El gobierno de Brasil perdió el control de las negociaciones sobre la reforma de la previsión social, llegó a una encrucijada decisiva para su futuro y resucitó temores de nuevas turbulencias financieras en el país.
Toda la confianza conquistada en el mercado financiero durante el primer semestre de gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva puede esfumarse, advirtió el ex ministro de Hacienda Mailson da Nóbrega.
Eso implicaría un regreso de la fuga de capitales, la devaluación del real y el alza del riesgo país (que indica la percepción de probabilidad de que el Estado no pague lo debido a quienes compraron sus bonos), afirmó.
Líderes parlamentarios y algunos ministros aceptaron el miércoles renunciar a uno de los principios básicos del proyecto gubernamental de reforma jubilatoria, la eliminación de desigualdades que beneficiaban a los funcionarios públicos en relación con el resto de los trabajadores.
Esa modificación, que sonó como una rendición, fue acordada con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mauricio Correa, líder de un movimiento para que los miembros del Poder Judicial mantengan los mismos derechos actuales de los funcionarios públicos.
En Brasil, los empleados del gobierno no pueden ser despedidos, se jubilan con una remuneración equivalente a su último sueldo en actividad, y quedan luego en paridad de ingresos con sus colegas activos, porque se les aplican los mismos aumentos.
Ese sistema no existe en ningún otro país del mundo, destaca siempre el ministro de la Previsión Social, Ricardo Berzoini, un ex sindicalista.
Para los trabajadores del sector privado hay otro régimen, con jubilaciones limitadas al máximo de 1.869 reales (640 dólares a la cotización de este viernes).
Además, en el sector privado se deben cumplir más años de contribución al sistema para jubilarse, y la edad mínima de retiro es 60 años para los hombres y 55 años las mujeres, siete años más que para los empleados públicos en ambos casos.
El proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el 30 de abril, que implica modificar la Constitución y cuya votación final está prevista para octubre, elimina esas diferencias tradicionales, objetivo que gobiernos anteriores persiguieron sin éxito.
El martes comenzó una huelga parcial de empleados públicos por el retiro de ese proyecto y contra la negociación sobre el mismo entablada por una parte de los sindicalistas del sector y por la Central Unica de Trabajadores (CUT), que es la mayor organización sindical del país.
Pero la presión más eficaz contra los planes del gobierno es la de los jueces, que amenazan con una huelga si se les quita la jubilación con sueldo completo y la paridad con los activos.
Sin esos derechos, la carrera no atraerá a los buenos juristas y se debilitará el Poder Judicial, arguye Correa.
La alternativa negociada con el presidente de la Suprema Corte es mantener la remuneración integral para los varones que se jubilen a los 65 años y las mujeres que lo hagan a los 60, o sea edades cinco años mayores que las previstas por el proyecto a estudio del Poder Legislativo.
Además, para acceder a ese derecho se exigiría contribución previsional durante 35 años a los hombres y durante 30 años a las mujeres, así como un periodo mínimo de 25 años en el servicio público.
En términos fiscales, la reducción del déficit del sector previsional sería la misma con esa fórmula alternativa, según cálculos de técnicos del Ministerio de Previsión Social. Pero los efectos políticos y económicos son desastrosos.
Los parlamentarios que apoyan al gobierno se dividieron, y los gobernadores estaduales, actores clave en el diseño del proyecto original, rechazaron que fuera cambiado sin su participación.
El ministro de la Casa Civil y coordinador político del gobierno, José Dirceu, dijo que nada será acordado y los gobernadores serán oídos.
En el área económica, el mercado reaccionó mal. El real se devaluó uno por ciento en los dos últimos días, y portavoces de bancos y de agencias que evalúan el riesgo de inversiones condenaron el ”retroceso” y las concesiones del gobierno ante la presión de jueces y otros empleados públicos.
Mantener la remuneración integral a los funcionarios jubilados sepultaría la reforma previsional, y la enmienda constitucional en discusión se reduciría a un intento de ajuste fiscal, sentenciaron parlamentarios y economistas.
Lula, por suerte en gira por Portugal, Gran Bretaña y España desde el jueves, ganó una semana para negociar y reflexionar antes de decir su última palabra sobre la cuestión.
El temor entre economistas y empresarios es que la crisis postergue una vez más una caída sustancial de la tasa básica de interés del Banco Central, que es actualmente 26 por ciento.
La reducción de esa tasa es demandada para estimular gastos e inversiones, al hacer menos atractivas las colocaciones financieras y menos costosos los créditos.
Expertos esperaban una reducción de uno a dos puntos porcentuales de la tasa básica el 23 de este mes, pero los temores generados por los obstáculos a la reforma previsional pueden frustrar tales expectativas.
Sin una reducción del interés la economía seguiría estancada, y se frustraría la reanudación del crecimiento anunciada para este semestre por Lula.
En el primer trimestre de este año, el producto bruto interno (PIB) cayó 0,1 por ciento en relación con el trimestre anterior, y los especialistas consideran probable que esa tendencia se haya mantenido en el periodo abril-junio.
El Banco Central previó que en todo este año el PIB crecería 1,5 por ciento. Eso implicaría que no aumente el ingreso promedio por habitante, y aun ese magro resultado, peor que la media de las dos últimas ”décadas perdidas”, depende de una recuperación en el segundo semestre vulnerable a los vientos políticos.
