La Corte Penal Internacional es la punta de lanza que penetrará las estructuras de apoyo de quienes deprecian la condición humana, dijo este miércoles el juez Baltasar Garzón en la presentación en España de un manual para víctimas de abusos a los derechos fundamentales.
El acto realizado en Madrid donde se dio a conocer la guía práctica para las personas que recurran a ese tribunal mundial en busca de justicia fue presidido por Garzón, quien fue acompañado por el presidente de Reporteros Sin Fronteras (RSF), el español Fernando Castelló, y su secretario general, el francés Robert Ménard.
También estuvo presente el periodista francés Pierre Hazan, autor de la guía editada por la Red Damocles, cuya presidencia de honor ostenta Garzón y es el brazo judicial de RSF, la organización no gubernamental de periodistas con sede en París.
Ménard explicó que la estructura de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que calificó de ”maravillosa idea”, es muy complicada y sus normas difíciles de entender, por eso es que se encomendó a Hazan escribir un Manual de Uso en términos comprensibles para cualquier persona.
Por su parte, el juez español Garzón señaló a IPS, tras la presentación del manual, que ”luchar contra la violación de los derechos humanos no sólo se puede sino que se debe hacer”, y ”es una obligación de todos”, más allá de que se sea víctima o no.
La CPI es una solución ”que, aunque no es definitiva ni tiene asegurado su pleno funcionamiento, es la mejor que se ha logrado hasta ahora y un importante paso adelante”, dijo el juez conocido fuera de su país por haber pedido la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, ante lo cual fue detenido en 1998 en Londres.
Garzón subrayó que la CPI ”es y deberá ser como la punta de lanza que busca el corazón del dragón y que todos empujamos para que penetre en todas las estructuras en las que se apoyan aquellos que deprecian la condición humana, desde el poder o fuera del mismo”.
Este tribunal instalado en La Haya puede investigar y juzgar casos de genocidio y de crímenes de guerra y contra la humanidad, delitos que no prescriben, según lo establecido en el Estatuto de Roma de 1998 que le dio vida, firmado por 139 países pero que hasta ahora ha sido ratificado sólo por 90.
La CPI sólo podrá procesar a sospechosos de perpetrar esos crímenes cometidos luego del 1 de julio de 2002, fecha en que entró en vigor el Estatuto, y sólo si el acusado es un ciudadano de un país firmante o si el delito se cometió en una de esas naciones.
Estados Unidos es uno de los países que quedó fuera del alcance del tribunal, al igual que otras muchas naciones involucradas en conflictos cuyos responsables serían candidatos naturales a sentarse en el banquillo.
El gobierno estadounidense de Bill Clinton (1993-2001) firmó el 31 de diciembre de 2000 el Estatuto de Roma promovido por la Organización de las Naciones Unidas, pero su sucesor, George W. Bush, retiró esa adhesión a través de una carta enviada en mayo de 2002 a los funcionarios el foro mundial encargados de organizar la Corte.
Washington logró luego, bajo coacciones según Hazan, que 40 países firmaran tratados bilaterales para impedir que ciudadanos estadounidenses puedan ser juzgados por este tribunal, que tiene como fiscal al argentino Luis Moreno Ocampo desde el 16 de junio.
Moreno Ocampo, quien fuera el fiscal adjunto en el juicio donde se condenó a cadena perpetua a los hoy indultados jefes de la dictadura militar argentina (1976-1983), será precisamente el encargado de clausurar el 4 de julio el curso que dirigirá en España Garzón sobre ”Etica y violencia de género”.
La guía de acceso a la CPI hace hincapié en que por primera vez las víctimas son protagonistas de procesos judiciales, pues ahora tienen la facultad de impulsar al fiscal Moreno Ocampo a iniciar una investigación, como ya lo han hecho casi cuatro centenares de personas, explicó Castelló.
Para ello basta con escribir a la dirección que se consigna en la Guía, a la sede de la CPI en La Haya, apuntó.
Pero las víctimas además podrán declarar ante la Corte, participar en las actuaciones desde que comience la investigación, tener acceso a los documentos, interrogar al acusado y obtener rápidas reparaciones.
Castelló sostuvo que RSF defiende a los periodistas y persigue judicialmente a quienes violan los derechos humanos, pero lo hace con todos y no sólo a los que atacan a sus colegas, ”y esta guía ayudará a que los verdugos no duerman tranquilos”.
Tanto Garzón como los dirigentes de RSF se detuvieron en el caso de la base de Guantánamo, el enclave militar estadounidense en la isla de Cuba, donde están alojados cientos de personas hechas prisioneras en Afganistán, aisladas, sin procesos judiciales ni abogados.
En Guantánamo ”se están violando los derechos humanos más elementales”, coincidieron.
El Manual de Uso, que puede ser bajado íntegramente desde el sitio en Internet http://www.rsf.org, en español, inglés y en francés, describe las competencias de la CPI, los crímenes y criminales que puede juzgar, la ausencia de inmunidad y sus reglas de funcionamiento.
También enumera los obstáculos y desafíos de la CPI, los procedimientos, las reparaciones y direcciones útiles, que incluyen las de la Corte, así como las de otros tribunales internacionales y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la defensa de los Derechos Humanos.
Hazan puntualizó que el gran desafío es que no se haga justicia selectiva y puso como un ejemplo negativo la actitud ante Serbia.
Si ese país no acepta la jurisdicción del tribunal de justicia de La Haya, es castigado, pero también lo sería por Estados Unidos si apoyara a la CPI, incorporándose al centenar de países que ya la han hecho, sostuvo.
Ménard, a su vez, indicó que ”Estados Unidos se opone más que nunca a la primera jurisdicción internacional permanente”, y esto es así ”porque teme que se convierta en un instrumento político hostil a sus intereses y sobre todo que afecte a sus soldados que operan en el extranjero”.
