Familiares de secuestrados y activistas de Colombia exigieron este martes al gobierno y a la guerrilla alcanzar un acuerdo humanitario urgente para evitar que otros rehenes sufran el trágico destino del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria.
La Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y otras tres organizaciones no gubernamentales condenaron el asesinato de Gaviria, de su asesor de paz, Gilberto Echeverri, y de otras ocho personas en poder de las FARC en el marco de un operativo del ejército.
”El asesinato en estado de indefensión” de los rehenes ”por parte de las FARC (las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario y un hecho atroz que degrada, aún más, el conflicto”, señala el comunicado conjunto de esos grupos.
Situaciones como la ocurrida el lunes en un campamento de la guerrilla izquierdista en el noroccidental municipio de Urrao, al igual que otras en las que la población civil se convierte en objetivo, ”podrían evitarse si se priorizara el acuerdo humanitario”, apuntaron.
Los activistas entienden que por eso ”las partes enfrentadas” deben reconocer ”que esta guerra inútil no es el camino para resolver la profunda y prolongada crisis nacional”.
La muerte de los rehenes de las FARC es un hecho trágico que tiene que ser repudiado por todos, dijo a IPS Ana Bernal, presidenta de Redepaz, que reúne a casi 30 organizaciones civiles que promueven una salida negociada a la guerra civil de cuatro décadas.
Las FARC, la fuerza guerrillera más numerosa del país, tenían la obligación de respetar la vida de los secuestrados, pero también el ejército debió atender el llamado de familiares de esas víctimas quienes habían pedido que no se realizaran operativos militares que pusieran en peligro sus vidas, agregó.
Para Bernal, las partes impusieron nuevamente sus posiciones de fuerza con una actitud ”guerrerista”, en la que la población civil es la que se lleva la peor parte, porque se ha convertido en ”objetivo militar”.
Gaviria y Echeverri, ex ministro de Defensa, habían sido secuestrados por las FARC el 21 de abril del año pasado, cuando encabezaban una marcha organizada por el Movimiento de la No Violencia, que pedía el cese de todas las formas de violencia en Colombia.
Familiares de otros secuestrados por la guerrilla, tras el trágico desenlace de la operación militar del lunes, solicitaran al presidente Alvaro Uribe suspender cualquier nuevo intento de rescate por parte de las fuerzas de seguridad.
”Lo único que hacen esos operativos, en lugar de rescatar a los secuestrados políticos, es colocarles una lápida”, afirmó Fabiola Perdomo, portavoz de las familias de 11 diputados del occidental departamento del Valle del Cauca retenidos por la guerrilla desde hace un año.
Además de esos legisladores, quedan en poder de las FARC cerca de 60 soldados y policías, en esa situación desde hace cinco años, y la senadora Ingrig Betancur, que la guerrilla pretende canjear por cerca de 400 rebeldes presos en distintas cárceles del país.
Bernal entiende que ”son impredecibles” las consecuencias de la muerte de los rehenes para el proceso en marcha en busca de un acuerdo humanitario que permita el canje de secuestrados en manos de las FARC por guerrilleros presos.
”Esta es una guerra con una lógica extraña y, así como es posible que este hecho acelere la concreción del acuerdo, también es posible que lleve al cierre definitivo de las puertas del diálogo”, puntualizó.
Mientras, un presunto comunicado de las FARC, leído el mismo lunes por radio por un hombre que se identificó como miembro del Estado Mayor del bloque guerrillero José María Córdoba, que opera en el noroeste del país, responsabilizó a Uribe de la muerte de los secuestrados.
”La actitud prepotente del presidente fascista Alvaro Uribe, quien esta convencido de que a través de la fuerza, es decir, a sangre y fuego, va a rescatar a los prisioneros de guerra en nuestro poder, lo llevaron a aventurarse al rescate” de los rehenes ”en un operativo militar de más de 600 hombres aerotransportados”, dijo el supuesto guerrillero.
En el texto leído se afirma que en ”la confrontación entre los guerrilleros de las FARC y el ejército fascista ”murieron el gobernador de Antioquia, su asesor de paz y los otros ocho prisioneros”.
A su vez, un comunicado del gobierno colombiano sostuvo que ”no hubo combates” en el municipio de Urrao y que ”la tropa llevaba altoparlantes para promover el rescate incruento de las víctimas”.
El informe oficial añadió que no se registró fuego cruzado alguno entre los soldados y los guerrilleros, porque estos últimos ”huyeron tras dar la orden de disparar contra los rehenes”.
Asimismo, Uribe sostuvo el lunes a la media noche en una intervención televisada que su gobierno está preparado para ir detrás del jefe de las FARC, Manuel Marulanda, y del resto de la dirección guerrillera, a la que calificó como un grupo de ”matones profesionales”.
Empero, el mandatario dejó abierta la puerta para un acuerdo humanitario con las FARC en los términos en que su gobierno lo ha planteado, es decir con mediación internacional, sin zona desmilitarizada y con la exigencia de que los guerrilleros puestos en libertad marchen al exilio.
Marulanda había ratificado a mediados de abril, a través del sitio de las FARC en Internet, su ”inquebrantable disposición política de iniciar cuanto antes conversaciones con los voceros oficiales del gobierno” para la firma del ”esperado acuerdo que ponga fin al largo cautiverio de los retenidos en poder de las dos partes”.
En ese texto reiteró las condiciones que había planteado la agrupación en diferentes foros, entre las que figuran, además de la desmilitarización de una zona para llevar a cabo las negociaciones, medidas de seguridad para sus representantes y la liberación de todos su prisioneros.
En tanto, el senador independiente Antonio Navarro cree que la muerte de los rehenes profundizó la polarización entre los que quieren un acuerdo humanitario y los que defienden las posiciones de fuerza del gobierno.
El asesinato de los rehenes del lunes también fue condenado por el director de la organización humanitaria internacional Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, quien indicó que las FARC ”tenían la obligación jurídica de liberarlos (a los rehenes) sin condición alguna”.
Michael Fruling, comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que todas estas personas se encontraban secuestradas por las FARC desde hace largo tiempo, ”en abierta y grave infracción al derecho internacional humanitario”.
