La corriente a favor de la despenalización de las drogas no ha podido mellar aún el espíritu prohibicionista que alienta la guerra contra ese flagelo en el mundo y que se instaló con tanta fuerza como la comida rápida o la música pop.
”El imperialismo cultural incluye la prohibición a las drogas”, señaló este viernes la estadounidense Sharda Sekaran, quien compartió con juristas y otros expertos el último día de sesiones del Foro Social Mundial Temático, iniciado el lunes en la septentrional ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
El común denominador de las campañas antidrogas cuando se implantó la prohibición era atribuirles poder de desencadenar comportamientos agresivos contra la moral de las clases dominantes, recordó la experta.
Sin embargo, antes de que entraran en vigor las leyes represivas las consumidoras eran ”mujeres blancas de la clase media y alta”, apuntó Sekaran, de la Drug Policy Alliance, un grupo con sede en Nueva York que se opone a la estrategia de lucha contra las drogas de Estados Unidos.
Los especialistas coincidieron en que es paradójico, aunque explicable, que la política de represión cobre fuerza, pese a que las estadísticas muestran que se mantiene estable el área de cultivos ilegales, que aumentan los consumidores habituales y ocasionales, que se expande el mercado y crece el flujo de dinero del narcotráfico.
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También desde el ángulo clínico se presentaron en el Foro de Colombia posiciones contrarias a la satanización del uso de psicoactivos, como fue la exposición del director del Centro de Investigación sobre Drogas de Amsterdam, Peter Cohen.
En una década de seguimiento a consumidores de opiáceos no se ha hallado ”nada” y, en cambio, se ha establecido que hay una tendencia a la disminución del consumo a partir de 10 años de hacerlo, cuando ya no es funcional a la optimización de experiencias recreativas, puntualizó.
Aunque tendencia en favor de la despenalización suave y de la liberalización está en alza, la cruzada contra el terrorismo lanzada por Estados Unidos en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington le dio un nuevo aliento a los partidarios del bando de ”tolerancia cero”.
Tal vez, los partidarios a favor y en contra de la despenalización de las drogas van en sintonía con los sentimientos hacia Washington.
El constitucionalista colombiano Rodrigo Uprimny determinó cuatro grandes categorías de las tendencias de la aplicación del derecho penal frente al asunto de las drogas.
Dos de ellas son ”la penalización dura desde el cultivo hasta el consumo, que da como resultados el aumento de los precios, la penalización suave, con reducción de los riesgos y que toma en cuenta los derechos del consumidor y plantea su reintegro a la sociedad”, explicó.
El cuadro se completa con la legalización regulada, equivalente a la que rige para el alcohol en los países occidentales, y la despenalización extrema, ajustada a un concepto libertario del derecho que reconoce la autonomía personal”.
Uprimny citó el caso de su país como ejemplo del debate actual en el mundo. Las normas de 1991 despenalizaron la tenencia de dosis de drogas para consumo personal, mientras que el referendo impulsado por el gobierno de Alvaro Uribe incluye un artículo que las deroga.
Es un ”paradigma envolvente” el efecto de reforzamiento mutuo entre la política local y global contra las drogas, precisó.
Colombia, que produce 80 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos y Europa y es el tercer productor mundial de opio después de Afganistán y Birmania, es el ejemplo más recurrente de la contradicción fracaso-éxito de la lucha antidrogas.
Ricardo Vargas, analista de asuntos narcotráfico de la organización no gubernamental Acción Andina, informó que en los últimos años el área de plantaciones de coca en la cuenca andino- amazónica ha fluctuado en torno a las 200.000 hectáreas.
Es como si una franja de esa extensión se desplazara entre Colombia y Perú según el énfasis de la represión militar a los cultivos ilícitos, sin que se afecte el mercado que según parece está bien abastecido, comentó Vargas a IPS.
Por su parte, Henry Salgado, del bogotano Centro de Investigación y Educación Popular, dijo a IPS que ”la represión a la producción y al consumo, lejos de resolver la problemática la ha incentivado”.
La razón de ese fenómeno es que en la medida que se aumenta el riesgo se estimulan los precios, tanto del producto final como de los insumos para su producción, procedentes de los países industrializados, sostuvo este experto que coordinó el eje temático de cultivos ilegles e iniciativas alternativas, política antidrogas y narcotráfico del Foro de Cartagena.
A su vez, Martín Jelsma, cocoordinador del programa Drogas y Democracia del Transnational Institute de Holanda, puso en duda el cumplimiento de la meta de reducción de la producción y consumo de cocaína, opio y cannabis para 2008.
Esa es la meta fijada en abril por el Programa del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de las Drogas.
Jelsma recordó, con ironía, que ya en 1961 se había fijado un plazo de 15 años para eliminar el consumo de opio y de 25 años para acabar con la cocaína y la marihuana.
En tanto, Sekaran vlvió a referirse a la política de Estados Unidos al señalar que, aunque los gobiernos de ese país han alentado el combate contra las drogas como asunto de seguridad, en el origen de las leyes que prohiben el consumo de opio, cocaína y marihuana se perciben propósitos de discriminación racial.
La ”ley antiopio”, aprobada en 1902, buscó estigmatizar a los inmigrantes chinos que trabajaban en los ferrocarriles del occidente de Estados Unidos, observó.
También el uso de cocaína se vinculó con los trabajadores afrodescendientes del meridional estado de Louisiana, donde muchas veces eran los hacendados los que suministraban dosis del estimulante para aumentar la producción en las plantaciones.
Las sucesivas campañas condujeron a que la cannabis se le trocara su denominación científica por la de marihuana, con la intención de asociarla con los inmigrantes mexicanos, agregó Sekaran.
El hecho de que hoy 500.000 de los dos millones de presos estadounidenses estén acusados de delitos no violentos relacionados con el uso o comercio de psicoactivos y que 55 por ciento de ellos sean negros y 22 por ciento de origen hispano, evidencia el carácter étnico de la lucha antidrogas, afirmó.
