El gobierno de Argentina se apresta a derogar un decreto que impide la extradición de militares acusados de crímenes cometidos por la última dictadura militar (1976-1983), y que son requeridos por tribunales de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia.
Si el decreto es anulado, las extradiciones que ahora se rechazan en forma automática serán derivadas a tribunales competentes para que sean analizadas caso por caso, explicó el viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortiz de Rozas.
”Argentina vuelve a la justicia y a la memoria”, dijo el presidente Néstor Kirchner.
Contestaba así a la pregunta de qué actitud asumiría frente al pedido de extradición cursado el martes por el juez de España Baltasar Garzón contra 46 militares retirados que actuaron en la represión ilegal por la que murieron entre 10.000 y 30.000 opositores y de la que también fueron víctimas más de 600 ciudadanos españoles.
Algunos funcionarios habían adelantado la posibilidad de que fuera derogado el decreto de marras, promulgado por el ex presidente Fernando De la Rúa (1999-2001).
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Pero el gobierno no estableció una fecha, y aun analiza diferentes proyectos.
El nuevo pedido de Garzón, el cuarto desde 1999, pone a Buenos Aires bajo presión y amenaza con complicar la gira que Kirchner iniciará este viernes por Europa, en la que visitará Londres, París, Bruselas y Madrid.
En España, el mandatario se reunirá con el rey Juan Carlos y con el jefe de gobierno José María Aznar, y es probable que en las conversaciones surja el asunto de los desaparecidos españoles, — para los que busca justicia el denominado ”Juicio de Madrid”— y de la escasa cooperación argentina en la materia.
En su pedido del martes, Garzón solicitaba el embargo preventivo de bienes de 96 ex militares y policías por casi 3.000 millones de dólares, con los que se prevé crear un fondo para indemnizar a los familiares de las víctimas españolas del terrorismo de Estado en Argentina.
”La derogación del decreto 1581, que De la Rúa firmó en diciembre de 2001 fue una de las cosas que le pedimos al presidente Kirchner”, dijo a IPS la dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) Graciela Rosemblum.
Ese reclamo, divulgado el 3 de junio, contó con adhesión de varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Movimiento Ecuménico, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Detenidos y Desaparecidos y las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo.
Estos grupos también solicitaron la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida que otorgaron impunidad a los militares, cuestión que está en manos de la Suprema Corte de Justicia desde que varios jueces emitieron fallos de inconstitucionalidad sobre las mismas.
El decreto 1581, que De la Rúa firmó el 5 diciembre de 2001, dos semanas antes de que estallaran revueltas populares que lo obligaron a renunciar a la Presidencia, establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores ”rechazará los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional”.
Esto implica el rechazo automático de cualquier requerimiento de magistrados extranjeros, ya sean pedidos de asistencia judicial o de extradición, en virtud del texto que se apoya en el principio de territorialidad, según el cual delitos cometidos en un país caen bajo la jurisdicción de los tribunales de ese Estado.
Si el decreto se anula, cuando un pedido de extradición sea entregado por la embajada del país solicitante a la Cancillería, éste deberá ser enviado a los tribunales competentes.
Además de los pedidos de extradición de Garzón, también hay requerimientos de tribunales de Italia, Alemania, Francia y Suecia, por lo que la derogación de la norma podría derivar en una catarata de extradiciones.
”Ciertamente Alemania va a demandar que se cumpla con la extradición de los tres solicitados: los ex generales Guillermo Suárez Mason y Juan Bautista Sasiain y el ex coronel Pedro Durán Sáenz”, dijo a IPS Esteban Cuyá, de la Coalición contra la Impunidad en Argentina, que integran 15 organizaciones no gubernamentales alemanas.
Un tribunal de la ciudad alemana de Nuremberg ”investigó durante cinco años la responsabilidad penal de estos acusados por el secuestro, la tortura y el asesinato de la socióloga alemana Elisabeth Käsemann, ocurrido en mayo de 1977”, agregó.
Käsemann fue asesinada cuando tenía 30 años, después de haber estado detenida durante más de dos meses en un centro clandestino.
Sus padres pudieron recuperar su cuerpo para trasladarlo a Alemania después de una escandalosa negociación en la que los militares que tenían sus restos solicitaron dinero para entregarlos.
La justicia alemana también solicitó ”el pedido de cooperación judicial para interrogar al (ex jefe del Ejército y presidente de facto) Jorge Videla y a otros militares argentinos, en relación con la desaparición de 96 ciudadanos alemanes”, pero el pedido fue rechazado con el argumento de ”soberanía del poder judicial argentino”, indicó Cuyá.
”El gobierno de Alemania, a través de su abogado en Buenos Aires, Alberto Luis Zuppi elevó su queja a la Corte Suprema de Argentina, que debe decidir al respecto”, añadió.
”Existe una buena coordinación con los tribunales de España y de Italia, que sí cooperan con los requerimientos de la fiscalía de Nuremberg”, sostuvo.
También esperan las solicitudes de jueces de Francia y Suecia por el ex capitán de la marina Alfredo Astiz.
Suecia solicitó la extradición de Astiz por el asesinato de Dagmar Hagelin, una joven de 17 años, hija de un ciudadano sueco, a quien el marino detuvo después de dispararle por la espalda el 27 de enero de 1977.
Astiz la trasladó herida a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde Hagelin murió.
La justicia francesa ha reclamado con insistencia a Astiz por el secuestro de las religiosas Leonie Duquet y Alice Domon.
En 1977, bajo el nombre falso de Gustavo Niño, Astiz se infiltró en grupos de familiares de desaparecidos que solían reunirse con la ayuda de las religiosas francesas.
El engaño del marino, ahora de 53 años, le costó la vida a 12 personas, entre ellas una de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.
El primer juicio en tribunales extranjeros por violaciones cometidas en la última dictadura comenzó el 7 enero de 1983 en Italia, cuando el Ministerio de Justicia de ese país ordenó un proceso por la desaparición de ciudadanos italianos, sobre la base de información recogida y enviada por los consulados en Argentina.
Una semana más tarde, el consulado de Italia en Buenos Aires presentó un recurso de hábeas corpus colectivo por 45 italianos y denunció la desaparición de otros 617 ciudadanos de esa nacionalidad.
En 1990, el entonces presidente y fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Emilio Mignone, fue el primer testigo que declaró ante el tribunal constituido en Roma. Luego lo hizo la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Carlotto denunció que su hija Laura había sido secuestrada en noviembre de 1977 en la central ciudad de La Plata junto a su compañero, asesinado un mes después en un centro clandestino de detención conocido como ”La Cacha”.
Laura Carlotto estaba embarazada y su hijo Guido nació el 26 de junio de 1978, pero le fue arrebatado por sus captores, quienes la asesinaron dos meses más tarde. Estela de Carlotto todavía busca a su nieto.
El 6 de diciembre de 2000, el II Tribunal Penal de Roma condenó en rebeldía a los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros a cadena perpetua por el homicidio de seis ciudadanos argentinos y por la desaparición del niño Guido Carlotto, nacido durante el cautiverio de su madre.
Los tribunales italianos también procesaron el caso de Martino Mastinu, desaparecido el 7 de julio de 1976 en la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, con 26 años.
El italiano Mastinu era trabajador y delegado sindical y fue secuestrado y asesinado por efectivos que obedecían órdenes del Comando de Institutos Militares.
Los oficiales y suboficiales Juan Carlos Gerardo, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Maldonado y Roberto Rossin también fueron condenados en rebeldía a 24 años de prisión cada uno por el homicidio de Mastinu.
