El notable crecimiento en América Central de las empresas privadas de seguridad ha llevado a que cuenten con más agentes que los servicios públicos, destacó este martes la no gubernamental Fundación Arias para la Paz y el Progreso, con sede en Costa Rica.
Según un estudio presentado por la Fundación, existe un marcado deterioro de la seguridad de la población en el istmo, y eso obliga a los ciudadanos a recurrir cada vez más a las empresas, a las cuales se ha desplazado el papel de gendarme al que están llamados los Estados nacionales.
Datos de seis países de la región (todos menos Belice) facilitados por la Fundación indican que actualmente suman 93.324 agentes privados de seguridad, mientras las fuerzas públicas, sin contar los ejércitos, cuentan en total con 64.224 miembros.
En cada una de esas naciones, el número de miembros de las fuerzas públicas de seguridad es inferior al de las privadas.
De acuerdo con la Fundación, es ”inadmisible” que los Estados deleguen la seguridad ciudadana a entidades privadas, la mayoría de las cuales están manejadas por ex policías y ex militares.
Para Luis Alberto Cordero, director ejecutivo de la Fundación Arias, lo más grave es que también se dan numerosos casos en que policías y militares vinculados con los servicios estatales de seguridad cuentan con sus propias compañías, y surge una peligrosa duplicidad de intereses.
La citada investigación destacó que el país con mayor número de empresas privadas de seguridad es Costa Rica, que registra 466 de esa compañías con un total de 9.469 guardias privados, por lo que ese tipo de seguridad supera a la estatal, que posee 9.300 agentes.
Además, el Congreso costarricense discute un proyecto que aumentaría en forma considerable la cantidad de agentes que puede contratar cada una de las compañías privadas, subrayó Cordero.
En el presente, las compañías sólo pueden contratar al equivalente de uno por ciento de los agentes con que cuenta la fuerza pública, pero con la nueva ley esa proporción se elevaría a un 15 por ciento.
Así ”se crearían las condiciones para que el país de manera silenciosa alcance una militarización”, aunque carece de ejército, afirmó Cordero.
”Cada empresa podría contar con 1.395 agentes, lo que multiplicado por el número de compañías en operación produce cifras muy altas, que se acercan al millón de policías privados”, explicó el director de la Fundación, creada por el ex presidente costarricense Oscar Arias (1986-1990), ganador en 1987 del premio Nobel de la Paz.
Cordero manifestó su preocupación por ese proyecto, que considera peligroso para la seguridad de los ciudadanos, e insistió en que el Estado no debe renunciar a cumplir con sus funciones de seguridad, pero admitió que es cada vez más notorio el surgimiento de compañías privadas en ese terreno.
El Ministerio de Seguridad de Costa Rica informó que las empresas de seguridad privada inscritas de manera legal en la actualidad son 587, o sea 121 más que las registradas por la Fundación Arias.
El incremento del número de agentes privados no ha cesado desde 1994, año en que comenzaron a brindarse de manera sistemática este tipo de servicios de seguridad.
”La situación es tan delicada en Costa Rica que ya entidades del Estado, como bancos e instituciones autónomas, recurren a los servicios privados”, sostuvo Cordero.
Para la politóloga y experta en armas costarricense Ana Yancy Espinoza, uno de los problemas más delicados es la ausencia de controles en la supervisión de las empresas privadas en América Central.
Por eso no debe extrañar que el número de agentes privados en Guatemala sea el más alto de la región, 25.000, aunque en ese país sólo aparecen inscritas 134 compañías de seguridad, comentó.
A Guatemala le sigue El Salvador, con 20.643 policías privados distribuidos entre 295 empresas. En Honduras, país que afronta graves problemas de delincuencia, hay 143 compañías oficialmente registradas, que emplean a 15.000 guardias, apuntó Espinoza.
En Nicaragua hay 7.212 agentes privados, que laboran en 52 compañías. En Panamá se registraron 16.000, en 108 empresas.
El manejo de las armas y del arsenal de municiones de las empresas de seguridad es otra de las grandes preocupaciones de Espinoza, puesto que la legislación actual del área no establece con claridad la forma en que se debe limitar a este tipo de compañías.
También es peligroso el bajo nivel de escolaridad de los agentes privados, que en su mayoría no han completado la educación primaria, según se comentó en la presentación del informe de la Fundación Arias, mientras los policías de Costa Rica, por ejemplo, cursan hasta tercer grado de secundaria.
”El problema es que los agentes privados se llevan las armas a sus casas, y en numerosas ocasiones las utilizan para solucionar sus diferencias familiares, lo que fortalece el aumento de la violencia”, dijo Espinoza.
A eso se debe agregar que cada año se trafican en América Central unos dos millones de armas clandestinas, lo que hace a la región aun más insegura.
Sin controles enérgicos ni una legislación clara, y en un ambiente de creciente incertidumbre, las empresas privadas de seguridad disfrutan de un lucrativo negocio, mientras los Estados del área renuncian a asumir la responsabilidad que les corresponde, aseveró la Fundación Arias.
