En soterrado anticipo de escenarios hoy en boga, Colombia es desde hace 50 años zona de guerra entre un Estado incapaz de controlar el país y un enemigo hábil y evasivo que ha mutado en una rebelde potencia militar, económica y administrativa sin precedentes.
El enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad del Estado, la guerrilla izquierdista y los paramilitares de derecha es el fenómeno determinante de toda la situación del país, y un riesgo para la estabilidad de América Latina, coinciden analistas presentes en el tercer Foro Social Mundial Temático (FSMT).
La "guerra global y sin límites" lanzada por Estados Unidos contra "el terrorismo" y que ya ha llevado a la invasión de dos países —Afghanistán e Iraq— ha sido respaldada con entusiasmo por el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, quien ve a su país como un frente más de este combate mundial.
Pero la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y que compromete a los países a ejecutar más de 30 acciones antiterroristas, tiene un defecto esencial y es que no define el terrorismo, apuntó el jurista Federico Andreu.
Esa ambigüedad permite que los gobiernos que enfrentan conflictos tejan a su arbitrio un "marco enemigo" compuesto por una amplia gama de delitos agrupados como "terrorismo" y que incluyen la rebelión política y el tráfico de drogas y de armas, entre otros, "como si estuvieran todos interconectados", indicó.
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Andreu, consejero de la Asociación Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, señaló que la distinción entre los delitos políticos, los comunes y el terrorismo es vital para el derecho internacional.
El delito político, incluida la rebelión armada, tiene tipificada una serie de garantías, como la no extradición y la posibilidad de amnistía, que otros no tienen, aclaró ante el auditorio del FSMT que finaliza este viernes.
Aunque el concepto de terrorismo no está oficialmente definido por la ONU, hay más de 20 convenciones que tipifican los actos terroristas y también delitos políticos de extrema gravedad, que involucran genocidio, tortura y crímenes de guerra, cuyas consecuencias penales son de mayor rigor que otros crímenes.
En los países árabes se considera terrorismo la "perturbación de las actividades del Estado", lo cual podría llevar a considerar terrorista una huelga que afecte los servicios públicos, dijo Andreu a modo de ejemplo.
El gobierno peruano de Alejandro Toledo, al enfrentar una serie de huelgas este mes, denunció la "masiva infiltración de grupos terroristas" en los sindicatos y decretó el estado de emergencia, agregó.
El jurista incluyó en esa tendencia la resolución de la Unión Europea de eliminar trabas para extraditar a acusados de terroristas, pues "rompe el principio jurídico de que una extradición procede únicamente cuando el delito está igualmente tipificado en los dos países involucrados".
Esto permite extraditar a un ciudadano por haber cometido un delito político en un país, que no necesariamente es tal en la nación anfitriona.
Por su parte, el abogado español Ignacio Saíz, director adjunto del programa latinoamericano de Amnistía Internacional, dijo que el gobierno estadounidense de George W. Bush ha sembrado la percepción de que en la lucha global entre "el bien y el mal" -en que Washington representa el bien— son subsidiarias la ley internacional y los convenios de protección humanitaria.
En tanto, el presidente colombiano Uribe lanzó en agosto de 2002, al asumir el cargo, una agresiva política contra la guerrilla izquierdista, en particular contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que controlan cerca de 40 por ciento del territorio de ese país.
Las FARC, así como los paramilitares que se les enfrentan, están vinculados directa o indirectamente con el tráfico de drogas, según coinciden los analistas colombianos, pues operan en las extensas áreas de cultivo de coca y adormidera, y son responsables también de violaciones de los derechos humanos.
El director de la Asociación Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, reveló que, en una reunión sostenida con los grupos de derechos humanos la semana pasada, Uribe declaró que su gobierno no hará distinción entre combatientes y no combatientes en las zonas de conflicto.
Esa postura "pone a la mayoría de la población en grave peligro", pues la clasificación de combatiente se hace "no como un grado, un honor o un abolengo" sino precisamente para proteger a los que no están armados y no participan de la guerra, comentó Gallón.
Estados Unidos, que sostiene política, financiera y militarmente la estrategia de Uribe, incluyó a las FARC en su lista de organizaciones terroristas y, por tanto, susceptibles de ser objeto de acciones militares directas según la estrategia global adoptada por Washington tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Gallón señaló que Uribe, al considerar a toda la población colaboradora del gobierno en su lucha contra el terrorismo, intenta convertir "a toda la ciudadanía" en una gigantesca red de informantes dirigida por las comandancias militares.
Por eso, el investigador Carlos Romero, de la Universidad Nacional de Colombia, se preguntó cómo es posible que el gobierno colombiano desconozca el carácter político de una guerra, "que involucra todo el país, todo el territorio nacional".
Sin embargo, coincidió con Gallón en que la estrategia anunciada por el fiscal general, Camilo Osorio, de que la guerra civil se resuelve "a plomo" es apoyada "por una buena parte de la sociedad colombiana", especialmente en las ciudades.
"La gente se pregunta 'si no es a plomo, entonces ¿cómo?'. El predominio de la lógica militar en ambos bandos lleva a una tragedia humanitaria", advirtió Romero.
