La dura represión militar en Perú, en el marco de un estado de emergencia, parece el comienzo de una derechización del presidente Alejandro Toledo, que lo llevaría a la ruptura con algunos miembros de su partido, Perú Posible, y a ganar nuevos aliados, según expertos.
No está claro si eso implicará debilitamiento del gobierno. Toledo llegó a 22 meses de mandato con sólo 14 por ciento de apoyo en encuestas, y ese respaldo aumentó de uno a cuatro puntos porcentuales entre los consultados el jueves, día siguiente del decreto de estado de emergencia.
Sin embargo, tal incremento se registró antes de que se informara sobre víctimas de la represión militar, que causó hasta ahora heridas a unas 70 personas, la desaparición de otras nueve y por lo menos una muerte, la del estudiante Edi Quilca, de 22 años.
Quilca murió cuando participaba en una manifestación de respaldo a profesores de enseñanza pública en huelga en la sudoriental ciudad de Puno, y compañeros suyos aseguran que soldados dieron muerte a por los menos otros tres jóvenes, y llevaron sus cadáveres a cuarteles.
Educadores, trabajadores de Salud Pública y empleados administrativos del Poder Judicial se declararon en huelga para demandar un aumento de salarios que el gobierno dice no estar en condiciones de otorgar, por problemas fiscales.
Las autoridades concedieron a los maestros un incremento que implica un desembolso adicional anual del orden de los 120 millones de dólares, pero los sindicatos mantienen su reclamo original de aumento, que implicaría un aumento del gasto de casi el doble.
Satisfacer los pedidos de los trabajadores de la salud costaría unos 174 millones de dólares anuales, y en el caso de los empleados judiciales, otros tres millones.
Un problema político aun más grave se cierne en el horizonte fiscal: la demanda de aumento y pagos atrasados de los 70 mil policías en actividad.
El Ministerio del Interior negó este viernes en un comunicado que esté en gestación una huelga de sus funcionarios, pero en círculos políticos se insiste sobre la presunta formación de comités clandestinos formados por suboficiales de policía en actividad.
El ministro de Economía, Javier Silva Ruete, aseguró que no hay recursos para satisfacer las demandas sindicales, y que no incurrirá en una la emisión de moneda ”porque el país se ha comprometido ante el Fondo Monetario y el Banco Mundial a tener disciplina fiscal”.
Según analistas, es probable que cambie la composición política del gobierno, con alejamiento de actuales integrantes del partido de Toledo, y nuevos apoyos desde otras fuerzas políticas.
”Quiéralo o no, la decisión del presidente Alejandro Toledo de emplear a las Fuerzas Armadas para conjurar una crisis social y sindical lo conduce a un espacio político distinto al que ocupaba y lo acerca a los sectores conservadores”, según el analista político Humberto Panessi, sociólogo vinculado con la Universidad Católica de Lima.
Los cruentos incidentes y sus previsibles repercusiones afectarán a todo el escenario político del país, al empujar a la socialdemocracia a un papel opositor más radical, pronosticó.
Toledo dispuso el miércoles, en uso de potestades que le otorga la Constitución, que las Fuerzas Armadas tomaran el control de 17 regiones del país, para conjurar una ola de huelgas y de actos violentos que incluían bloqueo de carreteras y saqueos.
Los sindicatos del Poder Judicial y de Salud Pública levantaron sus huelgas tras ese decreto, pero los 130.000 maestros no sólo mantienen la suya, sino que desafían expresamente el estado de emergencia al realizar protestas callejeras en las principales ciudades del país.
La mayor parte de las organizaciones regionales campesinas acataron la orden de sus dirigentes de suspender la huelga ”mientras rija el estado de emergencia”, pero un sector mantiene movilizaciones callejeras en algunas ciudades, con conatos de saqueo, aunque dejó de intentar bloquear las carreteras.
El Ejército impidió saqueos en la pequeña ciudad de Barranca, ubicada a unos 100 kilómetros de Lima, pero esa intervención militar dejó heridas de bala a 27 personas ”de las cuales seis han desaparecido y podrían estar muertas”, según Miguel Angel Mufarech, integrante de la autoridad regional.
El ministro de Defensa Aurelio Loret, convocado por el Congreso para explicar la situación, afirmó que las Fuerzas Armadas sólo dispararon sobre manifestantes en Puno, donde dijo que actuaron así para defender sus vidas.
Según Loret, militantes del partido insurgente maoísta ”Sendero Luminoso” se han infiltrado como provocadores en las marchas callejeras de profesores en huelga, ”portando armas contundentes, cuchillos y bombas molotov”.
Testimonios de autoridades locales e informes divulgados por televisión contradijeron luego al ministro, al indicar la existencia de heridos de bala por lo menos en Barranca y en Supe, otra ciudad de la costa norte próxima a Lima.
En Puno, el informativo de Cable Canal de Noticias mostró el instante en que un solitario manifestante, que arrojaba piedras a soldados a unos 80 metros de distancia, fue herido de bala en una pierna.
El presidente de la región de Lima, Miguel Angel Mufarech, del socialdemócrata partido Aprista, mostró a la prensa fotografías de 17 heridos de bala que son atendidos en el hospital de Barranca, e insistió en que han desaparido por lo menos cinco personas heridas.
Toledo apeló ”como primer recurso al que debió ser el último, el empleo de la Fuerza Armada en una crisis social”, y ”la gobernabilidad del país ha quedado gravemente afectada”, alegó el ex senador socialista Enrique Bernales, integrante de la Comisión Andina de Juristas.
”El Estado tiene a su disposición a la Policía Nacional y al sistema judicial para enfrentar la violencia civil desarmada”, afirmó Bernales, quien invitó al gobierno a ”evaluar el levantamiento inmediato del estado de emergencia, para no agravar la situación política”.
El impacto de la decisión presidencial también afectó al partido de gobierno, en el cual han surgido dos posturas discrepantes.
El periodista Gustavo Gorriti abogó por el manejo civil directo de la crisis para restaurar la paz social, pero el consejero presidencial Juan Sheput opinó que la reacción popular contra el estado de emergencia es emocional y ”variará en la medida en que la mayoría se dé cuenta de que se busca proteger y salvaguardar los intereses ciudadanos”.
