Si Rawda Masarwa y su esposo Jaled desean continuar viviendo bajo el mismo techo, tendrán que violar la ley o salir de Israel. Pero si ninguna de ambas opciones les resulta aceptable, tendrán que separarse.
La situación de este matrimonio es producto de una nueva ley que impide a los palestinos de Gaza y Cisjordania casados con ciudadanos israelíes (en su mayoría árabes) obtener la ciudadanía o la residencia en el estado judío.
"Hay una sola palabra para describir esta ley: racista", dijo Masarwa, de 28 años, procedente de la aldea árabe-israelí de Taibeh, en el norte del país. Su esposo procede de la ciudad de Tulkarem, en el norte de Cisjordania.
"¿Qué se supone que deba hacer? ¿Separarme de mi esposo? Tenemos dos hijos pequeños", se quejó Masarwa.
El gobierno del derechista partido Likud, que impulsó la rápida aprobación de la ley el 31 de julio, defendió la norma por razones de seguridad. Según las autoridades, varios palestinos que tenían la residencia en Israel aprovecharon su libertad de movimiento para perpetrar ataques terroristas.
Pero grupos de derechos humanos de Israel y el exterior, así como opositores de izquierda, consideran que la ley es una solución radical para un problema marginal, además de una discriminación flagrante.
La norma afectará a miles de parejas y sus hijos que ya viven en Israel y están a la espera del procesamiento de su solicitud de "unificación familiar", como se conoce el procedimiento.
También afectará a los futuros matrimonios entre árabes israelíes —que constituyen 20 por ciento de los seis millones de habitantes de Israel— y palestinos de los territorios vecinos.
La ley procura legitimar una situación que se ha registrado de hecho desde mediados de 2002, cuando el gobierno bloqueó la residencia a los palestinos casados con israelíes.
Muchas familias árabes quedaron divididas entre Israel y Cisjordania como resultado de varias guerras en la región, y los casamientos entre ambos grupos son bastante frecuentes.
"Esta ley apunta específicamente contra los israelíes casados con palestinos", dijo a IPS Yoav Loeff, portavoz de la Asociación de Derechos Civiles de Israel.
"Un israelí que se casa con una persona sueca, por ejemplo, podrá solicitar la residencia para su cónyuge, pero no un israelí casado con alguien de Cisjordania (o la Franja de Gaza). Este es un día negro para la democracia israelí", lamentó Loeff.
La organización Amnistía Internacional consideró que la ley constituye una violación de "las normas internacionales de derechos humanos, y de tratados que Israel ha firmado y ratificado".
Por otra parte, el ministro sin cartera Gideon Ezra recordó que más de 100.000 palestinos han obtenido permisos de residencia en Israel desde 1993 y subrayó que la seguridad es lo fundamental.
"Desde septiembre de 2000 (cuando estalló la segunda "intifada" o insurrección palestina), hemos registrado una importante conexión entre árabes israelíes y árabes de Gaza y Cisjordania en los ataques terroristas", sostuvo.
Según el gobierno, se registraron 20 de esos casos, pero activistas de los derechos civiles cuestionaron la cifra. "Cuando les pedimos números, primero dijeron que era imposible proporcionarlos, y luego de alguna forma hallaron 20 casos", señaló Loeff.
Los activistas también cuestionaron el dato brindado por Ezra sobre los 100.000 permisos de residencia. Adalah, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Arabe en Israel, afirmó que sólo se presentaron 24.000 solicitudes desde 1993.
El ministro del Interior, Avrham Poraz, miembro del partido centrista y laico Shinui, manifestó disconformidad con la ley.
"Ojalá no la necesitáramos. No me entusiasma, pero fue una decisión del gobierno y debo acatarla", declaró el ministro, que estará a cargo de la aplicación de la nueva norma.
Tibi Rabinovith, jefe de la oficina del ministro del Interior, dijo a IPS que la oficina del primer ministro Ariel Sharon fue la autora de la iniciativa legislativa. Aclaró que la ley estará en vigor por un año y su renovación por el parlamento dependerá de "los avances en el proceso de paz" palestino-israelí.
Pero esto no es consuelo para Rawda Masarwa. Desde su casamiento, hace cinco años, su esposo Jaled debió renovar su permiso de residencia en Israel cada seis meses.
"Cada vez que voy (al Ministerio del Interior) me piden más documentos. Siempre quieren algo nuevo. Mi expediente está por explotar de tantos documentos", dijo a IPS.
El último permiso de Jaled venció y las autoridades no se lo han renovado, lo cual significa que actualmente vive en Israel ilegalmente.
"Nunca salimos juntos, porque las fuerzas en seguridad han detenido a personas (en la situación de Jaled) y las han devuelto a los territorios palestinos. No queremos correr ese riesgo", dijo Rawda, que trabaja como asistente contable en la ciudad costera israelí de Netanya.
"Cuando nació nuestro segundo hijo, le dije a Jaled que no fuera al hospital a visitarnos. Tenía miedo de que lo arrestaran y lo mandaran de vuelta a Tulkarem. Me habría quedado sola con un recién nacido", contó.
Muchos activistas de los derechos civiles y algunos políticos de izquierda creen que el verdadero motivo de la ley es demográfico, porque Israel teme que el continuo influjo de palestinos reduzca la mayoría judía.
"Esta ley no tiene nada que ver con la seguridad", afirmó el parlamentario árabe-israelí Azmi Bishara. "Está vinculada con la demografía. Lo que quieren es limitar el número de árabes en Israel", sostuvo.
Algunos juristas israelíes cuestionaron la constitucionalidad de la ley, por considerar que contradice los valores básicos del país, como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sean árabes o judíos.
Organizaciones de los derechos humanos piensan acudir a la Alta Corte para pedir la anulación de la norma. "Ya estamos redactando una solicitud", declaró Tibi.
Masarwa quiere que su nombre figure en esa petición. "Pelearé hasta el final. No me voy a quedar de brazos cruzados. Ya viví demasiado tiempo con miedo", manifestó.
