Los servicios privatizados de saneamiento y agua potable en la zona más poblada de Argentina no lograron en 10 años ampliar ni mejorar la cobertura, pese a que el valor real de las tarifas se duplicó.
Aguas contaminadas, efluentes vertidos sin procesar a los ríos y napas subterráneas que afloran y destruyen viviendas son algunos de los reclamos recogidos por la Defensoría del Pueblo de la Nación (ombudsman) contra Aguas Argentinas, la firma que sirve a unos 10 millones de habitantes del área metropolitana de Buenos Aires.
Pero la empresa reclama un resarcimiento, aún no determinado, por las pérdidas que sufrió debido a la depreciación de la moneda argentina desde inicios de 2002, cuando el gobierno puso fin al régimen cambiario que mantenía el valor del peso igual al dólar. La divisa estadounidense vale ahora 2,90 pesos.
La compañía culpa al gobierno argentino por la devaluación y lo denunció ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, que depende del Banco Mundial.
El ombudsman nacional Eduardo Mondino expuso en febrero los motivos por los que pedirá la rescisión del contrato de concesión y exigirá resarcimiento para las comunidades afectadas.
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Lo mismo reclamaron vecinos de los distritos de Morón, San Isidro, Quilmes, Avellaneda, San Fernando, Tigre y La Matanza, ubicados en la zona lindante con la capital argentina, en la oriental provincia de Buenos Aires.
En esa zona se destacan el ascenso de las napas freáticas y la falta de agua potable, de desagües y de plantas depuradoras, con el consecuente perjuicio ambiental y sanitario.
El acceso al agua es un derecho humano fundamental para llevar una vida saludable y que respete la dignidad humana, sostuvo en noviembre de 2002 el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas.
En La Matanza, donde viven 1,2 millón de personas, la vulnerabilidad sanitaria (un concepto que toma en cuenta el acceso al agua y a los servicios sanitarios, el estado de las napas freáticas y el nivel de pobreza) es elevada.
Teresa Heredia, residente de González Catán, en La Matanza, donde hace años falta agua y saneamiento, aseguró a IPS que "se han multiplicado los casos de hepatitis y de diarreas. También hay muchos niños con parásitos, todo porque el agua la bombeamos de un pozo y está contaminada".
Otro vecino, Guillermo Navarro, se presentó ante la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires después de vivir dos años preocupado por el nivel de la napa freática que inunda permanentemente el sótano del edificio donde vive en el barrio capitalino de Villa Luro.
"Los sótanos están inutilizados, hay olor a humedad todo el tiempo y vivimos pendientes de las instalaciones de gas, luz y teléfono", se quejó el usuario de Aguas Argentinas.
Según un documento entregado por los vecinos de La Matanza a la gobernación bonaerense, el problema está relacionado con la manipulación y técnicas de explotación del agua que están a cargo de Aguas Argentinas, ya que en virtud de distintas leyes se comprueba el incumplimiento de la empresa.
En 1991 el entonces presidente Carlos Menem avanzó en el programa de privatizaciones que había iniciado en 1989 y lanzó la licitación internacional de la empresa Obras Sanitarias de la Nación (OSN) con el argumento de que una compañía bien administrada aseguraría un mejor y menos costoso servicio a la población.
El sector de agua no era deficitario. Tuvo superávit en 1992, y muchos lo habrían considerado un área apropiada e incluso vital, para que estuviera involucrado el Estado, según Alex Loftus y David McDonald, investigadores del Departamento de Geografía de la Universidad de Queen, Canadá.
Pero la empresa estatal no podía dar respuesta a la demanda de la población. Sólo la mitad de los nueve millones de habitantes de los distritos lindantes con Buenos Aires contaba con agua corriente y 65 por ciento no estaba conectado al sistema de saneamiento.
El Banco Mundial intervino activamente en el proceso de privatización de OSN porque quería exhibirlo como un modelo frente a los proyectos privatizadores que se iban a iniciar en Filipinas, Indonesia y Australia.
Filipinas privatizó el sector sanitario en 1997 y 87 por ciento de la población logró acceso al agua, aunque existen serios problemas de abastecimiento y contaminación por falta de presión y cañerías rotas.
El costo del servicio representa 10 por ciento de los ingresos de los hogares más pobres, según un estudio del estadounidense Centro para la Integridad Pública.
Una de las principales operadoras es Suez Lyonnaise des Aux-Dumez, primer accionista de Aguas Argentinas.
La compañía francesa también está desde 1997 en Indonesia, donde el Banco Mundial presionó por la privatización de los servicios de agua y desagües, aunque no para que Suez y la británica Thames Water cumplieran con las inversiones prometidas, afirman estudios del mencionado Centro.
Durante el levantamiento popular de 1998 que condujo a la renuncia del dictador Alí Suharto, ejecutivos de Suez y de Thames Water abandonaron el país dejando las plantas potabilizadoras prácticamente fuera de operaciones, lo que afectó seriamente a la población.
El gobierno quiso cancelar los contratos por esa conducta, pero las empresas amenazaron con acciones legales y todo se volvió a negociar en 2001.
LA PRIVATIZACION
Argentina fue pionera en la privatización de servicios de agua y saneamiento. En su momento, la de OSN fue la concesión más grande del mundo, porque abarcó Buenos Aires, 14 distritos vecinos y 9,3 millones de habitantes, señala un informe de Andrea Catenazzi, de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).
Las condiciones de la licitación establecían que el consorcio adjudicatario -que obtendría la concesión por 30 años- no tenía que efectuar aportes de capital, sino ofrecer un porcentaje de reducción de tarifas vigentes al momento de la privatización, asumir el compromiso de no incrementarlas durante 10 años y mejorar los servicios.
Pero, paradójicamente, el gobierno dispuso un incremento de tarifas de 74 por ciento antes del traspaso, de manera que la concesión resultara más atractiva a los inversores.
El consorcio ganador fue el liderado por la francesa Suez Lyonnaise (25,3 por ciento), Sociedad Comercial del Plata (del grupo argentino Soldati, 20,7 por ciento), Sociedad de Aguas de Barcelona (12,6 por ciento), la firma argentina Meller (10,8 por ciento), el Banco de Galicia y Buenos Aires (8,1 por ciento), la Compagnie Generale des Aux ( 8 por ciento) y Anglia Water (4,5 por ciento).
La nueva compañía, Aguas Argentinas, firmó en mayo de 1993 el contrato por el que se comprometió a invertir 4.000 millones de dólares y a conectar a 4,2 millones de habitantes a la red de agua y a 4,8 millones a la red cloacal. También ofreció una reducción de tarifas de 26,9 por ciento.
La privatización de OSN se concretó a pesar de la fuerte oposición inicial de los empleados de la empresa estatal, nucleados en el Sindicato del Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS).
Mediante el Programa de Propiedad Participada, que dejó 10 por ciento de las acciones en manos de los trabajadores, el gobierno logró introducir una cuña entre los que se resistían a la privatización.
Así, los líderes sindicales no utilizaron su derecho al veto en la privatización y todas las decisiones se tomaron por consenso, incluida la que redujo de 7.600 a 4.000 los empleados de la empresa.
Para llevar adelante el traspaso también fue necesario crear un ente de control del funcionamiento de la empresa. Se fundó el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, cuyo presupuesto proviene de una tasa de 2,7 por ciento que Aguas Argentinas aplica a las facturas del servicio.
La distinción entre sindicato, directorio de la empresa y ente regulador es a menudo borrosa o no existe, sostuvieron los expertos canadienses Loftus y McDonald.
La colusión de estos intereses significó que la privatización de las redes de agua y desagües fuera más fácil de impulsar y estuviese destinada a beneficiar y fortalecer a los grupos de élite, agregaron.
LA TARIFA PRIVADA
Apenas se hizo cargo de la empresa, Aguas Argentinas rebajó 26,9 por ciento el precio del servicio, aunque la rebaja no era tal, ya que se había incrementado 74 por ciento poco antes antes de la privatización. Un año después reclamó un aumento, aun cuando se había comprometido a no elevar los precios por 10 años.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, entre mayo de 1993 y enero de 2001 las tarifas de Aguas Argentinas se incrementaron 103,2 por ciento, un porcentaje que supera ampliamente la inflación de ese período: 7,3 por ciento.
Las complicadas negociaciones con Aguas Argentinas fueron encomendadas a un grupo de asesores, encabezados por la entonces ministra de Recursos Naturales y Desarrollo Humano, María Julia Alsogaray, quien intervino en la privatización de la telefónica estatal y aún afronta juicios por enriquecimiento ilícito.
INVERSIONES Y SERVICIOS
Aguas Argentinas presta ahora servicios en Buenos Aires y en 17 distritos aledaños, un área de 1.830 kilómetros cuadrados, que alberga a 10 millones de personas.
La empresa asegura haber invertido 1.700 millones de dólares, haber incorporado a la red de suministro de agua a 1.984.433 personas, y extendido el servicio de saneamiento a 1.155.940 habitantes entre 1993 y 2001.
Sin embargo, de acuerdo al ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Raúl Rivara, 50 por ciento de los potenciales usuarios de Aguas Argentinas en ese territorio (3,5 millones de personas) no tienen servicios porque la empresa no cumplió con el compromiso de extender la red.
"La empresa concesionaria tiende a concentrar la inversión fundamentalmente en el mantenimiento de las infraestructuras que ha heredado", indicó Catenazzi.
"Se trata de una herencia gratuita, ya que el sistema de licitación adoptado, a través de una oferta de rebaja en la tarifa vigente, implicó que la concesión fuera otorgada en forma gratuita por 30 años y en forma monopólica, manteniendo la integración vertical" de OSN.
Estimaciones de los ombudsman destacan que, sólo por no construir una planta depuradora planificada en la localidad de Berazategui, y por continuar arrojando al Río de la Plata las aguas servidas sin procesar, Aguas Argentinas se ahorró 35.000 dólares por día.
Según el investigador Martín Schorr, de la Facultad Latinoamericana de Ciencas Sociales, en los años 90, la tasa de beneficio de Aguas Argentinas fue de 23 por ciento sobre el patrimonio neto, mientras que la de empresas similares de Estados Unidos rondó 8 por ciento y la de firmas de Gran Bretaña 7 por ciento.
Aguas Argentinas fue la segunda empresa más denunciada por los usuarios ante la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, después de las telefónicas, por no extender los servicios, aumentar excesivamente los cargos por reconexión, cobrar intereses onerosos y recargos injustificados y cortar el suministro.
La firma fue consultada durante la realización de esta nota, pero no respondió. La información que aparece sobre la compañía es la que hace pública a través de publicidad y medios.
*Cuarta nota de una serie dedicada a revisar las privatizaciones en América Latina.
