
”La detención de cerca de 42 activistas sociales y defensores de derechos humanos en Saravena, departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela), 28 de los cuales permanecen bajo arresto, parece ser parte de una campaña para minar el trabajo de sindicalistas y activistas de derechos humanos”, sostuvo el miércoles la organización Amnistía Internacional (AI).
AI advirtió que los activistas araucanos ”están enfrentando una estrategia militar-paramilitar coordinada, con el fin de etiquetarlos como subversivos, a ellos y a sus organizaciones, exponiéndolos a procedimientos judiciales arbitrarios y a un ataque violento de los grupos paramilitares” de derecha.
Entre los detenidos de Saravena están José Murillo, presidente del comité local de derechos humanos, y Alonso Campiño, vicepresidente regional de la CUT y miembro del mismo comité.
Las detenciones ocurrieron después de que el comité denunciara ”la presencia de grupos paramilitares operando en connivencia con las fuerzas de seguridad en Saravena”, sostuvo AI, con sede en Londres.
Arauca es el departamento más militarizado de Colombia en proporción a su población.
Estados Unidos financia con 98 millones de dólares la creación y entrenamiento de una brigada del ejército para proteger la economía petrolera araucana, explotada por las compañías Occidental y British Petroleum.
”Se han cometido mucho abusos”, pero ”las medidas gubernamentales obedecen a un programa de defensa y seguridad nacional”, dijo a IPS el senador oficialista Jairo Clopatofsky, presidente de la Comisión de seguridad y defensa nacional de la cámara alta.
Clopatofsky saludó la creación de la comisión de diálogo, expresó su solidaridad con los manifestantes y aseveró que el Senado se propone ”estudiar con el gobierno cada una de las medidas que ha venido tomando, así como las capturas injustas o no que haya podido haber”.
Las medidas cautelares abarcan a comunidades enteras, como las etnias embera-chamí y embera-katío, así campesinos de Arauca, del sudoccidental Cauca y el nororiental Catatumbo, al Comité de Solidaridad con los presos políticos, decenas de sindicatos y congresistas.
Además, la Corte Interamericana ordenó a Colombia proteger a los miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y a los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el noroccidente del país.
Los habitantes de San José se niegan a participar en la guerra y no apoyan a ninguno de sus protagonistas armados.
Uribe rechaza la neutralidad de los civiles, pues éstos tienen obligación de ”alinearse al lado de las instituciones y el ejército para derrotar el terrorismo”.
En opinión de una jurista del Colectivo de Abogados José Alvear, ”las medidas cautelares sí sirven. Su efectividad política en términos de disuasión de los asesinos es más que comprobada”.
En el marco de unas 80 medidas cautelares impuestas por los organismos de derechos humanos de la OEA, ”solamente” resultaron asesinadas dos personas y dos fueron desaparecidas.
Pero la jurista no puede dar su nombre. Sobre los miembros del Colectivo de Abogados, receptor este año del premio internacional de derechos humanos Martin Ennals, también penden amenazas de muerte.
