La negativa de Tokio a conceder la extradición del ex presidente de Perú Alberto Fujimori a ese país latinoamericano mancha la imagen internacional de Japón y puede deteriorar sus vínculos con Perú, advirtieron activistas.
Es hora de que Japón considere el caso de Fujimori, acusado de crímenes y corrupción durante su presidencia en Perú (1991-2000), teniendo en cuenta los derechos humanos y no sólo su ciudadanía japonesa, urgieron activistas en Tokio.
”La negativa del gobierno a entregar a Fujimori pone en peligro el desarrollo de relaciones bilaterales correctas entre ambos países, lo cual es importante para que Japón gane respeto como potencia mundial”, dijo Hiroo Murakoshi, miembro del no gubernamental Centro para la Revelación de Información.
Organizaciones japonesas de derechos humanos se unieron con sus pares de Perú en la Red de Japón para Llevar a Fujimori ante la Justicia para exigir al gobierno japonés que acepte un pedido formal de extradición que Lima presentará en julio.
La campaña cuenta con el apoyo de las organizaciones Amnistía Internacional/Japón, Resodep, campaña peruana de Peace Boat, y Derechos Humanos y Justicia en Perú (grupo Kansai).
Los activistas esperan que la gravedad de los cargos contra el ex presidente, actualmente en proceso de traducción al japonés, persuadan a Tokio de conceder la extradición.
Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, viajó desde Perú a Japón en noviembre de 2000 siendo aún presidente y desde allí presentó su renuncia, en medio de graves denuncias de corrupción contra él y su entorno gubernamental.
Desde entonces, Tokio se niega a entregarlo a las autoridades peruanas, arguyendo que los padres de Fujimori lo registraron a muy temprana edad en el consulado japonés en Perú y que las leyes japonesas no permiten la extradición de sus ciudadanos.
La cancillería japonesa reiteró esta posición a mediados de este mes y agregó que el gobierno trataría cualquier pedido formal de extradición de Perú a través de los canales legales correspondientes.
Sin embargo, Tokio ”está ignorando una cuestión ética y moral” y ”no se está comportando como un gobierno responsable”, acusó Shinsaku Nohira, miembro de Peace Boat, una organización de defensa de los derechos humanos que investiga prácticas de corrupción relacionadas con programas de ayuda al exterior.
Pese a todas las acusaciones y protestas en su contra en Perú, Fujimori, sobre quien pesa una orden de captura internacional de Lima, lleva una vida libre en Japón bajo la protección de un rico círculo de amigos.
El ex presidente, hoy con 64 años, está acusado de malversación masiva de fondos, homicidio calificado y desaparición forzada de personas durante sus 10 años de gobierno.
Las acusaciones incluyen la organización de escuadrones de la muerte contra supuestos miembros del grupo rebelde maoísta Sendero Luminoso.
Pero muchos en Japón lo consideran un héroe por su conducción del rescate en abril de 1997 de 72 personas que habían sido secuestradas por un grupo guerrillero en la residencia del embajador japonés en Lima.
”Fujimori representa un caso especial en Japón”, sostuvo Rei Shiratori, profesor de ciencia política de la Universidad de Tokai.
”El gobierno no puede impedirle que resida en Japón porque es un ciudadano japonés, y la mayoría de los japoneses le están agradecidos por haber protegido a los diplomáticos compatriotas durante la crisis de los rehenes”, explicó.
Fujimori, cuyo ascenso hasta la presidencia de Perú siempre se destaca en Japón como un caso excepcional, por pertenecer a una minoría de origen oriental, fue invitado a hablar ante la Dieta (parlamento) de Japón en varias ocasiones. La prensa suele elogiar su dominio del idioma japonés.
El ex mandatario publicó un libro sobre su vida y tiene un sitio web, llamado ”Desde Tokio”, que presenta su propia visión sobre Perú y las acusaciones en su contra.
”No tengo ninguna duda de que una vez que desaparezcan la sed de venganza y persecución política disfrazadas de justicia, mis logros serán visibles no sólo en la pantalla de las computadoras, sino a los ojos de todos los peruanos”, escribió Fujimori.
Por otro lado, una coalición de grupos de derechos humanos lanzó el sitio web www.fujimoriextraditable.com.pe, para presionar a Tokio a que entregue al ex presidente.
Los activistas señalan que la diferencia de opiniones entre Tokio y Lima se relaciona con la falta de información sobre Fujimori en Japón.
Agregan que la protección del ex presidente japonés en este país se debe a la complicidad entre políticos japoneses y extranjeros.
”Sospechamos que gran parte de los fondos públicos desviados por Fujimori se encuentran en Asia, incluido Japón”, declaró el abogado peruano José Ugaz, de la organización no gubernamental peruana Proética, quien visitó Tokio para hacer campaña a favor de la extradición del ex presidente.
Perú se transformó en el principal receptor de ayuda japonesa durante la presidencia de Fujimori. Bajo su mandato, Perú recibió más de 3.000 millones de dólares de Japón.
Luego de que Fujimori huyó a Perú, y mientras manifestantes enojados protestaban frente a la embajada de Japón en Lima reclamando su extradición, Tokio interrumpió los contactos de ayuda para el desarrollo, en lo que algunos consideraron una prueba de que la asistencia económica japonesa se usa para apoyar a líderes corruptos en países en desarrollo.
Informes de prensa en Perú sugirieron que el sucesor de Fujimori, Alejandro Toledo, estuvo en un principio más interesado en renovar la ayuda japonesa que en exigir la extradición del ex mandatario.
