Las pandillas juveniles de América Central, acusadas de cometer actos de vandalismo y violencia, son reprimidas con leyes y acciones policiales de creciente severidad, aunque activistas por los derechos humanos opinan que eso es afrontar el problema en forma parcial y errónea.
Los "maras", como se conoce a las pandillas, tienen desde los años 90 fuerte arraigo en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, y la legislación hondureña establece penas de hasta 12 años para los jóvenes que participen en ese tipo de grupos.
Sin embargo, no hay evidencia de que la represión disminya el número de los integrantes de pandillas juveniles, llamados maras al igual que los grupos.
Para organizaciones defensoras de los derechos humanos en América Central, no hay dudas de que el surgimiento de los maras obedece al deterioro social de la región, donde cerca de la mitad de una población de 38 millones padece los estragos de la pobreza.
"Las dificultades sociales no se resuelven con medidas penales. La conducta irregular de los pandilleros se explica por la marginación de que son objeto por parte de la sociedad", dijo a IPS el comisionado nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio López.
"Esos muchachos vienen de hogares desintegrados, en los que las condiciones de vivienda y pobreza son deplorables", señaló.
Los maras tienen su modelo en pandillas de Estados Unidos, y se distinguen por llevar cortes de pelo al estilo militar y numerosos tatuajes, y en la mayoría de los casos, también por actuar con violencia extrema. Cada grupo tiene su caudillo, y todos aplican criterios militares de disciplina.
Para combatirlos, en Honduras se desarrolla la Operación Libertad, en Guatemala el Plan Escoba y en El Salvador el plan Mano Dura, todos con base en la represión.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó en agosto, por unanimidad de sus 128 integrantes, una ley que para prohibir en forma expresa las pandillas juveniles y endurecer las penas contra quienes los integren.
Esa norma estableció penas de nueve a 12 años de prisión y multas de hasta 12.000 dólares para los cabecillas de los maras.
Según López, tal ley atenta contra la igualdad que establece la Constitución, motivo por el que el Comité de Detenidos presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ella ante la Corte Suprema de Justicia.
"He sido testigo de cómo la policía le ha ordenado a jóvenes levantarse la camisa para comprobar si tienen tatuajes, y he visto cómo, sin la orden de ningún juez, los detienen por ese simple hecho", añadió López.
El funcionario prepara en la actualidad un informe en el que aseguró que demostrará los atropellos a los derechos humanos que contra los jóvenes pandilleros comete a diario la Policía Nacional Hondureña.
La mano dura del gobierno del presidente Ricardo Maduro contra los pandilleros obedece a presiones de los grupos económicamente fuertes, que son los que financian las campañas políticas, aseguró.
En un amplio informe, el comisionado nacional de los Derechos Humanos cuestionó de forma vehemente la muerte, el 5 de abril, de 69 maras recluidos en la Granja Penal de El Porvenir, al norte de Honduras, por considerar que muchos fueron ajusticiados por los vigilantes de ese centro.
Según organismos policiales de Honduras, en ese país hay unos 35.000 pandilleros y unos 65.000 jóvenes que simpatizan con ellos.
"Intentar frenar a los maras con violencia es como pretender tapar el sol con un dedo. Está claro que el origen de esos grupos se encuentra en las condiciones de miseria por las que atraviesa Honduras, cada vez más crecientes", recalcó López.
En Guatemala aún no se ha aprobado un proyecto de ley que pretende establecer penas de seis a 12 años de prisión para quienes integren pandillas juveniles.
Muchos ciudadanos aplaudieron la iniciativa del Partido Acción Nacional de combatir a las pandillas con fuertes penas, pero defensores de los derechos humanos se oponen a la medida, destacó José Alberto Flores, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Guatemala.
"No es con nuevas leyes como vamos a resolver el tema de las pandillas, sino dándole a la juventud verdaderas oportunidades para que se eduque y para que tenga opciones recreativas", dijo. Flores.
Guatemala padece de un problema estructural que "históricamente le ha impedido dedicar suficientes recursos a la inversión social", que sería uno de los antídotos contra la aparición de grupos de delincuencia juvenil, alegó Flores.
En opinión del activista, es casi imposible que en esta legislatura se apruebe la ley llamada antimaras, dado que el país se encuentra en campaña hacia las elecciones presidenciales del 9 de noviembre.
Los defensores de los derechos humanos en Nicaragua coinciden en oponerse a la aprobación de nuevos proyectos contra las pandillas juveniles, dijo a IPS Anielka Pacheco, del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
"Las penas para los delincuentes juveniles están tipificadas en el código de la niñez y la adolescencia, en el que se establecen numerosas alternativas a la cárcel para los pandilleros. Lo que sucede es que esas alternativas son difíciles de aplicar por falta de mecanismos", explicó.
Según especialistas, en Nicaragua hay más de 250 grupos de pandilleros, que suman unos 3.000 integrantes, cuyas edades van de 15 a 25 años.
"Existe una queja continua de la población por los actos delictivos de las pandillas, pero pocos están de acuerdo en que con nuevas leyes se solventarán las dificultades", agregó Pacheco.
Esta semana, en El Salvador, tres pandilleros fueron hallados culpables de la muerte de 10 personas en una cervecería de San Salvador, y condenados a 300 años de cárcel cada uno, aunque de acuerdo con las leyes de ese país, las penas se redujeron al máximo aplicable de 75 años.
