Una activista estadounidense efectuó su particular invasión a Iraq para identificar a las víctimas civiles de la guerra conducida por Washington desde el 20 de marzo.
La fundadora y directora de la Campaña por las Víctimas Inocentes de Conflictos (Civic), Marla Ruzicka, una californiana de 26 años, quiere que Estados Unidos muestre un compromiso humanitario claro ante la situación que originó su propia acción militar.
”Se puede estar o no a favor del conflicto en Iraq, el problema es que los civiles no deberían ser dañados, como lo son con demasiada frecuencia. Intentamos llamar a la responsabilidad al gobierno de Estados Unidos y a otros”, dijo Ruzicka a IPS en Bagdad.
Las autoridades ocupantes no dieron respuesta a las preguntas de la activista, a pesar de que Civic recibió para su tarea aportes financieros de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid).
Ruzicka y un equipo de 150 voluntarios iraquíes entrevistan a familiares, personal de hospital y médicos en todo el territorio iraquí para estimar las bajas civiles ocurridas a causa del conflicto armado y establecer la circunstancia de las muertes.
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Civic estableció oficinas en varias ciudades, como Basora, en el sur, y la capital, en el centro. Ahora, Ruzicka planea contratar personal en el norte.
Ruzicka sólo publicará un informe cuando haya completado la investigación, que se refiere a las víctimas de la guerra y no a las del régimen del presidente Saddam Hussein, quien desapareció en medio de la invasión tras gobernar Iraq durante 24 años.
La ley que asignó 78.500 millones de dólares al financiamiento del conflicto obliga a Washington a ”proveer asistencia apropiada” a los civiles iraquíes que sufrieron pérdidas en la guerra, recordó Ruzicka.
Pero el gobierno de George W. Bush aún no decidió cuánto gastará en compensaciones y de dónde procederá ese dinero, aunque el Departamento (ministerio) de Defensa estadounidense ya destinó 2.500 millones de dólares a proyectos para la reconstrucción de Iraq.
Dada la naturaleza poco transparente del régimen de Saddam Hussein, el equipo de Civic deberá determinar sin sombra de duda qué víctimas eran civiles y en qué casos se trataba de personal militar.
”Eso solo requiere un poco de investigación. Los hospitales mantienen registro de sus pacientes que indican quién era civil y quién militar”, dijo Ruzicka, quien trabajó en el equipo del senador estadounidense Patrick Leahy, de opositor Partido Demócrata y patrocinante de la ley.
”Creo que los médicos mantienen archivos apropiados y que nos dirán la verdad”, agregó.
Pero el equipo de Civic está haciendo más que eso, aseguró. ”Nos hemos dirigido a las familias, ido a sus casas y hablado con sus vecinos para tener una idea de quiénes eran las víctimas. No es muy difícil, y el Pentágono (Departamento de Defensa) debería estar haciéndolo por sí mismo”, sostuvo.
Sin embargo, el Pentágono se ha negado hasta ahora a desarrollar su propia investigación sobre las bajas civiles en los ataques de la coalición invasora. Cálculos extraoficiales ubican la cifra entre 5.000 y 10.000 civiles iraquíes, además de 75.000 militares.
La partida de dinero recibida por Civic de Usaid habrá solventado el trabajo de los próximos tres meses. Esta agencia es el organismo oficial estadounidense responsable, en última instancia, de asignar las compensaciones a los civiles afectados por la invasión y de financiar proyectos relacionados.
Muchas otras agencias independientes que participan en tareas humanitarias en Iraq han procurado mantener distancia con Usaid. Pero Civic cree que ”los civiles necesitan asistencia cuando son perjudicados por un conflicto”, dijo Ruzicka.
La implementación plena del mandato del Congreso legislativo estadounidense depende de que se determine sin lugar a discusión la cantidad de bajas civiles, recordó Ruzicka, quien acotó, de todos modos, que el sufrimiento humano no es un juego de números.
Aún está por verse si Ruzicka tendrá éxito en su tarea de torcer el brazo del gobierno estadounidense para que corrija al menos algunas de las graves fallas que exhibió en la guerra en Iraq.
En el caso de Afganistán, el Congreso legislativo también aprobó una ley para asistir a los civiles perjudicados por el ataque que Estados Unidos encabezóen octubre de 2001.
Sin embargo, Ruzicka advirtió que los afganos recibieron muy poco de ese dinero, y que el Poder Legislativo estadounidense no exigió más acciones.
”Pero Afganistán era un caso diferente. Había una cantidad limitada de dinero y pocas organizaciones no gubernamentales con capacidad para trabajar en el terreno y dispuestas a eso”, sostuvo la activista.
