Francia y Gran Bretaña tuvieron posiciones opuestas en cuanto a la guerra contra Iraq, pero están totalmente de acuerdo sobre medidas conjuntas para mantener a los refugiados iraquíes y otros fuera de sus territorios.
Los iraquíes se convirtieron el año pasado en el grupo nacional con más solicitantes de asilo en Gran Bretaña, superando a los afganos, que ocuparon el primer lugar en 2001.
Aun antes de la invasión estadounidense-británica a Iraq, en marzo de este año, la población de ese país sufría los efectos combinados de la guerra contra Irán, en los años 80, la primera guerra del Golfo, en 1991, y las sanciones económicas internacionales impuestas en 1990.
Ante el aluvión de solicitantes de asilo, Londres decidió tomar medidas para frenarlos, y Francia, que se opuso a la acción militar contra Iraq, decidió ayudarlo.
El campamento de refugiados de Sangatte, en el noroeste de Francia, era hasta hace seis meses un santuario de refugiados de Afganistán, Iraq e Irán, muchos de los cuales intentaban llegar hasta Gran Bretaña atravesando ilegalmente el túnel del Canal de la Mancha en camiones y trenes.
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El pasado diciembre, el campamento situado a pocos kilómetros de la estación ferroviaria de Calais fue cerrado en virtud de un acuerdo entre los gobiernos francés y británico para combatir la inmigración ilegal. Ahora, muchos de esos refugiados vagan por las calles de Calais.
”Si los gobiernos esperaban que con el cierre de Sangatte se desharían de los refugiados, cometieron un gran error”, dijo a IPS Jean-Paul Amara, portavoz del grupo francés de derechos humanos Droits Devant! (¡Derechos primero!).
”En cambio, lo que han logrado es degradar la vida de personas que ya se contaban entre las más miserables del planeta”, agregó Amara, que visitó Calais y los alrededores de Sangatte a comienzos de junio, en una misión investigadora de varias organizaciones francesas de derechos humanos.
Además, Francia aprobó una ley que penaliza la ayuda a inmigrantes indocumentados con hasta 10 años de prisión y multas de hasta 43.000 dólares.
Varias personas ya han sido procesadas conforme a esta nueva norma. En su apoyo, varios grupos de derechos humanos emitieron una declaración en contra de la nueva ley.
”Declaramos que hemos ayudado a extranjeros que viven ilegalmente en Francia. Declaramos nuestra firme intención de continuar ayudándolos. Si la solidaridad es un delito, desafiamos al gobierno a procesarnos por haberlo cometido”, manifestaron los grupos.
La situación no es mucho mejor del otro lado del Canal de la Mancha, donde la ley de inmigración aprobada en 2002 introdujo nuevas medidas contra los solicitantes de asilo.
La norma dispuso la elaboración de una ”lista blanca” de países cuyas solicitudes de asilo serían casi con seguridad rechazadas. A esta lista se agregaron los ciudadanos de Bangladesh y Sri Lanka.
Asimismo, estableció que los extranjeros deben presentar su solicitud de asilo en la primera oportunidad para poder recibir beneficios mientras esperan la decisión de las autoridades.
”Estas son medidas draconianas”, afirmó Habibur Rehman, del independiente Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes (JCWI), en declaraciones a IPS.
”Una solicitud de un 'país blanco' a veces se decide en cinco días, y creemos que ese período no permite la debida consideración de las circunstancias”, señaló Rehman.
Además, la ignorancia sobre los procedimientos de solicitud hace que en muchos casos las personas no conozcan cuál es la primera oportunidad para presentarla, añadió Rehman. JCWI y el grupo Liberty impugnaron esta norma.
La demanda fue sostenida en parte por el tribunal, pero éste determinó que los solicitantes que no hayan iniciado el trámite en la primera oportunidad podrían ser rechazados igualmente si recibían ayuda de familiares o grupos de la sociedad civil.
Las nuevas normas legales son respaldadas por medidas de seguridad de estilo militar en puertos y zonas costeras, en especial para impedir el influjo de refugiados desde Francia.
El año pasado se presentaron en Gran Bretaña más de 110.000 solicitudes de asilo, en su mayoría de extranjeros que ingresaron a través de Francia.
El primer ministro británico, Tony Blair, se propuso reducir la cantidad de solicitudes a la mitad para fin de año, y cifras del Ministerio del Interior indican que lo logrará.
En el primer trimestre de 2003 se presentaron 16.000 solicitudes, 32 por ciento menos que en el trimestre anterior. La cantidad de solicitudes de iraquíes se redujo a la mitad en el mismo período.
Más de 74 por ciento de las solicitudes presentadas en 2002 fueron rechazadas, al igual que 80 por ciento de las apelaciones, aunque en algunos casos se autorizó la permanencia excepcional de los extranjeros.
En el primer trimestre de este año, fueron rechazados 2.620 solicitantes, que junto a sus dependientes sumaban 3.990 personas. La cifra es siete por ciento superior a la del trimestre anterior y 37 por ciento mayor que la del primer trimestre de 2002.
El número de solicitudes en toda la Unión Europea, excepto Italia, cayó nueve por ciento en el primer trimestre de 2003 respecto del anterior, lo cual sugiere que las medidas del bloque contra la inmigración están dando resultado.
Líderes europeos reunidos el jueves en Thessaloniki, Grecia, propusieron nuevas medidas para frenar el influjo de extranjeros.
