La violencia en los espectáculos de fútbol de América del Sur sigue casi tan campante como hace una década, luego de leyes y otras medidas para combatirla que sólo lograron el efecto de tímidas tarjetas amarillas de amonestación.
En las raíces de este fenómeno se entrecruzan a menudo los factores sociológicos con oscuras maniobras de dirigentes, mientras los estadios dejan de ser lugares aptos para la familia y los aficionados comunes ya no siguen a su equipo favorito, según expertos consultados por IPS.
En Argentina murieron cuatro hinchas en 2002 y otros dos en lo que va de este año en enfrentamientos entre barras bravas, pese a que rige desde 1994 la Ley de Violencia en los Espectáculos Deportivos.
El presidente argentino Néstor Kirchner, poco después de asumir el cargo el 25 de mayo, creó la Secretaría de Seguridad Deportiva y puso al frente de ella al ex árbitro de fútbol Javier Castrilli.
El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva mostró igual preocupación al promulgar el 15 de mayo el Estatuto del Hincha, que establece normas de seguridad para los estadios.
Sin embargo, en Brasil, como en otros países de la región, los desbordes criminales de las pasiones por un equipo de fútbol no tienen como único escenario los campos deportivos.
El sambódromo de Sao Paulo, donde compiten los conjuntos carnavalescos, sirvió de campo de batalla el 22 de febrero para las comparsas organizadas por los clubes Palmeiras y Corinthians, con el resultado de dos personas muertas y cinco heridas graves.
Ese mismo día falleció una tercera persona de un balazo en la cabeza, cuando fanáticos del club Sao Paulo atacaron a tiros a seguidores del Corinthians.
En Chile, a casi nueve años de la promulgación de la ley de Violencia en los Estadios, también el balance es paupérrimo en términos de castigos legales efectivos contra autores de delitos tipificados en esa normativa. Especialistas en la materia dijeron a IPS que se debe reformar esa norma para darle efectividad.
Uruguay se sumó al auge legalista. En 1993 entró en vigor una norma que permite a jueces penales y de menores procesar, con arreglo a la convicción moral, a detenidos por supuestos actos vandálicos en espectáculos deportivos.
Pero el sociólogo Rafael Bayce, profesor de la estatal Universidad de la República, comentó a IPS su coincidencia con varios juristas que consideran a esa norma un disparate legal por establecer un procedimiento inconstitucional.
Así, Uruguay, donde predomina la tradicional rivalidad entre Peñarol y Nacional, agregó a fines de los años 90 otro instrumento antiviolencia en su código penal, al aprobarse una ley de seguridad ciudadana que, entre otras disposiciones, obliga a los presuntos violentos a permanecer en su domicilio cuando juega su equipo preferido.
En tanto, la violencia endémica de Colombia no podía dejar afuera el fútbol profesional, en cuyos anales constan asesinatos de árbitros cuando se disputaban los partidos.
Otro hecho de violencia que impactó al mundo fue el homicidio el 2 de julio de 1994 en la noroccidental ciudad de Medellín del defensa Andrés Escobar, castigado así por el autogol que marcó mientras jugaba para la selección de su país en la Copa del Mundo de ese mismo año en Estados Unidos.
Colombia no tiene ley sobre violencia en centros deportivos, pero en noviembre el alcalde de Medellín, Luis Pérez, clausuró por 10 fechas la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot, luego de que hinchas del equipo local, Nacional, lanzaran piedras y bengalas a la cancha en un partido con San Lorenzo, de Argentina.
Con o sin leyes, las riñas, agresiones y enfrentamientos entre miembros de distintas barras brava o entre éstos y policías son recurrentes en el fútbol sudamericano y han dejado un saldo de víctimas muy alto, como en Argentina con 148 muertos desde 1939, indicó a IPS el sociólogo y periodista Sergio Danishewsky, editor de Deportes del diario argentino Clarín.
Sólo en los años 90, la década en que los hechos de violencia más aumentaron, hubo 29 fallecidos y entre 2000 y 2003 ya se produjeron 12 muertes, precisó.
La justicia argentina nunca esclareció el origen de la avalancha del 23 de junio de 1968 en la puerta 12 del estadio de River Plate, al término de un clásico contra Boca Juniors, donde murieron 71 espectadores.
Las barras bravas son el referente obligado del vandalismo en el fútbol y una lectura ligera, según Danishewsky, lleva a considerarlas una simple y lógica prolongación de la violencia latente que enmarca la vida social.
Sin embargo, esas barras surgieron en Argentina como grupos de choque en luchas internas de los clubes, muchas veces vinculadas con fuerzas políticas, y con el tiempo se les escaparon de las manos a los dirigentes, explicó el experto.
Crecieron y se desarrollaron a partir de una alianza con los dirigentes, muchos de los cuales las bancaron (financiaron), las usaron en las elecciones de clubes y les dieron letras para cantar en contra de un técnico o determinado jugador, añadió.
La alianza entre dirigentes y barras bravas provoca debate también en Chile, donde presidentes de clubes, como el médico René Orozco, de Universidad de Chile, se niega a empadronar a Los de abajo, la barra oficial del club, dejando así sin efecto una de las disposiciones clave de la ley de 1994.
El periodista de deportes Alvaro Sanhueza, de la estatal Televisión Nacional de Chile, sostuvo ante IPS que Los de abajo, igual que Garra blanca, de Colo-Colo, y otras barras bravas dan pie a actuaciones de elementos del lumpen, que dan rienda a su disposición al vandalismo en los estadios.
En Chile hay coincidencia en la necesidad de reformar la ley, potenciando instrumentos técnicos de control, como las cámaras de vigilancia, y protegiendo a los residentes en las cercanías de los estadios.
Felipe Chaigneau, encargado de prensa de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, advirtió a IPS que en la agenda parlamentaria hay otras prioridades, que postergan las reformas a la ley de violencia y la transformación de los clubes en sociedades anónimas para así profesionalizar su dirigencia.
La ley ha posibilitado condenas menores, de 541 días de presidio y conmutables por trabajo comunitario, a simpatizantes y jugadores que cometieron agresiones, como la aplicada al uruguayo Joe Bizera, de Peñarol, que en agosto de 1999 agredió al árbitro Christian Lemus en un partido en Santiago.
Sandor Voisin, de Garra Blanca fue sentenciado a cinco años de cárcel por el homicidio frustrado de Manuel Saavedra, a quien apuñaló el 3 de diciembre de 2000 en el estadio de Colo-Colo en una disputa por el liderazgo de la barra. La sentencia, en trámite de apelación, es la más drástica dictada hasta ahora.
Pero es un caso excepcional, pues en general ha habido poca disposición de los tribunales (chilenos) a aplicar la ley de Violencia en los Estadios, dijo a IPS el abogado Roberto Salim- Hanna, profesor de la privada Universidad Finis Terrae.
Por eso tribunales y dirigencias están con tarjeta amarilla. Marcilio Krieger, abogado experto en Derecho Deportivo, explicó a IPS que el Estatuto del Hincha en Brasil se aprobó en última instancia como un 'castigo' a ciertos dirigentes de clubes de fútbol.
La desesperanza genera violencia, señaló Krieger, quien atribuyó los actos vandálicos en los estadios a la conjunción del lumpen con el desempleo, la bebida y el espíritu de manada.
* Con aportes de Marcela Valente (Argentina), Mario Osava (Brasil), Yadira Ferrer (Colombia) y Darío Montero (Uruguay)
