El gobierno de Venezuela y la oposición firmaron este jueves un pacto para dirimir la crisis política mediante consultas populares sobre el mandato presidencial y de otras autoridades, que podrían celebrarse a fin de año.
El acuerdo puso fin a la Mesa de Negociación, que desde noviembre de 2002 guió el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el colombiano César Gaviria, con respaldo del estadounidense Centro Carter, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Grupo de Países Amigos.
Este grupo, conformado especialmente por Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal, emitió desde su coordinación, en la cancillería brasileña, un comunicado para destacar ”la relevancia del acuerdo para fortalecer un clima de paz y entendimiento” en Venezuela.
”Estamos satisfechos. El acuerdo constituye el tipo de solución que hemos estado buscando: pacífica, democrática, constitucional y electoral, según la resolución 833 de la OEA”, dijo Gaviria (presidente de Colombia entre 1990 y 1994) tras presidir la firma del texto, de 19 puntos.
El acto contó con la presencia de seis representantes del oficialismo y otros tantos de la opositora Coordinadora Democrática.
Sin embargo, ”en el país hay una acumulación de conflictos económicos, sociales y políticos que avanzan hacia un cuadro de crisis pre-revolucionaria, y difícilmente los bandos que contienden por el poder van a resolver con un referendo el tipo de sistema en que quieren vivir”, advirtió a IPS el analista Alberto Garrido, quien se manifiesta opositor al gobierno.
Apenas se firmó el documento, el presidente Hugo Chávez se dirigió al país por cadena de radio y televisión y se declaró ”feliz, ante este cuadro de optimismo. Ratifico nuestra más grande disposición de trabajar día tras día para que el acuerdo no sea en vano. La tolerancia ha sido la triunfadora”.
Las firmas de la oposición en el acuerdo fueron casi a regañadientes, porque el texto apenas desarrolla preceptos establecidos en la Constitución de 1999, impulsada por Chávez, y no fija fecha para el referendo sobre el mandato presidencial, que será materia del Consejo Nacional Electoral.
Ese árbitro electoral ni siquiera está elegido, porque sus cinco miembros deben ser elegidos por al menos 110 de los 165 diputados de la Asamblea Nacional legislativa.
En un parlamento con 86 legisladores oficialistas y 79 opositores no hay acuerdo sobre qué sector logrará la mayoría del consejo electoral, de tres miembros.
Las bancadas de la oposición no se ponen de acuerdo sobre cómo escoger al Consejo Electoral junto al oficialismo, y la cuestión podría quedar en manos del Tribunal Supremo de Justicia.
La OEA, el Grupo de Amigos y el ex presidente estadounidense y premio Nobel de la Paz Jimmy Carter -quien envió un mensaje d leído durante los actos de este jueves- instaron a lograr una rápida selección del organismo electoral.
”El principal logro del acuerdo es el punto número 12, que remite al artículo 72 de la Constitución para que gobierno y oposición diriman sus diferencias”, sostuvo Gaviria.
Según ese artículo de la carta magna el mandato de todo funcionario electo es revocable una vez vencida la mitad de su período (tres de los seis años de Chávez se completan el 19 de agosto) si así lo decide un referendo solicitado por 20 por ciento del padrón electoral y convocado por el Consejo Nacional Electoral.
En el punto 12, las partes ”coincidimos en que la solución se logra con la aplicación del artículo 72 (…) que prevé la eventual celebración de referendos revocatorios del mandato de todos los cargos y magistraturas de elección popular”.
”El acuerdo no satisface todas las aspiraciones de la oposición, pero es un avance en la consecución del objetivo de lograr una salida electoral, pacífica y democrática a la crisis de gobernabilidad en Venezuela”, dijo a IPS el opositor socialdemócrata Timoteo Zambrano, primer representante de la Coordinadora Democrática en la Mesa.
Si se cumplen los requisitos y se apura la elección del Consejo Nacional Electoral, el referendo presidencial o los referendos sobre otros cargos electivos podrían convocarse para fines de este año, según Gaviria.
Dirigentes de varios partidos tradicionales y líderes de sindicatos empresariales opositores advirtieron que esa cláusula permitiría al oficialismo impulsar una serie de consultas municipales y regionales antes del referendo presidencial.
”El gobierno va a empastelar (confundir) el proceso”, sostuvo Carlos Fernández, titular de la confederación empresarial Fedecámaras.
Por su parte, los gobernadores Eduardo Lapi y Henrique Salas, contrarios al gobierno central, aseguraron que apoyan el acuerdo ”sólo para no romper la unidad opositora”.
Edgar Paredes, dirigente de Gente del Petróleo (la asociación de gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela que condujo la fallida huelga contra Chávez de diciembre y enero), se manifestó contra el convenio ”porque elimina la Mesa antes de que negocien soluciones a otros problemas, como el despido de 18.000 empleados petroleros”.
Gaviria advirtió que ”el acuerdo no resuelve los problemas del país, no satisface totalmente los puntos de vista de las partes y depende de la buena fe de unos y otros. Pero así son los acuerdos políticos, abren una vía para dirimir las diferencias”.
”Afortunadamente en la Coordinadora privó la sensatez. Los que juegan a la carta del caos y no pierden la esperanza del golpe militar no querían un acuerdo sino la renuncia de Chávez”, sostuvo por su parte el analista Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual.
Garrido considera que ”la Coordinadora firmó desde una posición de debilidad. Hace un año tenía ríos de gente en las calles, la gerencia de la industria petrolera y militares disidentes. Ya no tiene nada de eso”, explicó en referencia al notorio reflujo opositor.
Pero ”la situación no es predecible. No se ha resuelto si tenemos unas fuerzas armadas revolucionarias o institucionales desde el punto de la democracia representativa. Hay una crisis económica vasta (el producto bruto cayó 29 por ciento en el primer trimestre de 2003) y un desempleo inmenso (19,7 por ciento) y hay agitación en el campo”, añadió.
Esa crisis ”puede llevar a definiciones antes de que se concrete un referendo. Un esquema revolucionario como el de Chávez difícilmente se juegue a sobrevivir en una sola consulta electoral”, concluyó.
