El Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos del mundo debe respetar los derechos humanos en la llamada guerra contra el terrorismo, urgieron activistas internacionales reunidos en esta ciudad francesa.
El tema de la seguridad y la lucha contra el terrorismo constituye uno de los puntos centrales del orden del día de la cumbre que abren este domingo en Evian, Francia, los gobernantes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia.
En la denominada guerra contra el terror, reclamamos a los líderes del G-8 que tengan en cuenta los derechos humanos, dijo Irene Khan, presidenta de la organización Amnistía Internacional, con sede en Londres. Sin derechos humanos, el mundo será menos seguro, pronosticó.
Los dirigentes de grupos de derechos humanos demandan que los gobernantes del G-8 asuman una posición firme ante el tráfico de armas. Khan dijo que su organización convoca a la adopción de un tratado sobre el control de armamentos.
El comercio de armas y los gastos militares disminuyeron en el mundo tras el fin de la guerra fría y de la primera guerra del Golfo, en 1991, estableció un estudio del Centro de Documentación y de Investigación sobre la Paz y los Conflictos, con sede en Lyon, Francia.
Pero a partir de 2001 y en particular de los atentados terroristas del 11 de septiembre de ese año contra objetivos de Washington y Nueva York, el tráfico se revigorizó, con Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia como primeros exportadores.
La propuesta de un tratado internacional sobre el comercio de armas cuenta también con el respaldo de organizaciones como Oxfam, Federación Americana de Científicos, Saferworld, Basic y Fundación Arias por la Paz y el Progreso Humano.
El reclamo al G-8 se ocupa también del problema de la responsabilidad de las empresas y demanda la adopción de principios vinculantes para evitar abusos de ese sector.
Pero la principal preocupación de los activistas gira en torno a las consecuencias de la lucha contra el terrorismo sobre la vigencia de los derechos humanos y en particular sobre las políticas del gobierno estadounidense.
Steven Watt, del estadounidense Centro para los Derechos Constitucionales, dijo que su institución cuestiona las acciones adoptadas por Washington desde el mismo 11 de septiembre del 2001.
La organización pretende que los procedimientos concuerden con los derechos constitucionales y civiles y también que las operaciones contra el terrorismo cumplan con las normas en vigor.
El debate entre activistas de los derechos humanos sacó a relucir la situación de los prisioneros encerrados en un campamento levantado por Estados Unidos en la base naval que detiene en Guantánamo, en territorio de Cuba.
Entre 620 y 660 personas, incluidos menores de edad, se encuentran detenidas en Guantánamo ”en violación de principios fundamentales del derecho humanitario internacional”, estimó Khan.
Las Convenciones de Ginebra, que regulan el tratamiento de los prisioneros de guerra y también de las víctimas de los conflictos armados, deben aplicarse en el caso de Guantánamo, reclamó Watt.
Estados Unidos tiene que convocar a los tribunales competentes para que determinen la situación de esas personas y también reconocer su jurisdicción sobre la Bahía de Guantánamo, porque ”después de todo, ha sido el ejecutivo estadounidense el que detuvo a esas personas”, insistió el representante del Centro para los Derechos Constitucionales.
Los grupos de derechos humanos sostienen que nadie sabe con certidumbre quiénes son esos hombres y adolescentes. Algunos fueron capturados por Estados Unidos en Afganistán y otros, en Bosnia.
El secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Colin Powell, argumentó esta semana ante el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jakob Kellenberger, que los detenidos son ”combatientes ilegales”, una condición que les privaría de la protección de las Convenciones de Ginebra, dijeron despachos de prensa.
Pero Khan observó que cuando existen disputas sobre las condiciones de los prisioneros, las Convenciones de Ginebra establecen que los casos deben ser dirimidos ante un tribunal.
Daniel Bolomey, de la sección suiza de Amnistía Internacional, estimó que no se puede dejar que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, llegue a Evian para participar del G-8, sin que la ”Cumbre por otro mundo” de Annemasse le transmita un mensaje con energía sobre la situación en Guantánamo.
Pero antes que Guantánamo existe otro ”escándalo para los derechos humanos”, dijo Khan.
La presidenta de Amnistía Internacional aludió a la base aérea de Bagram, en Afganistán, donde se encuentran detenidos presuntos miembros de las fuerzas talibanes y del grupo terrorista Al Qaeda.
Las denuncias sobre torturas y malos tratos en Bagram no han sido investigadas, dijo la activista. Tampoco se han averiguado las causas de las muertes de dos prisioneros, lamentó.
El presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Sidiki Kaba, exhortó a la comunidad internacional a concentrarse en el análisis de las causas del terrorismo.
Otro activista, Philippe Bonneau, de ATTAC, una organización francesa que promueve el control de los mercados financieros en aras del desarrollo, lamentó la ausencia de una definición aceptada sobre el terrorismo y pidió que se reconozca la existencia por un lado de un terrorismo de grupo o de resistencia y por otro del terrorismo de Estado.
Bonneau reivindicó el terrorismo practicado por la resistencia francesa en la lucha contra el invasor nazi durante la segunda guerra mundial (1939-1945).
Pero también expresó su preocupación por el terrorismo de grupos islámicos integristas en Israel, que sirven ”de cierta manera a la estrategia de otro terrorista, Ariel Sharon, el primer ministro israelí”, concluyó el representante de ATTAC.
