Grupos religiosos lanzaron un código mundial de ética empresarial para ayudar a los inversores preocupados a decidir cuándo comprar o vender acciones de compañías que actúan en los países en desarrollo.
El código, titulado Principios de responsabilidad corporativa mundial: Criterios para medir el rendimiento empresarial, es el resultado de 10 años de trabajo en que se consideraron asuntos como las condiciones laborales, el control de la contaminación y la asistencia a la salud de los empleados.
El texto también exige a las empresas consultar de manera continua a las comunidades locales en las que actúan, para asegurarse de que sus operaciones sean entendidas y apoyadas por aquellos más directamente afectados por ellas.
El código es producto de un trabajo conjunto de grupos eclesiásticos del Norte industrial y del Sur en desarrollo, así como de organizaciones no gubernamentales (ONG), explicó el director en Nueva York del Centro Interreligioso para la Responsabilidad Corporativa (ICCR), David Schilling.
El ICCR representa a más de 275 organizaciones de inversores basadas en la identidad religiosa de sus asociados, y concentra fondos por un total de 110.000 millones de dólares.
El código hace un fuerte énfasis en la dignidad de la persona individual y en la sustentabilidad de las comunidades locales, dijo Schilling en una teleconferencia mundial realizada el martes.
Los principios de ética empresarial acordados nos ayudarán a concentrarnos en asuntos clave con nuestros socios mundiales, dijo Barbara Hayes, presidenta del Consejo Ecuménico sobre Responsabilidad Corporativa, con sede en Londres.
Ahora podremos involucrar a nuestros socios en la recolección de información sobre empresas para analizarla y actuar juntos. Creemos que este enfoque ayudará a los inversores responsables y a los que trabajan más directamente con las comunidades, añadió.
El movimiento por la responsabilidad empresarial, que comenzó en los años 70 cuando el movimiento contra el apartheid empezó a presionar a empresas occidentales para que retiraran sus inversiones de Sudáfrica, se volvió desde entonces una parte cada vez más importante del mundo empresarial, en especial desde el fin de la guerra fría.
El ICCR, que jugó un papel clave en la movilización de accionistas en la lucha contra el apartheid (régimen de segregación racial), se transformó en una asociación de 275 inversores institucionales que incluyen comunidades religiosas, fondos de pensión, hospitales y otras entidades.
Pero la influencia del grupo trasciende lo económico, porque los administradores de carteras e inversores institucionales —en especial los fondos de pensión de sindicatos y empleados públicos— han decidido que es muy riesgoso invertir en empresas que no toman en cuenta los derechos humanos, laborales y ambientales.
Se estima que unos dos billones de dólares en activos de cartera en Estados Unidos están sujetos a algún criterio de inversión con responsabilidad social.
Esto sumado a la creciente atención de los medios hacia los abusos empresariales en la última década, en particular en países en desarrollo, llevó a algunas compañías a aprobar códigos de conducta para tranquilizar a inversores y consumidores.
En otros casos, instituciones independientes como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico aprobaron sus propios códigos.
El nuevo código de ética empresarial lanzado el martes exhorta a las grandes empresas a ocuparse de tres asuntos en particular.
En cuanto a las condiciones de trabajo, recomienda el estricto respeto a los derechos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos el derecho a la asociación y la negociación colectiva, a la no discriminación, a un salario digno y a un clima de trabajo saludable.
Con respecto al ambiente, el código exhorta a las empresas a luchar contra la contaminación y el cambio climático, a proteger la biodiversidad y a hacerse responsables por el impacto ambiental de sus procesos de producción.
En relación con el acceso a los medicamentos, el código insta a las compañías a proveer una cobertura adecuada para sus empleados y dependientes si el Estado no la ofrece, incluso con respecto a los fármacos para las víctimas del sida. Las empresas también deben adoptar una política de no discriminación hacia los empleados con sida.
El código también se refiere a la sustentabilidad de las comunidades locales, los organismos modificados genéticamente, los derechos indígenas, la información al público, el gobierno empresarial y la participación de los accionistas en la toma de decisiones.
Asimismo, las firmas deberían establecer políticas que determinen en qué circunstancias deberían retirarse de un país, por ejemplo si el gobierno perpetra graves abusos contra los derechos humanos de grupos indígenas o la ciudadanía en general.
La iniciativa también destaca la importancia de la vigilancia independiente de ONG locales, en especial en países en desarrollo, dado que sus informes tendrán más credibilidad ante los inversionistas que las auditorías de firmas internacionales o departamentos internos.
Las empresas se comportan de modo diferente en el Tercer Mundo porque hay una mayor acumulación de la riqueza, afirmó el obispo Joe Seoka, director del programa de criterios empresariales en Sudáfrica.
