Constitucionalistas y políticos de Argentina advirtieron de los riesgos institucionales que conlleva el reclamo del presidente Néstor Kirchner al parlamento de que reactive el pedido de juicio político a miembros de la Suprema Corte de Justicia.
A pesar de las reservas que surgieron, el pedido de Kirchner fue bien recibido por la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, que procedió este jueves a tramitar otra vez demandas contra el presidente de la Corte, Julio Nazareno, uno de los magistrados más criticado por sectores políticos y sociales.
Estamos convencidos de que hay jueces que no dignifican la Corte Suprema de Justicia, señaló el presidente de la comisión parlamentaria, Ricardo Falú, en alusión a decenas de denuncias en poder del parlamento por abuso de funciones e incompatibilidad para juzgar en algunas causas, entre otras.
Kirchner solicitó al Congreso legislativo, en un discurso emitido el miércoles por la noche por radio y televisión, que aplique el remedio del juicio para destituir a integrantes del máximo tribunal acusados de mal desempeño y cuestionados por supuesta dependencia al ex mandatario Carlos Menem (1989-1999).
De este modo Kirchner, quien asumió la presidencia el 25 de mayo, continúa firme en su estrategia de aplicar el bisturí a fondo luego de remover las tres cuartas partes de la cúpula de las Fuerzas Armadas y otro tanto de la Policía Federal.
Pero en situaciones como la planteada entre la presidencia y el Poder Judicial corre riesgos el sistema republicano, advirtió el ex fiscal Julio César Strassera, acusador en el juicio a los ex jefes de la dictadura militar (1976-1983).
Esta Corte es atroz, pero cuidado con fabricar juicios políticos para disponer de vacantes, porque (quienes lo llevarán adelante) son los mismos diputados que el año pasado le cerraron el juicio y ahora quieren reflotar estos mismos juicios, opinó Strassera.
El ex fiscal hizo referencia así al juicio contra los nueve miembros de esta misma Corte, iniciado por el sector liderado por la diputada Elisa Carrió y que en un principio fuera respaldado por el entonces presidente interino Eduardo Duhalde (2002-2003).
Esa iniciativa fue archivada al no conseguirse los dos tercios de votos de la cámara de Diputados, necesarios para pedir al Senado que enjuicie a los magistrados.
Ahora se corre un riesgo muy alto, porque mañana viene otro presidente al que no le gusta la composición de la Corte y los echa de un plumazo, apuntó.
El constitucionalista Ricardo Gil Lavedra coincidió con Strassera respecto de que es muy malo para la República la interferencia de un poder a otro, pues cada uno debe jugar el papel que le toca.
No me parece lógica esa actitud. Cualquiera sea el juicio que nos merezcan los miembros de la Corte, no son los hombres, sino la institución la que tenemos que empezar a respetar, explicó Gil Lavedra, también miembro del alto tribunal que condenó a cadena perpetua a los ex jefes de la dictadura, luego indultados por Menem.
En tanto, Carrió, líder del centroizquierdista Afirmación para una República de Iguales, dijo que compartía el principio de limpiar el país por un camino serio e institucional.
Sin embargo, aclaró que acompañaba, pero no de cualquier manera, la estrategia de Kirchner. Hay que ir despacio, por las vías tradicionales, con mesura, porque hay que tener mucho cuidado con avanzar a diestra y siniestra, agregó.
Le digo al presidente que no hay que sembrar tantos vientos, porque se pueden cosechar tempestades. Necesitamos más moderación en este caso porque este país tiene una estructura mafiosa que puede reaccionar, precisó Carrió.
Kirchner le solicitó al Congreso en su mensaje del miércoles que instrumente en forma urgente los remedios constitucionales para solucionar los males que enfrentamos.
Le pedimos al Congreso de la Nación que marque un hito en la historia preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias, señaló el mandatario tras advertir que separar a uno o varios de sus miembros (de la Corte) no es tarea que pueda realizar el Poder Ejecutivo.
La decisión de Kirchner de confrontar públicamente con la Corte y, en particular, con su presidente, Nazareno, se produjo luego de que allegados a la presidencia conocieran que el máximo tribunal emitiría un fallo estableciendo la redolarización de los depósitos atrapados en el llamado corralito bancario.
El fallo con el que amenaza la Suprema Corte al gobierno involucra a miles de depósitos bancarios efectuados en dólares antes de 2002, cuando regía el plan de Convertibilidad con el peso atado uno a uno al dólar, y que fueron pasados por decreto a moneda local.
De concretarse una sentencia de ese tipo se complicaría la política económica que intenta llevar adelante el gobierno y entorpecería las negociaciones con el Fondo Monetario Intenacional (FMI), que ya ha manifestado su oposición a la denominada redolarización.
Fuentes gubernamentales indicaron que la intención de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de volver a dólares esos depósitos fue interpretada por la presidencia como una extorsión.
En su discurso por radio y televisión, Kirchner aseguró que no estaba dispuesto a aceptar maniobras o pactos espurios y que no iba a tolerar que nadie tomara de rehén a la gobernabilidad.
En cambio, Nazareno sostuvo que no se sentía presionado por el discurso del presidente y que desconocía cuál es la extorsión de la Corte a la que había aludido.
El discurso del Presidente no me obliga a nada, puntualizó Nazareno.
Otro constitucionalista, Gregorio Badeni, cuestionó la actitud de Kirchner y precisó que el Poder Judicial es uno de los órganos de gobierno y está en un plano de igualdad con el Congreso.
Que (el Presidente) inste al Congreso es una falta de respeto hacia integrantes de otro poder, como sería el caso de que pidieran la remoción del Presidente, comentó.
Nuestro Poder Judicial fue degradado por la clase política durante décadas y no consiguió la independencia para poder realmente garantizar y ser barrera para defender nuestros derechos, sostuvo.
