La designación de técnicos de confianza del gobierno electo de Paraguay al frente de dos entes considerados emblemas de la corrupción crea expectativas sobre el prometido combate contra ese añejo flagelo, que cuesta 5.000 millones de dólares anuales al país.
Los estatales Instituto de Previsión Social y Banco Nacional de Fomento (BNF) fueron los elegidos por el gobierno de Luis González Macchi para abrir el camino al cumplimiento del compromiso electoral de su correligionario del Partido Colorado Nicanor Duarte Frutos, quien asumirá la presidencia en agosto.
Los primeros pasos de las nuevas autoridades provocaron un fuerte impacto mediático, como fue el descubrimiento de una red de funcionarios de ambas entidades para estafar al sistema mediante cheques hurtados en el Instituto de Previsión Social, que eran cobrados en ventanillas del BNF.
Hasta el momento han sido enjuiciadas cinco personas por la defraudación de 3.000 millones de guaraníes, la moneda paraguaya, que equivalen a unos 500.000 dólares.
"Ante la gravedad de los ilícitos detectados en esas dos instituciones se decidió comenzar por allí la lucha contra la corrupción", dijo a IPS el vicepresidente electo de Paraguay, Luis Castiglioni, en clara alusión al trabajo conjunto que vienen realizando las autoridades actuales con las que les sucederán.
Castiglioni aseguró que esas medidas "son adelantos de la filosofía política que pretende desarrollar el gobierno en cuanto a la lucha contra la ilegalidad y la impunidad".
También se pedirá a la justicia que acompañe al Poder Ejecutivo en las acciones contra la corrupción, se requerirá la ayuda de la Contraloría General de la República y se creará una Oficina de Auditoría, para hacer seguimiento de los gastos de gobierno, añadió el hasta este mes diputado nacional.
Además, el futuro gobierno trabajará con las contralorías ciudadanas. "Queremos tener un contacto permanente con esas instituciones, que llegan a 21, para fortalecer las acciones de conciencia ciudadana, y le pediremos que nos acompañen en la tarea de control y a presentar denuncias", comentó.
"Lo importante es producir resultados y estos los conseguiremos funcionando con las instituciones ya existentes. Vamos a trabajar institucionalmente sobre lo indicado por la Constitución y las leyes", puntualizó.
La tarea luce ardua.
Analistas y activistas van del escepticismo a la expectativa frente a estos anuncios y gestos sobre arraigadas prácticas de corrupción en este país gobernado desde 1954 por el mismo Partido Colorado de Duarte Frutos, cuyo nombre oficial es Asociación Nacional Republicana.
Un informe presentado en 1999 por el entonces contralor general de la República, Daniel Fretes Ventre, indicaba que el Estado perdía cada año unos 5.000 millones de dólares como consecuencia directa de la corrupción en la economía, que equivalen a más de la mitad del producto interno bruto de Paraguay.
Y el mejor ejemplo parece ser el propio Fretes Ventre, quien afronta un proceso judicial acusado de 18 delitos, entre los que figuran, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Otro caso de impacto fue el protagonizado por el ex diputado y actual senador Oscar González Daher, quien logró separar de su cargo al fiscal Alejandro Nissen, que lo investigaba por la supuesta posesión de un vehículo robado.
González Daher consiguió su propósito gracias a su cargo, en la anterior legislatura, de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, organismo previsto por la Constitución para el control del Poder Judicial.
En ese entonces muy pocos elevaron su voz de queja o censura, según observadores porque Nissen, hoy a la espera de que su caso sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia, también tenía a su cargo una causa por el mismo delito, en la que se involucraban el propio presidente González Macchi y a su esposa, Susana Galli.
Esa y otras acusaciones de corrupción llevaron al mandatario ante e juicio político en enero en el Senado, del cual salió indemne por escasos votos.
Pero González Macchi tiene pendiente desde hace un año otra causa por el presunto desvío a Estados Unidos de 16 millones de dólares de dos bancos intervenidos por el gobierno.
El fiscal de Delitos Económicos, Javier Contreras, presentó el 8 de este mes un recurso de queja por el retraso del juez Hugo Sosa Pasmor en remitir al parlamento el pedido de juicio político del mandatario.
"El verdadero poder en este país reside en la mafia", aseguró a IPS el sociólogo, politólogo, economista e historiador Víctor Jacinto Flecha.
"La estructura gubernamental, legislativa y judicial paraguaya es casi una fachada dentro de la democracia para ser utilizada por sectores de la mafia", apuntó este ex profesor de la francesa Universidad de La Sorbona y actual director ejecutivo de la organización no gubernamental Coplanea.
Para el experto, la verdadera incógnita es si Duarte Frutos tiene "el poder como para enfrentar a esa poderosa maquinaria", compuesta por tres sectores bien identificados detrás del esquema de gobierno en Paraguay.
Uno de ellos es la llamada "mafia administrativa, también conocida como 'rosca', el segundo grupo es el relacionado con el tráfico de drogas, de madera, de vehículos o lo que sea, que utiliza a la primera, y el tercer sector es el de las falsificaciones en sus múltiples aspectos", detalló Flecha.
En ese contexto, tanto el discurso del presidente electo como las pequeñas señales que manifiesta deben tomarse con precaución y, por ejemplo, investigar primero "si su campaña electoral no estuvo respaldada por alguna de esas mafias", señaló.
Flecha agregó que para entender lo que significan los grupos mafiosos en Paraguay "es necesario precisar que el Estado estuvo cautivo de las Fuerzas Armadas desde 1936 hasta 1989".
"Ese extenso poder militar absoluto también posibilitó que emergieran sectores prebendarios primero, y mafiosos después, para sostenerse en el poder", sostuvo.
Las contradicciones de esas mafias son las que llevan al golpe de Estado y a la caída del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), indicó.
También los parlamentarios se protegen frente a acusaciones de corrupción, como ocurrió con el rechazo este año del pedido judicial de desafuero del diputado del socialdemócrata Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Julián Sosa, acusado de aceptar soborno de productores agropecuarios brasileños.
Sosa, quien resistió con violencia su arresto, había sido filmado por una cámara oculta cuando recibía unos 3.200 dólares a cambio de gestionar el voto negativo de la Cámara de Diputados a una posible expropiación de tierras de colonos brasileños en el oriental departamento de Alto Paraná.
Pero como todo acaba en esta vida, también finalizó el periodo parlamentario de Sosa tras la última renovación legislativa y ahora se enfrenta a la justicia como un ciudadano común y a un inminente procesamiento, según dijeron a IPS fuentes judiciales.
Una protección similar había dejado fuera de los tribunales en dos ocasiones al ex diputado Dionisio Chilavert, quien tras perder su condición de legislador fue condenado a 10 años de prisión por asesinar a su sobrino.
"Las primeras señales que ha dado Duarte Frutos son muy alentadoras, aunque el cumplimiento de las promesas electorales y la lucha contra la corrupción no serán tarea fácil", advirtió Sergio Britos, jefe de economistas de la oficina en el país de Price-WaterhouseCoopers.
Explicó que contra ello se plantará la fuerte cultura clientelista de los empresarios, contratistas y proveedores del Estado, importadores, exportadores y hasta sindicalistas, que se acostumbraron a servirse de sus conexiones con el poder para obtener un trato preferencial.
Una de las pocas victorias frente a la corrupción en Paraguay fue la condena a 18 años de cárcel del ex General Pablino González, imputado de malversar fondos de la intendencia del ejército a través de compras simuladas para abastecer a 7.000 "soldados fantasmas".
En el último estudio publicado por la organización no gubernamental Trasnparencia Internacional, Percepción de Corrupción 2002, Paraguay ocupa el primer lugar en la lista de países más corruptos de América Latina y el tercero en el mundo.
Pilar Callizo, responsable de Transparencia Paraguay, aclaró a IPS que el indicador de percepción se refiere a lo que la población encuestada interpreta como corrupción.
También una encuesta realizada el año pasado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, con apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, expuso que 86 por ciento de los paraguayos consultados se sentían agobiados por la corrupción gubernamental.
