El gobierno de México tomó el control policial de la septentrional Ciudad Juárez cuando ya fueron asesinadas unas 300 mujeres y por lo cual también la llaman ”la capital del femicidio”. Pero grupos civiles que demandaban esa intervención ahora no están conformes con la medida.
Tras recibir una ola de presiones internas y externas de organizaciones humanitarias, las fuerzas policiales federales asumieron finalmente el control de esta localidad fronteriza con Estados Unidos de 1,2 millones de habitantes, en el estado de Chihuahua.
El gobierno de Vicente Fox ”llega con un plan que no avalamos, que no fue consultado con los familiares de las víctimas y que podría no resolver nada”, dijo a IPS Maricela Ortiz, portavoz del grupo no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Unos 400 policías federales ingresaron este martes a la ciudad para patrullar con fuerzas locales las zonas más conflictivas, mientras expertos de aparatos de seguridad del gobierno nacional asumieron el control de las investigaciones sobre la muerte de unas 300 mujeres en los últimos 10 años, la mayoría luego de ser violadas.
Además, el gobierno de Fox informó que, para que las investigaciones avancen de la mejor forma, se pidió la colaboración policial a Estados Unidos.
Sin embargo, Ortiz sostuvo que el plan del gobierno nacional para Ciudad Juárez no fue consultado con organizaciones civiles que trabajan en el lugar ni con familiares de las víctimas, que son las que se han ocupado del asunto en profundidad.
En el programa oficial hay una concepción ”centralista” en la definición de estrategias. No avalamos y no confiamos en la intervención decidida por el gobierno de Fox, dijo con énfasis la representante del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
En cambio, el secretario de Seguridad Pública Federal, Alejandro Gertz, aseguró que todos los resultados que arroje la intervención del gobierno en Ciudad Juárez serán supervisados por organizaciones ciudadanas, un mecanismo sobre el que Nuestras Hijas de Regreso a Casa no tiene ninguna noticia.
El programa oficial, que llegó luego de que los gobiernos de Fox y del estado de Chihuahua superaron sus discrepancias en el modo de afrontar el tema de los asesinatos, incluye además acciones de procuración de justicia, desarrollo social y promoción de derechos humanos en favor de las mujeres.
También se instalarán teléfonos públicos para llamadas de emergencia, se definirán nuevas rutas de transporte público y aumentará el financiamiento del Estado en combate contra la violencia intrafamiliar, educación y salud.
También contempla establecer estrechos lazos de colaboración con grupos humanitarios y civiles.
Pero la desconfianza hasta hoy es mayúscula. ”Estamos sorprendidos por el nivel de incomprensión de las autoridades centrales frente a la problemática de Ciudad Juárez”, declaró Alfredo Limas, representante de la Red de No Violencia, otro de los grupos que ha tratado el tema de los asesinatos.
La presentación del programa para Ciudad Juárez, realizada en una ceremonia a la que no fueron invitadas la Red de No Violencia ni Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue una ”tomadura de pelo”, sostuvo Limas.
Los asesinatos de mujeres en esta ciudad, lindante de la localidad estadounidense de El Paso, tuvieron tal persistencia en los últimos 10 años que las organizaciones defensoras de los derechos humanos le dieron al lugar el apodo de la ”capital del femicidio”.
La edad de casi todas las mujeres asesinadas estaba en la franja de 15 a 30 años.
También el factor común de estos crímenes es que se cometieron con cuchillos y que los cuerpos de las víctimas fueron dejados en terrenos alejados de zonas habitadas, con huellas de haber sufrido torturas y violación. En algunos casos presentaron quemaduras o los pezones arrancados a dentelladas.
Varias personas permanecen detenidas en relación a estos casos, pero los asesinatos continuaron. De ellos sólo uno, el egipcio Abdel Latif Sharif, fue condenado a 20 años de prisión por la muerte de cinco jóvenes.
Las organizaciones humanitarias atribuyen la falta de resultados en el esclarecimiento de estos delitos atroces a la impericia y la corrupción de las autoridades policiales.
Las hipótesis sobre los motivos de los asesinatos van desde prácticas satánicas hasta negocios vinculados a la pornografía. También se manejan líneas de investigación sobre el posible tráfico de órganos humanos.
La estatal pero independiente Comisión de Derechos Humanos sostuvo que la intervención del gobierno en Ciudad Juárez es tardía.
”Aunque más vale tarde que nunca, no puede dejar de lamentarse la demora en concertar una acción conjunta para enfrentar el complejo fenómeno que se ha conocido como las muertas de Juárez”, escribió, por su parte, Miguel Granados, columnista del diario Reforma.
La Procuraduría (fiscalía) federal, con el argumento de que los asesinatos no tienen un patrón definido y que al parecer no hay en ellos intervención de grupos organizados a nivel nacional, sostenía hasta hace menos de un mes que la investigación debía quedar en manos de la policía y los fiscales de Chihuahua.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene abierto un expediente sobre las llamadas muertas de Juárez y desde fines del año pasado está en elaboración un informe al respecto.
En 2001, la relatora especial de esta comisión que integra el sistema de la Organización de Estados Americanos, Marta Altolaguirre, visitó Ciudad Juárez para conocer detalles sobre las muertes y se declaró impresionada.
”No confiamos en el gobierno por su tardanza en responder y porque definió un programa sin consultar a la sociedad de Juárez, pero si llega a funcionar, si se detiene a los culpables, los aplaudiremos, pues eso es lo que venimos demandando”, expresó Ortiz.
