La soja transgénica se impone en Brasil por una vía ilegal oficializada por el mismo gobierno, que adoptó este año dos medidas excepcionales para acomodar hechos consumados, en medio de polémicas jurídicas y agrícolas.
La autorización a sembrar soja genéticamente modificada para la próxima temporada fue publicada este viernes, pese a la opinión de la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva, del Consejo Nacional de Medio Ambiente, órgano normativo oficial, de numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) y hasta de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica.
La Asociación de Jueces Federales anunció que cuestionaría la medida en la Suprema Corte de Justicia, por considerarla inconstitucional, ya que está en vigencia un fallo judicial de 2000, que prohíbe la siembra de transgénicos sin un estudio previo de impacto ambiental.
Se creó así un cuadro de crisis institucional, con el Poder Ejecutivo atropellando al Judicial, ya que el fallo sólo puede ser revocado por otra decisión judicial y no por una medida provisional, sostuvo el magistrado Paulo Domingues, presidente de la Asociación.
La medida provisional, creada por la Constitución de 1988 en sustitución del decreto-ley, permite al jefe de gobierno legislar de forma inmediata en casos urgentes. El Congreso legislativo debe ratificarla o rechazarla en los 60 días siguientes.
El vicepresidente José Alencar, en ejercicio de la presidencia, dudó durante tres días antes de firmar la medida en la noche del jueves, por reconocer que ella ”contraría la legislación”.
Sucesivas reuniones con ministros y parlamentarios desnudaron la división del gobierno en ese tema.
Alencar dejó en claro que firmó la medida provisional a disgusto, cumpliendo una determinación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de visita esta semana a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México y Cuba.
Es la segunda vez que el gobierno recurre a una medida provisional para responder a situaciones creadas por la siembra ilegal de soja transgénica en Río Grande del Sur, con semillas contrabandeadas desde Argentina.
En marzo, una medida similar autorizó la comercialización de la legumbre que ya se había cosechado o estaba por cosecharse en el estado más meridional del país. Pero fijaba un plazo hasta el 31 de enero para las ventas y mantenía la prohibición de nuevas siembras.
Setenta por ciento de la soja plantada en aquel estado era transgénica, se estimaba entonces. La destrucción de casi seis millones de toneladas cosechadas hubiera provocado un colapso agrícola y una crisis social, y con este argumento se impuso la medida excepcional.
Los opositores intentaron sin éxito limitar la venta al mercado externo.
Pero ahora se libera la siembra, es decir una producción futura, destacó a IPS el diputado y abogado Orlando Desconsi, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
”Los jueces tienen razón”, la medida viola un artículo de la Constitución que exige estudios certificando que no se dañará el ambiente, observó Desconsi, afirmando que la mayoría de sus pares del PT rechazan la medida, pero podrían aprobarla por razones de gobierno.
”Yo votaré en contra”, anunció.
Su esperanza es que la Suprema Corte anule la medida, en respuesta a la acción anunciada por los jueces federales, el Partido Verde y posiblemente el procurador general de la República, Claudio Fonteles.
Según Lula, el paso del Poder Ejecutivo responde a una ”realidad concreta” de emergencia, porque los agricultores del sur alegan disponer sólo de semillas transgénicas y advierten que las usarán de cualquier manera en la siembra que empieza la próxima semana.
La legalización de esa ”realidad irreversible” fue reclamada también por el ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, autoridades riograndenses y organizaciones empresariales.
La medida es necesaria para que los agricultores puedan ”optar libremente” entre alternativas disponibles, arguyó el diputado Francisco Turra, del conservador Partido Progresista de Río Grande del Sur, en entrevista con IPS.
”El consumidor también podrá elegir lo que quiere comprar”, acotó.
En opinión de Turra, también abogado, la medida excepcional no crea un conflicto con la justicia, porque el fallo mencionado fue sometido a una instancia superior que aún no emitió sentencia ”sobre el mérito de la cuestión”.
Con todo, el gobierno trató de prevenir derrotas judiciales, imponiendo varias restricciones. La soja transgénica podrá ser sembrada y vendida solo hasta 31 de diciembre de 2004, después será incinerada.
Y los agricultores tendrán que firmar un compromiso asumiendo los cargos de potenciales daños ambientales y a la salud humana.
Como la medida es válida para todo el territorio, no sólo para Río Grande del Sur como la anterior, las semillas no pueden ser transferidas de un estado a otro, buscando evitar la expansión del problema. Una discriminación territorial haría más vulnerable al decreto.
Además, la siembra transgénica queda prohibida en áreas de protección ambiental y conservación de biodiversidad, para reducir el riesgo de contaminación.
Silva, ministra del Medio Ambiente, se resiste a los transgénicos sobre la base del principio de precaución consagrado en el Protocolo de Cartagena, en vigor desde este mes.
Los estudios realizados hasta ahora sobre la variedad en cuestión, la Roundup Ready de la corporación estadounidense Monsanto, se realizaron en países de poca diversidad biológica y por tanto no sirven a la rica realidad brasileña en la materia, arguye Silva.
Toda la confusión fue provocada por el gobierno, que además de ”atropellar” a la justicia, las leyes ambientales y los derechos del consumidor, incumplió sus promesas de poner fin a situaciones excepcionales con una legislación amplia y definitiva sobre transgénicos, sostuvo Marilena Lazzarini, coordinadora del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC).
No existen estudios concluyentes sobre la inocuidad ambiental o sanitaria de los organismos modificados en laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies, con fines de mejorar su rendimiento o resistencia.
