Las compañías petroleras que transportaban combustible en el buque Prestige, hundido en noviembre de 2002 frente a las costas septentrionales de España, son responsables de las consecuencias del desastre, inclusive las que afecten los derechos humanos.
Pero ese principio de responsabilidad solidaria de las transnacionales con sus proveedores —advirtió el abogado Alejandro Teitelbaum, de la Asociación Americana de Juristas— está ausente del texto preparado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para controlar la conducta de esas empresas.
Aun con la falencia apuntada, el documento redactado por un grupo de trabajo de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU recibió este martes un amplio respaldo de organizaciones no gubernamentales especializadas.
Se trata de un texto sin efectos vinculantes para las compañías.
Además de promover y proteger los derechos humanos y asegurar su cumplimiento, los Estados deben velar porque las empresas transnacionales y otras compañías comerciales respeten esos derechos, establece el texto.
Con esa finalidad, la iniciativa propone por primera vez en el plano internacional un sistema de vigilancia y verificación periódicas de las empresas transnacionales.
Esa vigilancia, a través de mecanismos nacionales o internacionales, deberá ser transparente e independiente.
El mecanismo de supervisión de las transnacionales debería aceptar contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil, reclamó Antoine Madelin, de Francia, representante de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH).
Estas compañías y otras empresas comerciales han incrementado su poder en el mundo. y junto con mayor poder les corresponde una responsabilidad pareja, dijo el informante del grupo de trabajo, David Weissbrodt, de Estados Unidos.
El experto, uno de los cinco miembros del grupo de trabajo, describió las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos cometidas por transnacionales.
Entre esos abusos figuran el empleo de niños trabajadores, la discriminación contra ciertos grupos de empleados, la ausencia de condiciones de trabajo seguras y saludables, los intentos de reprimir a sindicatos independientes y el desinterés por proteger a los consumidores y el ambiente.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) mencionó algunos ejemplos recientes de esas violaciones cometidas por las transnacionales.
En Egipto, la empresa Daewoo Motor Car presionó entre el 25 de mayo y el 1 de junio a 125 trabajadores para forzarlos a renunciar, sostuvo Nathalie Mivelaz, de Francia, representante de OMCT.
Daewoo formuló acusaciones falsas contra sus trabajadores y les amenazó con despidos. Finalmente, 112 obreros renunciaron y ocho fueron despedidos, en un contexto en el que las leyes egipcias impiden los despidos de personal por razones económicas.
Mivelaz subrayó que la fábrica de Daewoo Motor Car en Egipto es subcontratista de Daewoo, la compañía automovilística con sede en Corea del Sur.
El 13 de junio la policía de Camboya mató a un obrero de la fábrica de tejidos y prendas de vestir Terratex Knitting and Garment.
Los policías abrieron fuego contra una manifestación pacífica de trabajadores que reclamaban la reincorporación de un sindicalista despedido.
Terratex es una de las fábricas textiles y del vestido más grandes establecidas al sur de Phnom Penh, la capital camboyana. La mayoría de esas empresas pertenecen a capitales extranjeros, dijo Mivelaz.
Sin desmedro de la culpa que recae en los policías que abrieron fuego en Phnom Penh, en los dos casos se deberían precisar las responsabilidades de subcontratistas y compañías principales, observó la activista de OMCT.
Los dos ejemplos se relacionan con sistemas económicos de interdependencia creciente.
Ante esa situación, el poder de las empresas transnacionales debe orientarse a asegurar el cumplimiento de las normas laborales mínimas en todo el mundo, comentó Chip Pitts, del Comité de Abogados por los Derechos Humanos, con sede en Nueva York.
Pero Malik Ozden, representante del Centro Europa-Tercer Mundo, con sede en Ginebra, criticó que el proyecto redactado por el grupo de trabajo omita mencionar la responsabilidad solidaria entre las transnacionales y sus filiales, subcontratistas y proveedores.
El documento debe también especificar que las responsabilidades civiles y penales recaen sobre los ejecutivos de las transnacionales, sean gerentes, miembros del directorio o de la junta de administración, reclamó Ozden.
La Subcomisión discutirá el texto en los próximos días y se espera que lo apruebe antes de concluir su periodo anual de sesiones, el 15 de agosto.
Las normas incluidas en el texto carecen de obligatoriedad. El documento será elevado por la Subcomisión a la Comisión de Derechos Humanos, el máximo organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El paso siguiente será el debate de la iniciativa por el Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc), que a su vez derivará el proyecto a la Asamblea General.
En la última etapa, por decisión de la Asamblea General de la ONU, las normas pueden adquirir carácter obligatorio.
Dos organizaciones empresariales, la Cámara Internacional de Comercio (CIC) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), hicieron saber al grupo de trabajo su opinión favorable al carácter meramente voluntario de las normas para las compañías.
Otros acuerdos internacionales sobre el mismo tema, como el Pacto Global de la ONU y las directrices para empresas multinacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, sólo se aplican por iniciativa de las compañías, recordaron las dos entidades empresariales.
También carece de obligatoriedad la declaración de principios tripartita sobre empresas multinacionales y política social dictada por la Organización Internacional del Trabajo.
Weissbrodt observó que el Pacto Global de la ONU ha sido aceptado apenas por 1.000 de las aproximadamente 75.000 compañías transnacionales que existen en el mundo.
Y en caso de que las compañías denunciaran un pacto voluntario las normas quedarían sin aplicación, añadió el abogado estadounidense.
