GUATEMALA: El futuro se ve negro

La candidatura presidencial del ex dictador de Guatemala Efraín Ríos Montt (1982-1983) echa leña al fuego de la crisis política más profunda que vive ese país desde el fin de la guerra civil, en 1996.

La candidatura presidencial del ex dictador de Guatemala Efraín Ríos Montt (1982-1983) echa leña al fuego de la crisis política más profunda que vive ese país desde el fin de la guerra civil, en 1996.

Cuando faltan cuatro meses para las elecciones del 9 de noviembre, el deterioro social, la corrupción gubernamental, el aumento de la violencia y la creciente desconfianza ante las instituciones del Estado determinan el clima de incertidumbre en ese país centroamericano, según analistas consultados por IPS.

El fallo de la Corte de Constitucionalidad, que el miércoles obligó al Tribunal Supremo Electoral a inscribir a Ríos Montt (de 77 años) como candidato del gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG) sólo contribuye a polarizar más la ya dividida sociedad guatemalteca, añadieron.

Según la Constitución vigente, ninguna persona que haya participado en un golpe de Estado puede postularse a la presidencia. Pero cuatro de los siete jueces de la Corte de Constitucionalidad dieron luz verde a la candidatura.

Entre 1982 y 1983 el entonces general Ríos Montt lideró el régimen de facto y lanzó una campaña contrainsurgente en la que murieron decenas de miles de guatemaltecos, según organizaciones humanitarias.

La defensa de Ríos Montt alegó que el artículo constitucional de marras fue promulgado en 1985, cuando Ríos Montt había abandonado el poder, y por tanto no puede tener efectos retroactivos que dañen las aspiraciones electorales del ex dictador.

”El fallo de la Corte de Constitucionalidad tiene un alto contenido político, viola lo establecido por nuestra carta magna y debilita la institucionalidad del país”, dijo a IPS Sandino Asturias, director del no gubernamental Centro de Estudios de Guatemala.

En su opinión, el proceder de los jueces incentiva la división del país ya confrontado por las medidas del actual gobierno del FRG, encabezado por el presidente Alfonso Portillo.

”La situación de Guatemala es tan delicada que incluso el ejército y la policía se prestaron a formar parte de la comparsa que apoyó la inscripción del ex general Ríos Montt. Los brotes de violencia de la semana pasada así lo confirman”, puntualizó.

Asturias se refería a las manifestaciones de seguidores de Ríos Montt en la capital guatemalteca, en las que murió el 23 de julio el periodista Héctor Pérez por un paro cardíaco cuando trataba de escapar de una turba que lo perseguía.

Según Asturias, la convocatoria del FRG a cientos de campesinos de las zonas más alejadas de la nación demostró que el partido gobernante está dispuesto a emplear ”la violencia, la contrainsurgencia y los poderes ocultos para alcanzar sus objetivos”.

El gobierno ha fortalecido al temible Estado Mayor Presidencial (EMP), que debió disolverse como preveían los acuerdos de paz firmados en 1996 por grupos insurgentes y gobierno, que pusieron fin a 36 años de guerra civil.

Al aumento de presupuesto del EMP se le sumó en mayo el fallo absolutorio de tres altos militares que lo integraron, acusados de planificar el asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack.

El clima de impunidad se expresa en intimidaciones y asesinatos. Entre enero de 2002 y febrero de este año, 103 jueces y fiscales fueron amenazados de muerte y varios asesinados, según la organización internacional Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres.

El retorno de Ríos Montt a la arena política trae a muchos guatemaltecos recuerdos amargos.

”No podemos olvidar que fue Ríos Montt el que creó en 1982 las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que actuaron como grupos paramilitares”, añadió Asturias. Estos grupos derechistas fueron acusados de reiterados crímenes contra campesinos e indígenas.

Los opositores partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, de centroderecha) y Gran Alianza Nacional (GANA, de derecha) han recurrido al Tribunal Supremo Electoral para anular la inscripción de Ríos Montt.

Ambos partidos advirtieron, además, que acudirían a la Corte Suprema de Justicia si sus acciones no prosperan.

Para Asturias, ”Ríos Montt es un cadáver político” por los numerosos cuestionamientos a su pasado.

Sobre el ex pastor cristiano evangélico penden acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra decenas de miles de guatemaltecos —entre ellos indígenas que hoy asegura defender—, esgrimidas por familiares de las víctimas y organizaciones como AI.

En los 18 meses de su gobierno, fuerzas armadas y paramilitares asesinaron a decenas de miles de campesinos e indígenas y fueron destruidos cientos de poblados, según denuncias de organizaciones humanitarias.

La Comisión de la Verdad patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas estableció en 1999 que 200.000 personas murieron durante la guerra civil de 36 años, la mayoría a manos de paramilitares y miembros de las fuerzas armadas.

Con todo, el panorama electoral parece dominado por la derecha. Según encuestas de intención de voto, el candidato de GANA, Oscar Berger, tiene más posibilidades de alcanzar la presidencia, seguido por Alvaro Colom, de UNE, y Ríos Montt, del FRG.

Al contrario de lo que opinan muchas organizaciones defensoras de derechos humanos y partidos de oposición, la candidatura de Ríos Montt es una evidencia de que en Guatemala se respeta la institucionalidad, dijo a IPS el vicepresidente del Congreso legislativo, Carlos Humberto Hernández.

”Como personas conocedoras de nuestro ámbito de acción, hemos respondido con naturalidad a todo tipo de críticas. Creemos que la resolución de la Corte fortalece el estado de derecho y una muestra de ello fue que siempre respetamos las sentencias que nos fueron adversas”, dijo Hernández.

El vicepresidente defendió la imparcialidad de los cuatro jueces que votaron a favor de Ríos Montt, y sostuvo que lo hicieron en respeto a los preceptos constitucionales, sin que los afectaran sus simpatías políticas, como acusaron sectores de la sociedad civil.

”El mayor error del FRG es haber desplazado del poder a la oligarquía y eso es lo que no nos perdonan, pero lo importante es que el ex general ya está inscrito y ahora es el pueblo el que tiene la posibilidad de elegirlo”, dijo Hernández.

”Sus opositores han tenido grandes oportunidades de procesarlo, pero hasta ahora no han demostrado en los tribunales sus acusaciones y lo comenzaron a cuestionar hace 30 años”, abundó.

La sola posibilidad de que Ríos Montt aspire a la presidencia constituye ”una ofensa hacia las familias de cientos de guatemaltecos”, quienes padecieron la tortura y el dolor, expresó el activista Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, principal organización de derechos humanos en ese país.

”Este es un gran retroceso para mi país y no puede pasar desapercibido ni para la comunidad local ni tampoco la internacional. Condenamos el hecho de que el ex dictador haya sido inscrito. No se puede inscribir a un criminal y a un genocida”, dijo Polanco.

Hasta el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos manifestó su rechazo a la candidatura. Pero Ríos Montt mantiene un gran poder: es presidente del Congreso legislativo y líder del partido gobernante.

La aspiración del ex dictador profundiza el clima de incertidumbre, y la violencia y el irrespeto a los derechos de los ciudadanos es cada vez más palpable, destacó Polanco.

”Si el ex general se lanza a una aventura como la de la presidencia, es porque está seguro de que ganará, ya sea por las buenas o por las malas”, subrayó.