Los militares más emblemáticos de la última dictadura de Argentina ya están presos a la espera de que se decida su extradición a España, trámite posible al derogarse este viernes del decreto que impedía su entrega por acusaciones de delitos contra la humanidad.
Los represores Alfredo Astiz y Antonio Pernías, el intendente electo de Tucumán, general retirado Antonio Bussi, son algunos de los que se sumaron en las últimas horas a la detención que ya cumplían los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, el ex general Carlos Suárez Mason y el marino Jorge Tigre Acosta.
Esos oficiales que encabezaron la dictadura argentina entre 1976 y 1983 y los subordinados encargados de la feroz represión que la sustentó, que costó la desaparición de 30.000 personas y la vida de otros miles según organizaciones humanitarias, forman parte de la lista de 46 requeridos por la justicia española.
El pedido de extradición puede correr el trámite habitual gracias a la derogación firmada este viernes por el presidente Néstor Kirchner del decreto que impedía la entrega a otros países de militares argentinos para ser juzgados por violar los derechos humanos en su país durante la dictadura.
La decisión del gobierno, anunciada días atrás, se concretó finalmente un día después de que el juez Rodolfo Canicoba Corral dispusiera la detención de 45 militares y un civil, tras recibir la solicitud que remitiera a la Policía Internacional (Interpol) el magistrado español Baltasar Garzón.
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La causa que tramita Garzón, por torturas, asesinatos y otros delitos contra la humanidad cometidos en las dictaduras que asolaron el Cono Sur de América en los años 70 y 80, ya cuenta con su primer encarcelado en España. Se trata del ex marino argentino Ricardo Cavallo, extraditado en junio de México.
Horas después de conocerse la lista de los requeridos por Garzón, uno de ellos marino como Cavallo, el ex suboficial de la Prefectura Naval (guardia costera) Juan Antonio Azic se disparó en la boca con un arma de grueso calibre y ahora se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Naval.
Azic fue identificado y acusado en España por sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), a quienes torturó ferozmente.
Una de las víctimas de Azic, Carlos Lordkipanidse, relató el modo en que este suboficial entonces lo torturó con descargas eléctricas en la ESMA, donde estuvo detenido con su esposa y el pequeño hijo de ambos, de sólo 20 días y a quien amenazó con matar si no le daban la información que quería.
Activistas humanitarios se manifestaron satisfechos, aunque con cautela, ante las detenciones y la derogación del decreto, que fuera firmado el 5 de diciembre de 2001 por el entonces presidente Fernando de la Rúa, apenas 15 días antes de renunciar.
Es un paso importante, pero hay que esperar que se actúe, dijo la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien se encuentra en Grecia participando de un encuentro internacional sobre derechos humanos.
Mientras, fuentes gubernamentales se manifestaron a favor de que los crímenes cometidos por los represores entre 1976 y 1983 sean juzgados por tribunales argentinos, aunque para eso es necesario que la Corte Suprema de Justicia dictamine que son inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Esas normas, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), pusieron fin a los procesos penales contra los militares que llevaron a cabo la represión ilegal en Argentina.
Al anunciar la derogación de la norma, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, dijo que se ponía fin a una disposición que confería un tratamiento especial a los militares y que implicaba una intromisión del Poder Ejecutivo en la actividad judicial.
Ahora queda en manos de la justicia que estos 46 acusados en España enfrenten finalmente un tribunal en ese país o en Argentina, algo que las organizaciones humanitarias aún dudan dado algunas decisiones adoptadas por la justicia en los últimos días.
En particular lo ocurrido el martes con la Cámara Federal de Resistencia, la capital de la nororiental provincia del Chaco, que ordenó la liberación de los 10 militares arrestados por tortura y asesinato de 22 presos políticos en diciembre de 1976, un hecho conocido como la masacre de Margarita Belén.
Los no gubernamentales Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos) condenaron la decisión de los camaristas.
El CELS e Hijos, que nuclea a los hijos de desaparecidos durante la dictadura, señalaron que denunciarán ante la Procuración General de la Nación las gravísimas irregularidades en las que habrían incurrido los magistrados de Resistencia, al quitarle competencia al juez Carlos Skidelsky, que había ordenado las detenciones de los militares acusados de la masacre.
Mario Bosch, abogado de Hijos, sostuvo que detrás de esa decisión están los sectores enquistados en el Poder Judicial con alto compromiso directo y personal con la impunidad.
En tanto, Kirchner, a su regreso de la visita oficial de dos días a Estados Unidos, firmó la derogación del decreto limitativo para dar vía libre a la detención preventiva a los fines de la extradición de los 46 represores, según lo ordenado por Canicoba Corral.
En adelante, los pedidos de extradición que se presenten ante el Ministerio de Relaciones Exteriores serán derivados a los juzgados competentes, encargados de analizar caso por caso y tomar una decisión.
Canicoba Corral precisó que, según la ley de extradiciones, en última instancia es el Poder Ejecutivo el que decide finalmente si entrega o no a los militares al país solicitante.
Entre los 45 militares cuya extradición pide Garzón hay 21 que tienen más de 70 años, una condición por la que les corresponde el beneficio de prisión domiciliaria, como ocurre con los comandantes de las juntas que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983.
Por otra parte, un tercio de los requeridos se encuentra cumpliendo arresto por causas relacionadas con la violación de los derechos humanos, en especial por el robo de bebés, mucho de los cuales nacieron en cautiverio, de madres secuestradas durante la dictadura.
En esa situación están en su domicilio Videla, Massera, Suárez Mason y el ex general José Vaquero, además del marino Rubén Franco, mientras que en dependencias oficiales están el marino Acosta y el ex prefecto Héctor Febres.
Hasta ahora también han sido arrestados los militares Armando Lambruschini, Jorge Anaya, Luis María Mendía, Jorge Perrén, Antonio Pernías Basterreix, Pablo García Velazco, Adolfo Donda Rigel, Carlos Capdevilla, Enrique Webber y Carlos Daviou.
El mismo camino siguieron Astiz, ya condenado en ausencia en Suecia y Francia por delitos contra la humanidad, y el intendente electo de la ciudad de Tucumán y ex hombre fuerte durante la dictadura de la provincia del mismo nombre, el general retirado Antonio Bussi.
A ellos se suman los oficiales Carlos Pazo y Juan Rolón y el abogado Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, a quien se vincula con los llamados vuelos de la muerte, en los que detenidos eran arrojados vivos desde aviones al Río de la Plata.
Uno de los elementos sustanciales para hacer lugar a los pedidos de extradición son los delitos que se les imputan a los requeridos, los cuales deben estar contemplados en la legislación argentina.
Si bien Argentina firmó los tratados internacionales, nunca tipificó en su Código Penal el delito de genocidio, señaló a IPS la vicedirectora del Instituto de Estudios en Ciencias Sociales y Penales, Ileana Arduino.
Desde 1999, Garzón ha reclamado a las autoridades argentinas la extradición de los represores culpables de los delitos de terrorismo, genocidio y torturas en perjuicio de más de 600 ciudadanos españoles.
