El gobierno de Brasil se ve obligado a hacer frente a una explosión de demandas sociales, radicalizadas por la crisis económica, al mismo tiempo que se debilita internamente por los disensos que trajo la polémica reforma previsional.
La decisión de jueces y fiscales de iniciar una huelga nacional el 5 de agosto agrava el clima de crisis institucional provocado por el rechazo del Poder Judicial a la propuesta enmienda constitucional que alterará el régimen de jubilación y pensiones de los funcionarios públicos, reduciendo sus ventajas.
Se suman la radicalización del Movimiento de los campesinos Sin Tierra (MST) y las ocupaciones de inmuebles urbanos por parte de miles de personas sin techo, fenómenos que reflejan la crisis social agravada por la recesión de la economía, que llevó el desempleo a 13 por ciento en junio, el más alto de la historia del país.
Casi 300 militantes del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) ocuparon el sábado un predio de la compañía alemana Volkswagen —la mayor fabricante de vehículos de Brasil— en la meridional ciudad industrial de Sao Bernardo do Campo, en los alrededores de Sao Paulo.
En pocos días, el área de una fábrica inactiva desde hace diez años atrajo —según el MTST— a más de 3.000 familias que armaron allí sus tiendas con la esperanza de obtener la posesión de una parte del terreno para construir sus viviendas.
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En ese campamento fue asesinado el miércoles el fotógrafo de la revista Epoca Luiz Antonio da Costa, incidente que agregó dramatismo a la ocupación, si bien el disparo fatal pudo haber partido del arma de un asaltante de una gasolinera cercana.
En la madrugada del lunes, casi 2.000 familias ocuparon cuatro edificios de la zona céntrica de Sao Paulo, incluyendo dos hoteles que cerraron varios meses atrás.
Estas acciones fueron coordinadas por el Movimiento de los Sin Techo del Centro (MSTC), el cual alega que los bajos ingresos obligan a esas familias a elegir entre ”alimentarse o pagar el arrendamiento” de una vivienda.
Mientras, el MST intensifica las manifestaciones y las invasiones de haciendas.
En el sur del país, 800 militantes del MST marchan hace un mes y medio por carreteras hacia una propiedad de 13.200 hectáreas en el municipio de Sao Gabriel, al oeste del estado de Río Grande del Sur.
El predio fue expropiado por las autoridades a los fines de la reforma agraria, pero un tribunal suspendió el proceso. El MST presiona para que en él sean asentadas con urgencia 530 familias.
Los propietarios locales de tierras se movilizaron para detener la marcha, lo cual hace temer que se produzca una confrontación violenta en cualquier momento.
Uno de los líderes del MST, Joao Pedro Stédile, profundizó la tensión el miécoles, cuando llamó desde el sur a luchar por la reforma agraria, aprovechando la oportunidad actual para ”destruir a los hacendados”.
Somos 23 millones de campesinos contra apenas 27.000 propietarios de predios de más de 2.000 hectáreas cada uno, argumentó Stédile.
El clima crispado se reitera en la zona de Pontal de Paranapanema, en el sudoeste del estado de Sao Paulo, donde el MST y otros movimientos campesinos instalaron enormes campamentos que comprenden a miles de familias.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que los asentamientos allí atraen cada día a más familias.
Un dirigente local del MST, José Rainha, está preso desde la semana pasada y hacendados de la zona amenazan con armar milicias o contratar personal armado de empresas de seguridad para defender sus propiedades.
La ofensiva de los ”sin tierra” es visible en otros lugares de Brasil, especialmente en nororiental estado de Pernambuco, donde se llevaron a cabo en los últimos meses decenas de invasiones de haciendas y saqueos a camiones cargados de alimentos.
Mientras, sindicatos de funcionarios públicos mantienen la huelga iniciada el 8 de julio, que complica algunos servicios, pero no afecta en gran medida a la población.
Sin embargo, las protestas de los empleados estatales contribuyen a deteriorar el clima político.
El presidente de la Cámara de Diputados, Joao Paulo Cunha, convocó el miércoles a la Policía Militar para impedir que manifestantes invadieran el recinto del Congreso legislativo donde se discutía el proyecto gubernamental de reforma al régimen previsional.
La violenta represión consecuente provocó duras críticas a Cunha. Sólo los regímenes militares pusieron a la policía dentro del Congreso, acusó el líder del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Arthur Virgilio.
La anunciada huelga de jueces y fiscales es calificada de ”inconstitucional” y ”una insensatez” por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mauricio Correa, y por otros ministros de tribunales superiores.
Pero la decisión de los magistrados de efectuar el paro de una semana se mantiene.
De hecho, fueron las autoridades del Poder Judicial las que estimularon esa singular paralización, al criticar duramente la reforma y ejercer presiones que acabaron por modificar el proyecto original.
Esas modificaciones, que significan mantener varias ventajas de los funcionarios públicos, crearon divisiones dentro de la administración y del gobernante Partido de los Trabajadores. Se ve así afectada la capacidad de coordinación de sus líderes y aumenta el temor ante la inestabilidad política.
El gobierno debe afrontar una ola de radicalizadas protestas sociales en momentos en que más débil se encuentra por las diferencias internas que dejó la discusión de la controvertida reforma.
La mayoría de la población apoyaba los cambios inicialmente propuestos al régimen jubilatorio de los empleados públicos, a los que identifica como ”privilegiados” por retirarse con pensiones iguales al último sueldo recibido en actividad, mientras los trabajadores del sector privado sufren una reducción de sus ingresos.
Pero los empleados estatales hicieron gala de su capacidad de presionar a los parlamentarios, y ese poder pone en estado de incertidumbre el desenlace de la votación del proyecto.
Sin una reforma de la previsión social que reduzca el déficit público, el gobierno podría perder la confianza del mercado financiero, e iniciarse así un nuevo ciclo de inestabilidad.
