El gobierno de Venezuela completó en siete meses la entrega de un millón de hectáreas a unas 41.000 familias, en el marco de un proceso de reforma agraria cuya meta en cinco años es transferir 10 millones de hectáreas a medio millón de familias.
El Instituto Nacional de Tierras (Inti) anunció que el presidente Hugo Chávez asistirá este domingo, en la centrooccidental población agrícola de Cubiro, a la entrega de otras 224.000 hectáreas a 11.600 campesinos, inicio de la segunda fase del proceso, que pondrá otro millón de hectáreas en manos de 63.400 beneficiarios.
La reforma afronta oposición de empresarios del campo, y persisten focos de violencia asociados a ella.
Hasta ahora se han otorgado 31.437 cartas agrarias (documentos de ocupación de tierras) individuales o colectivas, informó en rueda de prensa el presidente del Inti, Ricardo Leonett, acompañado por dirigentes campesinos e indígenas latinoamericanos.
Evo Morales, líder indígena y del Movimiento al Socialismo de Bolivia, Rafael Alegría, de Vía Campesina de Honduras, Edigio Brunito, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Juan Tiney, de la Coordinadora Nacional e Indígena de Guatemala, y Blanca Chancoso, del Movimiento Pachakutik de Ecuador, elogiaron la reforma agraria lanzada por Chávez a comienzos de este año.
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”A este ritmo, en cinco años se habrán repartido 10 millones de hectáreas y se concretaría el regreso a la producción en el campo de 500.000 familias”, dijo a IPS el presidente de la novel Coordinadora Nacional Agraria, Braulio Alvarez.
Venezuela tiene 24 millones de habitantes, de los cuales sólo 14 por ciento, o sea 5,8 millones, habitan zonas rurales, entre ellos medio millón de personas que reivindican su pertenencia a 31 etnias aborígenes.
”Todas las tierras que hemos entregado son de los 19 millones de hectáreas con vocación agraria (aptas para el cultivo) que pertenecen a la nación”, aseguró Leonett.
Los empresarios del campo, agrupados en las federaciones de agricultores y ganaderos, sostienen que el Inti ha propiciado invasiones de predios que les pertenecen desde hace varias generaciones, y presentaron recursos contra las cartas agrarias ante el Tribunal Supremo de Justicia.
”El gobierno es responsable de la inseguridad jurídica en el campo”, reiteró este viernes el presidente del gremio de los ganaderos, José Luis Betancourt.
El primer gran movimiento político contra el gobierno, una huelga empresarial y sindical realizada el 10 de diciembre de 2001, se desencadenó luego de que Chávez decretó una Ley de Tierras que dio paso a las entregas de este año.
Empresarios, partidos tradicionales y sindicatos opositores iniciaron entonces una serie de marchas en Caracas y otras ciudades para pedir la renuncia de Chávez, y en abril de 2002 apoyaron un fallido golpe de Estado que sólo logró alejarlo del poder por 47 horas.
Desde diciembre, una huelga de dos meses también buscó sin éxito desalojar a Chávez del poder.
Luego el gobierno implantó controles de cambios y de precios, a los que siguió este año un desabastecimiento parcial de productos agrícolas y pecuarios en los mercados, en parte subsanado con importaciones hechas por el Estado.
”Defenderemos ante el Tribunal Supremo la legalidad de las adjudicaciones de tierras que son del Estado. Lo que ocurre es que empresarios privados cercaron terrenos que son de propiedad pública y los reclaman como suyos”, arguyó Leonett.
Según Morales, ”hay un paralelismo entre la situación de Venezuela y la de Bolivia, aunque allí es el Estado el que recurre a la argumentación de seguridad jurídica para defender a los terratenientes y negar los derechos de 70 por ciento de la población, que es indígena aimara, quechua y guaraní”.
El reporte sobre la marcha de la reforma agraria coincidió con la información de que un defensor de los derechos humanos en el occidente venezolano, el abogado Joe Castillo, fue asesinado a tiros hace dos días por sicarios que se desplazaban en una motocicleta en la población de Machiques, a 50 kilómetros de la frontera con Colombia.
Castillo acusaba a un empresario ganadero de organizar y financiar ”el asesinato, hace un año, de dos dirigentes agrarios, Pedro Doria y Armando García”, dijo Alvarez a IPS. También se ocupaba de problemas de indígenas y refugiados en la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos, de la arquidiócesis católica de Caracas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudió en un comunicado el asesinato de Castillo, al igual que el venezolano Foro por la Vida, que reúne a varias organizaciones no gubernamentales humanitarias y afirmó que el crimen ”se enmarca claramente dentro de los patrones de actuación del sicariato”.
Dirigentes campesinos y el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, sostienen que en los últimos cuatro años han muerto al menos 60 activistas agrarios.
”Los asesinatos selectivos son una práctica común para detener las luchas campesinas por la tierra. En Brasil han caído asesinados 48 compañeros y actualmente hay más de 30 en las cárceles”, destacó Brunito.
Pero Betancourt enfatizó que los empresarios ganaderos no tienen que ver con esas muertes, y alegó que ”es el gobierno el que incumple con sus obligaciones con la seguridad jurídica y personal en el campo, como lo muestra que actualmente hay 20 ganaderos secuestrados”, en su mayoría en el oeste del país.
El gobernador del sudoccidental estado de Táchira, Ronald Blanco, informó que el gobierno suspenderá en la frontera occidental las garantías constitucionales al libre tránsito, el derecho de reunión y la inviolabilidad del hogar, como medidas de emergencia para combatir la violencia en la zona.
