Hace medio siglo que la vida política e institucional de varias provincias argentinas es dominada por clanes familiares, con una impunidad que se tambalea ante masivos reclamos de justicia por asesinatos de jóvenes, en los que están involucrados allegados al poder.
Dos jóvenes mujeres, Leyla Bshier Nazar, de 22 años, y Patricia Villalba, de 26, fueron brutalmente asesinadas a comienzos de este año en Santiago del Estero, capital de la septentrional provincia homónima.
Según un testigo de identidad reservada, Nazar murió por sobredosis de la cocaína que le dieron en una fiesta, organizada en la vecina provincia de Catamarca por funcionarios e hijos de empresarios, políticos y miembros del gobierno santiagueño, conocidos como ”los hijos del poder”.
De acuerdo con esa versión, en la fiesta participaron, entre otros, un diputado provincial, el defensor del pueblo de Santiago del Estero y uno de los hijos del vicegobernador de Santiago del Estero, Darío Moreno, quien renunció el 4 de junio en medio del escándalo.
Los restos de las jóvenes se encontraron el 6 de febrero en un descampado, en las afueras de la ciudad. De Nazar sólo se hallaron algunos huesos, porque fue descuartizada y quemada para dificultar su identificación. Villalba fue torturada y estrangulada.
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”Santiago es un feudo. Hace 50 años que aquí existe una impunidad total, que los jueces tienen una dependencia absoluta del gobierno provincial que los designa y a quien deben complacer al momento de administrar justicia”, dijo a IPS el abogado Héctor Adle, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
”Aquí la impunidad es atroz, hay más de 60 asesinatos sin resolver, en su mayoría de jóvenes, más de 100 casos de golpizas y torturas, 12 chicas desaparecidas al salir de la misma discoteca, suicidios extraños, cadáveres mutilados que aparecen flotando en el río”, sostuvo el coordinador de la filial local del grupo Madres del Dolor, Jorge Vidal.
Madres del Dolor reúne a familiares de jóvenes asesinados en circunstancias no aclaradas y, por lo general, vinculadas con la violencia institucional. La filial de Santiago del Estero fue fundada hace seis años por Vidal y su esposa, Teresa Prola, junto con otros padres.
”Los santiagueños están imbuidos de una gran tristeza por lo sucedido, pero también de una gran esperanza. Han comenzado a perder el miedo después de haber vivido en constante temor por los crímenes, la coacción y las amenazas” que sufren los que se enfrentan ”a la pareja gobernante”, comentó Adle.
La ”pareja gobernante” son la gobernadora Mercedes Aragonés y su esposo Carlos Juárez, viejo caudillo del Partido Justicialista (PJ), quien a los 86 años todavía controla la provincia.
Para el sociólogo Marcos Novaro, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), regímenes como el de Santiago del Estero ”surgen en democracia, pero se convierten en una forma de poder que se autorreproduce, transformándose en una perversión del juego democrático”.
Novaro destacó que esos regímenes, ”que en los últimos 20 años han acumulado muchas tensiones políticas”, son ahora ”más violentos y más frágiles frente a la opinión pública”.
”Son gobiernos que no vienen de una tradición oligárquica, sino que comienzan controlando el Estado, de donde obtienen dinero y se enriquecen, y recurren a la violencia para controlar a la población”, indicó.
En ese sentido, Santiago del Estero se parece a Catamarca, controlada desde los años 50 por la familia Saadi, un poderoso clan integrante del PJ. También hay semejanzas entre la muerte de Nazar y la de María Soledad Morales, quien falleció por sobredosis en Catamarca en 1990.
Morales murió en una fiesta en la que había sido violada por Guillermo Luque, cuyo padre era, en ese momento, un diputado nacional enrolado en el PJ.
Esa muerte conmovió a los catamarqueños y dio origen a un reclamo popular sin precedentes en Argentina que terminó con la caída del entonces gobernador de la provincia, Ramón Saadi.
”Santiago no es Catamarca, ni nosotros somos los Saadi”, dijo Aragonés, quien destacó que en el caso Morales el gobierno catamarqueño encubrió lo ocurrido, y que ella echó ”de un plumazo” a quienes incurrieron en irregularidades en la investigación de los asesinatos de Nazar y Villalba.
La gobernadora aseguró que esos crímenes no afectarán a su administración. ”Cuando uno lleva 50 años (en el gobierno), el pueblo lo sigue porque tiene percepción de lo que es auténtico, porque sabe que lo queremo y porque vivimos pensando qué más podemos hacer por los santiagueños”, arguyó.
Por otra parte, la familia del ex presidente Carlos Menem (1989- 1999) y la de su ex esposa Zulema Yoma han controlado la provincia de La Rioja, vecina a Catamarca, desde 1973, cuando él fue elegido gobernador por primera vez.
Menem conservó ese cargo, salvo durante la dictadura militar de 1976-1983, hasta que asumió la presidencia, y la provincia sigue controlada por sus partidarios.
El caso riojano es similar a los de Santiago del Estero y Catamarca, aunque sea menos antiguo, pero se diferencia de los de las provincias de Corrientes, al noreste, y de Salta, al noroeste, donde ”el poder está en manos de familias tradicionales”, evaluó Novaro.
”Esas familias tienen el control de la tierra y el control político asegurado por la tradición”, afirmó el investigador, al referirse a los Romero de Salta y los Romero Feris de Corrientes, quienes se han mantenido en el poder por cuatro décadas.
En Corrientes y Salta, ”las sociedades son más estratificadas y extremadamente clasistas”, apuntó Novaro.
En la central provincia de San Luis y la sudoccidental de Neuquén también hay familias o clanes que llevan muchos años en el poder, pero con un estilo de gobierno diferente, ”menos violento y menos primitivo, con una tendencia a la modernización”, precisó el investigador de la FLACSO.
Se trata de gobernantes ”más cuidadosos en la creación de un sistema de control político e institucional, que tienen que recurrir menos a la violencia” y ”muestran provincias mejor administradas”, agregó Novaro.
Tal es el caso de la familia Rodríguez Saá, que lleva casi un siglo vinculada con el poder en la provincia San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá gobernó su provincia desde 1983 hasta que el Congreso lo designó presidente el 24 de diciembre de 2001, y renunció a ese cargo seis días después, en medio de la crisis institucional causada por la anterior renuncia de Fernando de la Rúa (1999-2001).
A comienzos de los años 60 surgió el Movimiento Popular Neuquino, encabezado por la familia Sapag, cuyos integrantes o aliados han gobernado desde entonces la provincia, una de las principales productoras de gas y petróleo.
”En los últimos años ha cambiado el papel de los políticos provinciales, los gobernadores son ahora más importantes”, sostuvo Novaro, quien recordó que a partir de reformas institucionales de los años 90, las provincias comenzaron a hacerse cargo de la educación y la salud, antes administradas por el gobierno central.
”Ahora disponen de mayores recursos para el gasto público y rinden menos cuentas que antes”, destacó el investigador.
No obstante, Novaro consideró que las provincias ”no son todavía espacios políticos dinámicos”, sino que ”en muchos casos reproducen formas tradicionales de hacer política”, tal como lo demuestran las familias y los grupos que se mantienen en el poder desde hace medio siglo.
