Una transición inconclusa y una reconciliación inalcanzable, condimentadas por diversas lecturas del pasado, configuran el panorama político de Chile al cumplirse el trigésimo aniversario del golpe de Estado.
El 11 de septiembre de 1973 se inició la más larga dictadura en la historia de este país que, 30 años después, vive una transición política que parece no tener fin.
Así lo advirtió el periodista Manuel Cabieses, director del izquierdista quincenario Punto Final, cuando intervino en un coloquio internacional sobre ”Periodismo, Memoria y Derechos Humanos”, que finalizó este miércoles en la sede central de la Universidad de Chile en Santiago.
El periodista argentino Horacio Verbitsky, a cargo de la conferencia de cierre del encuentro, señaló igualmente la persistencia de los ”amarres”, tanto legales como de hecho, heredados de la dictadura de Augusto Pinochet, que impiden dar por concluida la recuperación de la democracia iniciada el 11 de marzo de 1990.
Para el presidente Ricardo Lagos, un socialista moderado, la transición no estará completa mientras sobrevivan instituciones como los senadores designados, un sistema electoral que excluye a las minorías del parlamento, o el poder civil no recupere la facultad de remover de sus cargos a los altos mandos militares.
El homenaje de este miércoles en el palacio de gobierno de La Moneda al presidente constitucional Salvador Allende, quien se suicidó durante el golpe de 1973, activó el debate sobre el Chile de hace tres décadas y el país gestado por 17 años de dictadura y más de 13 años de transición.
En presencia de Hortensia Bussi, la viuda de Allende, de Isabel Allende, su hija y actual presidenta de la Cámara de Diputados, y de otros invitados especiales, se descubrió una placa recordatoria cerca del lugar donde el mandatario se quitó la vida.
También se instalaron dos gigantescas fotografías. La primera, muestra a Allende saludando desde un balcón de La Moneda cuando asumió el gobierno el 4 de noviembre de 1970. La segunda enseña el mismo balcón destruido por el bombardeo de los golpistas el 11 de septiembre de hace 30 años.
La reivindicación y revalorización de la figura de Allende, nota predominante en este aniversario del derrumbe de la democracia, causa escozor en dirigentes políticos y legisladores de la oposición derechista.
”Se ha alterado la verdad, se busca reinstalar el odio y la confrontación de 30 años atrás y, sin pudor ni vergüenza, se instrumentaliza la institucionalidad para reivindicar del peor modo posible la figura de Allende”, dijo Hernán Larraín, senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
El empresario y ex senador Sebastián Piñera, presidente del también derechista Partido Renovación Nacional, protestó porque la placa alusiva a Allende lleva la inscripción 1970-1976, año este último en que debió culminar su mandato de no haber mediado el cruento levantamiento militar.
Aun desde ángulos contrapuestos, los protagonistas políticos de esta hora coinciden en que este país es muy diferente al que existía cuando finalizó abruptamente la experiencia transformadora de la Unidad Popular, la coalición de izquierda liderada por Allende.
”Lo más importante que ha cambiado (en estos 30 años) es la relación de fuerzas”, dijo a IPS el diputado Rodolfo Seguel, de la Democracia Cristiana, integrante de la oficialista Concertación por la Democracia junto a los partidos Socialista, Por la Democracia y Radical Socialdemócrata.
”Ahora hay un gran bloque político que es la Concertación y se terminó, felizmente, lo que eran los tres tercios antiguos: la derecha, el centro y la izquierda. Ahora tenemos a la Concertación (de centroizquierda) y a un bloque de derecha”, explicó el diputado y ex dirigente sindical.
”Los grupos extremistas no tienen representación en el Congreso legislativo, ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda, salvo un parte de la extrema derecha representada por la UDI”, agregó.
”Desde el punto de vista político, social y económico, el país no tiene absolutamente nada que ver con el de 1973”, aseguró a IPS el senador Jorge Pizarro, también de la Democracia Cristiana.
El primer cambio está en ”la valoración y el funcionamiento de un sistema democrático con un sentido más unitario, más tolerante, menos ideologizado y con un esquema institucional que permite grados de expresión, hasta el momento razonables, de las distintas posturas o puntos de vista ideológicos, políticos, económicos y religiosos”, dijo Pizarro.
El senador agregó que Chile es hoy un país moderno e incorporado al mundo, aunque advirtió que todavía hay carencias ”en materia de tolerancia, de respeto a las minorías y de una mayor libertad de expresión”.
Para Felipe Salaberry, diputado de la UDI, ”lo que importa” en este momento son las expectativas que los chilenos tienen ”para los próximos 30 años, en cuanto al futuro de sus familias, sus hijos, la educación y al trabajo, y no lo que pasó hace 30 años”.
”Lo que ha cambiado es que los chilenos no solo son distintos en pensamiento, en manera o formas de ser, sino que hay que entender que el 70 por ciento de la población tiene menos de 40 años y la mitad de la población actual del país no había nacido para el 11 de septiembre de 1973”, comentó Salaberry a IPS.
Muy distinta es la visión de Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del opositor Partido Comunista, que no cuenta con representación parlamentaria.
”Antes de la conspiración y el golpe, Chile vivía uno de los estados constitucionales más pluralistas y democráticos del continente, del Tercer Mundo y del mundo dependiente del capitalismo norteamericano”, señaló Lagos a IPS.
”Era un país de una fuerte cultura democrática, y esa cultura 'cruzaba' su estructura política, social y cultural”, afirmó.
”Hoy, Chile es un país de grandes desigualdades sociales, de espacios fragmentados. Es un país de grados de esquizofrenia social fuertes, con el peso de un militarismo que se arraiga desde la historia reciente, en forma amenazante y deliberante”, añadió.
Según el dirigente comunista, el sistema político ”tiene espacios democráticos, pero no es plural”, mientras ”el poder del dinero inunda las relaciones sociales”, lo cual constituye, a su juicio, una herencia tanto política como cultural de la dictadura.
