El Poder Judicial argentino ordenó la detención de 10 militares por torturar y asesinar en 1976 a 22 presos políticos en Margarita Belén, en la septentrional provincia del Chaco.
La orden judicial correspondiente y la inmediata decisión de llevarla a cabo por parte del Ministerio de Defensa fueron recibidas con entusiasmo por organismos defensores de los derechos humanos.
”Lo que está sucediendo en el Chaco es muy importante, hay que destacar este tipo de decisiones”, dijo a IPS la dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Graciela Rosenblum.
Rosenblum destacó la importancia de los denominados ”juicios por la verdad”, que el Poder Judicial lleva a cabo en varias provincias para esclarecer violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura de 1976-1983, a partir de que el Estado admitió en 1999 que el derecho a la verdad no prescribe.
”Como ocurrió en este caso, en los juicios por la verdad surgen hechos que si constituyen delitos tienen que ser remitidos a otros jueces, para que inicien las causas penales correspondientes”, precisó.
El juez federal de Resistencia (capital del Chaco), Carlos Skidelsky, dispuso la captura de los 10 militares, ahora retirados, ”por homicidio agravado por alevosía y desaparición forzada de personas”, en relación con lo que se conoce como ”Masacre de Margarita Belén”.
”Tengo la obligación moral de actuar de esta manera, porque lo sucedido en Margarita Belén es una herida abierta y hay muchas familias que siguen sufriendo, no sólo por la pérdida de seres queridos, sino también por el método que se usó para eliminar a esas personas”, sostuvo Skidelsky.
Además de esos militares, también está imputado en la causa, aunque sin pedido de captura, el general Ricardo Brinzoni, ex jefe del Ejército, quien en 1976 era capitán y se desempeñaba como secretario general de la intervención militar en el Chaco.
Brinzoni, quien fue designado jefe del Ejército por el ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), declaró en 2002 como testigo en la causa que investiga la masacre de Margarita Belén.
El año pasado, en declaraciones a la prensa, Brinzoni admitió que aquella matanza fue un ”fusilamiento encubierto”, pero aseguró que no supo de lo ocurrido hasta ”mucho tiempo después”.
La destitución de Brinzoni, en el marco de la remoción de las tres cuartas partes de la cúpula de las Fuerzas Armadas, fue una de las primeras medidas adoptadas por el presidente Néstor Kirchner, quien asumió el 25 de mayo.
Skidelsky es uno de los jueces que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas en 1986 y 1987, respectivamente, que frenaron juicios contra militares y policías violadores de los derechos humanos durante la dictadura.
El fallo de Skidelsky respondió a una iniciativa presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio, para solicitar que ambas leyes fueran declaradas inconstitucionales.
En relación con esas normas y el futuro de la causa que tramita, Skidelsky se mostró optimista porque, según recordó, ”antes de dictar la detención había declarado la inconstitucionalidad de esas dos leyes, que son las que impiden la persecución penal de ese tipo de delitos”.
El ministro de Defensa informó de la decisión judicial al Estado Mayor General del Ejército, y la Gendarmería Nacional recibió instrucciones para buscar y detener a los 10 militares.
El 13 de diciembre de 1976, los militares acusados, encabezados por el coronel Jorge Larrategui, sacaron de la cárcel de Resistencia a jóvenes integrantes de organizaciones universitarias y agrarias, vinculadas con el ala izquierda del Partido Justicialista, con la intención declarada de trasladarlos a la vecina provincia de Formosa.
Cuando el grupo de vehículos en el que se desplazaban llegó a Margarita Belén, 50 kilómetros al norte de Resistencia, los militares hicieron descender en el lugar a esos jóvenes y a otras personas cuya procedencia todavía se desconoce.
Lo que siguió es lo que investiga la justicia. Hasta ahora se sabe que los jóvenes fueron torturados y fusilados, aunque para encubrir el crimen, el gobierno militar del Chaco aseguró que habían muerto en el marco de un enfrentamiento entre soldados y ”grupos subversivos”.
En aquel periodo fue frecuente que se invocaran presuntos ”traslados” y ”enfrentamientos con grupos subversivos” para disimular asesinatos de personas que estaban detenidas e indefensas.
”La ley de fuga fue moneda corriente durante la dictadura, se la aplicaban a los presos que querían eliminar”, destacó Rosenblum.
Según consta en la causa, 17 de los 22 cadáveres encontrados en el lugar pudieron ser identificados, pero todavía no se conocen los nombres de los otros cinco, correspondientes a dos mujeres y tres hombres.
En tanto, el gobierno aguarda la llegada de un nuevo pedido del juez español Baltasar Garzón, quien volvería a solicitar la extradición de 48 ex militares argentinos procesados por violación de los derechos humanos entre 1976 y 1983 en el país.
Pedidos similares, que incluían a los miembros de las juntas militares dictatoriales y a los jefes de las Fuerzas Armadas durante ese periodo, fueron rechazados por los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001).
Los fiscales de los procesos que se siguen en Madrid contra represores argentinos creen que el nuevo gobierno responderá favorablemente a una solicitud de ese tipo.
Para hacer lugar a un pedido de extradición, Kirchner debería derogar un decreto firmado por De la Rúa en 2001, poco antes de renunciar a la presidencia, que establece el rechazo genérico de esas solicitudes, sobre la base de que los delitos cometidos en el país deben ser juzgados por tribunales locales.
Por otra parte, el 10 de junio la Corte Suprema de Justicia de México concedió a España la extradición del represor argentino Ricardo Cavallo, quien era requerido por Garzón por los delitos de genocidio, tortura, secuestro y desaparición forzada de personas en Argentina durante la dictadura.
Cavallo es el primer militar extraditado desde otro país a un tercero, para ser juzgado por crímenes cometidos en Argentina. El Ministerio de Defensa y el de Relaciones Exteriores anunciaron que no realizarán gestiones ante México ni España en relación con este caso.
