El huracán revisionista de las leyes de amparo a violadores de derechos humanos desatado en Argentina por el presidente Néstor Kirchner no soplará en países vecinos, a diferencia del plan represivo que en los años 70 borró las fronteras del Cono Sur de América.
Desarticular las normas que alejaron de los tribunales a los responsables de delitos contra la humanidad, como resolvió este mes el parlamento argentino, no figura en la agenda de los gobiernos ni de los principales partidos opositores de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay ni Uruguay.
Sin embargo, las demandas de justicia y esclarecimiento del destino de los desaparecidos en las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980 en la región recrudecen a medida de que se instalan -o se acercan— gobiernos de izquierda, el sector más perseguido junto a activistas sociales y sindicales.
Aunque el Plan Cóndor, trama represiva de las dictaduras en los países que conforman el Mercosur y asociados, no distinguió entre creencias políticas o religiosas al secuestrar, torturar y asesinar a decenas de miles de personas, como dijo a IPS un activista ante la celebración este sábado del Día Internacional del Detenido-Desaparecido.
La decisión de Kirchner de impulsar la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final de los años 80 y derogar un decreto de 2001, que impedía la extradición de represores, es el combustible que reaviva reclamos en otros países.
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Lo sienten el gobierno chileno del socialista Ricardo Lagos y el brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, y algo similar espera al uruguayo Tabaré Vázquez, si su Encuentro Progresista-Frente Amplio gana las elecciones de 2004 como auguran las encuestas.
Brasil y Uruguay son los únicos de los seis países que cubrió el Plan Cóndor que no han podido enjuiciar a ningún jefe dictatorial o represor hasta ahora.
El gobierno de Lula no representa ningún avance en esta área. Ellos dicen que no es el momento aún de revisar la ley de amnistía dictada en 1979 por el último dictador, Joao Baptista Figueiredo, dijo a IPS la presidenta del Grupo Tortura Nunca Más, Elizabeth Silveira.
La amnistía abarcó a insurgentes opositores y a represores de la dictadura (1964-1985) que cometieron abusos, asesinatos y torturas, muchos de ellos identificados en informes independientes, como el libro Tortura Nunca Más.
En 1995 también se aprobó una ley que declaró muertos a 136 desaparecidos en Brasil.
Ahora la justicia trata de aclarar las muertes de la Guerrilla del Araguaia, integrada por militantes del Partido Comunista pro Albania, que entre 1972 y 1974 fueron masacrados en esa región cercana al río Araguaia, en el norte de Brasil.
Sin embargo, el fallo que exige al gobierno abrir los documentos militares sobre aquellas acciones represivas fue rechazado por Lula, quien apeló la decisión en atención a la resistencia de las Fuerzas Armadas.
También Uruguay quedó atado por presión militar a una ley desde 1986, pero ratificada por plebiscito en 1989, que hizo cesar la facultad punitiva del Estado contra militares y policías acusados de violar derechos humanos durante la dictadura de 1973 a 1985.
En ese periodo, este país pasó a tener la mayor proporción de presos políticos en relación con sus tres millones de habitantes.
Los gobiernos conservadores de Luis Lacalle (1990-1995) y de Julio Sanguinetti (1995-2000) ni siquiera permitieron la investigación del destino de casi 200 personas desaparecidas, la mayoría en Argentina, pese a que la Ley de Caducidad lo permite.
Tras asumir en 2000 el gobierno de Jorge Batlle se verificó un cambio, que se reflejó en la creación de la Comisión para la Paz, cuyas investigaciones permitieron esclarecer que unos 30 desaparecidos habían muerto por torturas en cuarteles.
Pero la posibilidad de que la justicia caiga sobre los represores sigue lejana.
Una anulación de la ley no está contemplada en el sistema legal uruguayo, salvo que pudiera probarse que fue aprobada bajo presión extrema en una situación muy irregular, explicaron constitucionalistas consultados por IPS.
La única alternativa es declararla inconstitucional, facultad de la Suprema Corte de Justicia, que ya falló en contrario pero podría rever esa decisión.
Con este panorama, en la izquierda no hay voluntad política para plantear la revisión en caso de llegar al gobierno, señaló a IPS el ex director del no gubernamental Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, el abogado Francisco Ottonelli.
El camino de la izquierda será profundizar la investigación sobre el destino de los desaparecidos, además de depurar las fuerzas de seguridad de todos los acusados de crímenes, aseguró.
Tampoco el gobierno de Chile se propone anular la amnistía, que fue decretada por la dictadura de Augusto Pinochet, y comprende los crímenes cometidos desde marzo de 1973, seis meses antes del derrocamiento del gobierno socialista de Salvador Allende, a 1978.
En ese lapso se perpetraron la mayoría de las 3.000 desapariciones y asesinatos políticos, mientras que la Comisión Etica contra la Tortura estima que por las cárceles pasaron 500.000 personas y que entre 30.000 y 150.000 de ellas fueron torturadas.
No obstante, con la democracia en 1990, los jueces interpretaron que la amnistía no era válida en los casos de desapariciones, por ser delitos permanentes. Ninguno de estos proceso llegó aún a la Suprema Corte de Justicia, que tiene la última palabra.
Basado en ese criterio, el juez Juan Guzmán encausó a Pinochet en marzo de 2000, consiguió su desafuero como senador vitalicio y pudo haberlo condenado si el proceso no hubiera sido interrumpido por la Corte Suprema, que en julio de 2002 lo declaró inimputable por demencia.
En los tribunales se abrieron procesos contra unos 300 militares y policías, 30 de ellos detenidos, además de los que condenados por el asesinato en 1976 del ex canciller Orlando Letelier, exceptuado de la amnistía, y los juicios por crímenes posteriores a 1978.
Las presiones de víctimas y acusados llevaron a Lagos a presentar el 12 de este mes una propuesta legislativa que deja a los tribunales la interpretación de la ley de amnistía, y plantea mecanismos para facilitar la obtención judicial de informes sobre los desaparecidos.
A cambio, contempla la reducción de penas a subalternos que presten información, e incorpora la posibilidad del perdón presidencial a represores que hayan permanecido en prisión, colaboren y den muestras de arrepentimiento.
Otro flanco abierto en la región por la política de Kirchner fue la reanudación de los pedidos de extradición de represores sudamericanos, en especial por el juez español Baltasar Garzón.
Precisamente, el gobierno de España frustró el viernes su intento de extraditar a casi 40 militares argentinos, al no tramitar la solicitud.
Argentina encabeza la estadística de crímenes contra la humanidad en la región, con 30.000 desaparecidos según organizaciones humanitarias.
Pero también es el país que más avanzó en el enjuiciamiento de los represores, pese a las leyes de amnistía ahora anuladas y al indulto otorgado por el presidente Carlos Menem (1989-1999) a los jefes de la dictadura.
Varios de los indultados volvieron a los tribunales junto a antiguos subalternos para rendir cuentas por la desaparición de niños, arrancados a sus padres prisioneros, o nacidos en cautiverio.
Además, sigue su curso en Buenos Aires una investigación del Plan Cóndor, por la cual ya se han tramitado sin éxito solicitudes de extradición a Chile, Uruguay y Paraguay, entre otras la del paraguayo Alfredo Stroessner, cuya dictadura de 1954 a 1989 dejó al menos 3.000 torturados, muertos y desaparecidos.
En Paraguay hay de hecho un punto final ante la falta de voluntad política para que se investigue lo sucedido en la dictadura, aseguró a IPS el abogado y activista Martín Almada, quien descubrió en 1992 los Archivos del Terror, que prueban la existencia del Plan Cóndor.
La permanencia del Partido Colorado en el poder desde 1947 ha posibilitado la impunidad, dijeron a IPS la coordinadora del grupo humanitario Amnistía Internacional, Carmen Colazo, y el abogado Rodney Smidbauer.
A pesar de esta situación, Almada precisó que tras el derrocamiento de Stroessner fueron condenados siete represores, entre ellos el ex jefe de policía Francisco Britez y el jefe de la policía política Pastor Coronel.
El parlamento trata ahora de crear una Comisión de Verdad y Justicia, que permitirá tener datos reales de lo ocurrido durante una de las más largas dictaduras de América del Sur, añadió.
En tanto, alguna brisa revisionista pasa por Bolivia, el único país de América del Sur en que un dictador, Hugo Banzer, volvió al gobierno a través de las urnas, en 1979, luego de haber gobernado de facto de 1971 a 1978.
También es el único en mantener tras las rejas a uno de sus antiguos dictadores, Luis García Mesa, quien llegó en julio de 1980 y está en una cárcel de máxima seguridad desde 1993.
El vicepresidente Carlos Mesa creó el 19 de este mes el Consejo Interinstitucional para investigar las desapariciones del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, el 17 de julio de 1980, de José Carlos Trujillo durante la dictadura de Banzer, quien falleció en 2002 antes de finalizar su mandato, y de dos guerrilleros.
En este clima, se conoció esta semana la dimensión del exterminio político en Perú. El enfrentamiento de dos gobiernos democráticos y uno autoritario con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso dejó entre 1980 y 2000 casi 70.000 muertos y desaparecidos, según reveló la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Se abre allí el camino de la investigación judicial.
