Organizaciones sociales y humanitarias de Argentina aplauden al nuevo gobierno por cambiar los mandos de la Policía Federal y articular un nuevo marco institucional para afrontar la creciente inseguridad, pero demandan otras medidas para sanear las fuerzas policiales.
El presidente Néstor Kirchner creó un ”gabinete de seguridad” para coordinar ”todo el esfuerzo nacional de seguridad con la (oriental) provincia de Buenos Aires”, donde se cometen la mayor cantidad de delitos del país, explicó el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz.
El nuevo comando político tendrá a su cargo la acción conjunta de la policía federal, con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires y delegaciones en todas las provincias, la policía provincial, la prefectura naval y la gendarmería, con colaboración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Esa decisión fue adoptada tras el relevo de 10 jefes de la policía federal, toda la cúpula de esa institución menos su director general, el comisario Roberto Giacomino.
”En general, vemos con preocupación la proliferación de fuerzas represivas en América Latina, pues luego terminan dirigiéndose no contra la amenaza de la delincuencia sino a sofocar la protesta social”, dijo a IPS el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Atilio Borón.
Pero Kirchner manifestó que no quería ver más acciones policiales dirigidas a ”criminalizar” las protestas sociales.
El presidente, que asumió el 25 mayo y ha llevado a cabo desde entonces varios cambios drásticos en instituciones clave, aseguró que esperaba de Giacomino y de los nuevos jefes ”un gran trabajo de prevención, pero también firmeza contra el delito”.
”No nos oponemos a una política enérgica en materia de seguridad, pero en los últimos 20 o 30 años en la región, estos planes se han desviado hacia otros objetivos. Hay que estar muy alertas”, apuntó Borón.
”Si se establece un marco institucional y controles ciudadanos y legislativos para garantizar que los esfuerzos se enfocarán contra los delincuentes y en favor de la seguridad pública, la tesitura sería otra”, aclaró.
La depuración aún no terminó en la policía federal, que cuenta con 32.000 efectivos para velar por la seguridad de los cuatro millones de habitantes de la capital e intervenir en casos federales.
Las autoridades informaron que serán evaluados los 53 oficiales que están al frente de las comisarías de Buenos Aires.
Beliz indicó que este mes comenzarán las acciones conjuntas de las fuerzas conducidas por el ”gabinete de seguridad”, que él encabezará junto con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero.
Las operaciones conjuntas se vincularán en especial con los casos de secuestro, el narcotráfico y el robo de vehículos.
La decisión de remover a la cúpula de la policía federal fue bien recibida por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, aunque su presidenta, Hebe de Bonafini, criticó duramente la presencia de Beliz en el gobierno.
”Nos parece bien que se los retire, que se descabece la cúpula”, pero ”eso también encierra un peligro porque, como ocurre habitualmente, esas personas salen de las fuerzas y forman agencias de seguridad que son contratadas para que vigilen vecindarios, siguen teniendo armas y usándolas”, dijo a IPS la activista.
De Bonafini pidió a Kirchner, durante una entrevista en la casa de gobierno, que separara de su cargo a Beliz, quien fue ministro del Interior del ex presidente Carlos Menem (1989-1999), y afirmó que ”no concuerda con el resto del gabinete” porque ”es un hombre del Opus Dei (organización católica conservadora), casi fascista, ligado a grandes capitales”.
Sin embargo, también destacó una diferencia positiva entre el presidente y sus predecesores, al sostener que ”Kirchner no es como los demás”, y que ”ha empezado a hacer algunas de las cosas con las que todos estuvimos soñando desde hace mucho tiempo”.
Los cambios necesarios en la policía federal tienen que ver con ”la cultura institucional, la estructura de la fuerza y la falta de controles”, dijo a IPS Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Es una institución en la que ”la violencia es premiada”, en vez de priorizar que ”la ley es el límite y que se deben respetar los derechos humanos”, opinó.
”El gobierno da señales de cambio, pero la permanencia de Giacomino está en las antípodas” de ese proceso, agregó Palmieri.
Lo más importante no es el cambio de figuras, sino la definición que el gobierno haga de su política de seguridad, comentó la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
Esa organización (CORREPI) brinda representación legal a las víctimas de la represión, generalmente adolescentes y jóvenes pobres.
”Los cambios son secundarios en la medida en que la política de seguridad esté basada en resortes represivos y no en la prevención del delito y de sus causas”, aseveró Verdú, quien criticó la designación de Béliz y la del secretario de Seguridad, Norberto Quantin, por considerarlos impulsores de ”la línea de tolerancia cero y mano dura”.
La creciente violencia hace que la seguridad sea uno de los principales reclamos de la población.
En los últimos años ”ha tenido lugar un fuerte deterioro de la seguridad pública, en el contexto de un claro agravamiento de la situación económica y social”, sostuvieron los autores de una investigación del Centro de Estudios Nueva Mayoría.
El aumento de la inseguridad se registra en todo el país, pero es más marcado en Buenos Aires y su área metropolitana, que suman una población de más de 13 millones de personas, indicaron.
Un síntoma de esa situación es que ”la cantidad de policías federales y bonaerenses en actividad muertos por la delincuencia se ha incrementado significativamente durante los últimos años”, según el estudio.
En 1999 falleció de ese modo un policía cada 9,9 días, y en el primer cuatrimestre de este año, uno cada 4,2 días.
”Cuatro de cada cinco policías abatidos lo fueron en enfrentamientos contra la delincuencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, lo que revela la situación de inseguridad que vive el distrito”, subrayó Nueva Mayoría.
Por otra parte, ”el aumento de los policías muertos por la delincuencia indica que el resto de los delitos -entre ellos, secuestros y asaltos- sobre los cuales muchas veces se tiene información parcial, se están incrementando también”, apuntó.
El Centro registró que de enero de 2002 hasta los primeros 15 días de este año hubo 290 secuestros extorsivos, o sea uno cada 36 horas.
La creciente frecuencia de ese tipo de delito hace que el gobierno espere la aprobación parlamentaria de dos proyectos de ley ”antisecuestro”.
Uno de esos proyectos otorga a los fiscales nuevas y mayores atribuciones, entre ellas la de actuar fuera de sus jurisdicciones, y las de realizar allanamientos u ordenar escuchas telefónicas sin orden judicial.
El otro proyecto de ley eleva las penas para el secuestro cuando las víctimas sean mujeres embarazadas o ancianos, y cuando los captores sean o hayan sido empleados públicos.
También crea la figura del ”arrepentido”, al que se le reduciría la pena a cambio de información, y autoriza al Estado a expropiar los inmuebles usados en secuestros, para emplearlos en programas de asistencia a víctimas.
El mismo proyecto establece un sistema de protección de testigos y un fondo destinado a pagar recompensas a informantes.
