El refugio otorgado por República Dominicana este miércoles al ex presidente de Ecuador Gustavo Noboa añade un eslabón a la ya larga cadena de políticos que optaron por salir de este país a la hora de enfrentar acusaciones de corrupción.
Noboa, quien asumió el gobierno el 22 de enero de 2000 tras la renuncia de Jamil Mahuad, había pedido asilo político a la embajada dominicana en Quito por entender que es víctima de una persecución ”implacable” por parte del derechista Partido Social Cristiano (PSC).
El líder del opositor PSC, el ex presidente León Febres Cordero (1984-1988), declaró en mayo que perseguiría ”como perro con hambre” a Noboa, elegido en 1998 vicepresidente de Mahuad y luego encargado de completar el mandato presidencial hasta el 15 de enero de este año.
Seis meses después de terminar su gobierno fue acusado por el ahora diputado Febres Cordero de haber ocasionado en su gestión perjuicios al país por unos 9.000 millones de dólares en el proceso de reprogramación de la deuda en julio de 2000.
”La inseguridad en Ecuador es tan dramática” en la actualidad, que ”me veo en la necesidad de solicitar asilo político diplomático amparado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Noboa en la carta enviada a las autoridades de la embajada dominicano en Ecuador y que se divulgó el lunes.
El 21 de mayo, la primera vez que Febres Cordero concurrió al Congreso legislativo desde que ocuparon sus puestos los nuevos diputados el 5 de enero, acusó al ex mandatario socialdemócrata de haber liderado ”una funesta renegociación de la deuda externa”.
Esa denuncia fue recogida por la fiscal Mariana Yépez, quien solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, dictar orden de detención preventiva contra Noboa y varios de sus principales colaboradores de su gobierno.
El juicio al respecto comenzó su trámite, pese a que el pedido de prisión contra Noboa fue rechazado por falta de pruebas y tampoco se expidió orden de prohibirle la salida de Ecuador.
Sin embargo, la policía de migración comunicó el domingo pasado que Noboa no podía abandonar el país porque existía una orden de arraigo en su contra, que nada tenía que ver con el caso por el que estaba siendo juzgado.
El abogado Joffre Campaña, uno de los asesores de Noboa, fue el receptor de esa novedad al iniciar ese día el trámite de salida de su defendido a Estados Unidos en la Dirección de Migración en el aeropuerto de Quito.
La orden de desarraigo que detuvo a Noboa en Ecuador forma parte de la acción realizada a comienzo de julio por la estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) contra 6.000 personas que mantenían vinculación o deudas con algunos de los bancos que fueron absorbidos por esa entidad luego de pedir la quiebra.
En particular, el ex gobernante tiene un proceso pendiente por la quiebra de los bancos Unión y Popular, entidades a las cuales estaba vinculado.
Además, tampoco había cumplido con la norma constitucional que obliga a los ex presidentes a comunicar al Congreso cada vez que viajan al exterior.
Pero el pedido de asilo de Noboa, aceptado este miércoles por República Dominicana, parece ser norma en la última década para ex gobernantes y funcionarios a la hora de rendir cuentas ante los tribunales.
En octubre de 1995 tomó el mismo camino que ahora Noboa el político conservador Alberto Dahik, quien había ocupado la vicepresidencia de Sixto Durán Ballén (1992-1996), para eludir el juicio por presunta malversación de fondos del Estado iniciado también por denuncias de Febres Cordero, que entonces era alcalde de la sudoccidental ciudad de Guayaquil.
Dahik había pertenecido al PSC y fue ministro del gobierno de Febres Cordero, pero al alejarse del partido mantuvo un fuerte enfrentamiento con acusaciones cruzadas entre ambos.
También el populista Abdalá Bucaram, elegido presidente en 1996, abandonó el país en febrero de 1997 con destino a Panamá tras ser destituido del cargo por el Congreso legislativo por considerarlo incapacitado para gobernar, en medio de una creciente protesta popular.
La Corte Suprema de Justicia ratificó en mayo de 1997 la orden de prisión contra Bucaram, quien tiene abierto cinco juicios por peculado y enriquecimiento ilícito.
A Panamá se fueron a residir varios funcionarios de su gobierno, entre ellos el ex ministro de Gobierno, César Verduga, acusado de malversación de fondos reservados.
Su sucesor en el cargo hasta agosto de 1998 por decisión parlamentaria, el ex presidente interino Fabián Alarcón, tuvo mejor suerte al quedar sobreseído tras ser encarcelado a fines de 1999 acusado de haber utilizado dinero del Congreso para designar 1.200 personas que cobraban sueldo sin trabajar.
El democratacristiano Jamil Mahuad, destituido del gobierno el 21 de enero de 2000 luego de una rebelión indígena apoyada por oficiales militares, es otro de los ex gobernantes que optó por dejar el país frente a acusaciones de corrupción.
La justicia había ordenado su detención en junio de 2000 por su presunta responsabilidad en el perjuicio ocasionado a miles de ahorristas con la congelación de depósitos bancarios en marzo de 1999, lo cual según analistas ayudó a la quiebra del sistema financiero.
Pero para esa fecha Mahuad ya había viajado a Estados Unidos, donde ahora dicta conferencias y es profesor de la Universidad de Harvard.
Mientras, los defensores de Noboa, como Joffre Campaña, aseguran que ”la intención de todo este proceso es llevarlo a una cárcel común, a una penitenciaria con delincuente comunes donde la vida del ex presidente podría estar en peligro”.
Noboa había indicado la semana pasada que no abandonaría el país y que se defendería de las acusaciones en su contra.
El actual Secretario de Comunicación, Marcelo Cevallos, afirmó que para el actual gobierno de Lucio Gutiérrez ”no existe persecución política” contra el ex mandatario y ”no hay razón para que se le otorgue asilo”, como ocurrió este miércoles.
Pero dejó claro que Gutiérrez respetará la decisión que asuma cualquier nación respecto a ese pedido. Noboa había solicitado antes asilo en El Salvador, pero le fue rechazado.
Debido a su amistad con el presidente de República Dominicana, Hipólito Mejía, el ex gobernante ecuatoriano prefirió esa nación, donde también se encuentra refugiado el ex mandatario de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, acusado de diversos actos de corrupción en su país.
Noboa señaló este miércoles desde la residencia del embajador de República Dominicana que ”Febres Cordero es el hombre más perverso que hay en Ecuador”.
Por su parte, Bucaram afirmó en Panamá que Noboa no es un perseguido político sino ”un ladrón a quien lo está persiguiendo otro ladrón, porque éste es un problema de mal reparto de las mafias”.
”La familia Noboa saqueó el país junto a la de Febres Cordero y las mafias socialcristianas, y hoy, que ya deja el poder por problemas de mal reparto, Febres Cordero utiliza toda la mafia judicial para reprimir a un rival político”, apuntó Bucaram.
Más de 15 altos funcionarios de distintos gobiernos y ex banqueros han escapado de la justicia ecuatoriana en los últimos ocho años.
La organización Transparencia Internacional ubicó a Ecuador como el segundo país más corrupto de América Latina detrás de Paraguay, y según un informe gubernamental de 2000, la corrupción causa la pérdida de más de 2.000 millones de dólares al año al país.
