El flamante presidente de Argentina, Néstor Kirchner, ordenó el retiro de tres cuartas partes de los militares de mayor grado, para depurar a las Fuerzas Armadas de violadores de derechos humanos según fuentes gubernamentales, aunque la versión oficial invoca el cambio generacional.
La decisión, criticada en medios militares y apoyada por organismos humanitarios, implica el pase a retiro de 27 generales, 13 almirantes y 12 brigadieres, entre ellos los jefes de las tres fuerzas.
El ministro de Defensa, José Pampuro, confirmó la medida, sin antecedentes por su profundidad, y alegó que Kirchner, de 53 años, quiere ”una renovación en la conducción militar” y ”un nuevo perfil”, en línea con las designaciones para su gabinete ministerial, en el cual el promedio de edad es 50 años.
El general Roberto Bendini, de 52 años, dirigirá el ejército, el contraalmirante Jorge Godoy, de 57, comandará la marina de guerra, y el brigadier Carlos Rohde, de 54, será el jefe de la fuerza aérea.
El jefe de gabinete de Kirchner, Alberto Fernández, arguyó este lunes que el cambio en la cúpula militar ”es el mismo que el presidente quiere en todos los sectores”, y que en las Fuerzas Armadas había ”muchos generales (…) anquilosados en sus sitios”, que no permitían el ascenso de ”las nuevas generaciones de oficiales”.
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En ámbitos militares, la medida causó sorpresa y cierto malestar. El general Heriberto Ahuel, profesor de la Escuela Superior de Guerra, opinó que ”no tiene fundamento” un descabezamiento que sólo apunte a un relevo generacional, aunque reconoció que el presidente ”tiene el derecho de hacerlo”.
El futuro jefe del ejército, general Bendini, ”tiene un perfil excelente, pero es muy joven”, sostuvo.
”No es que no esté en condiciones profesionales de asumir, pero hay una carrera previa que hacer y Bendini, de 52 años, se anticipa varios años con este ascenso”, remarcó Ahuel.
Como respuesta a críticas de ese tipo, Pampuro se limitó a responder que Bendini y otros oficiales promovidos ”tendrán que hacer experiencia”.
Colaboradores cercanos del presidente aseguran fuera de micrófonos, que la verdadera causa del ”recambio generacional” es el deseo de contar con mandos militares ”sin cuestionamientos” en materia de derechos humanos.
En los años 70, Kirchner fue militante de la Juventud Peronista (del gobernante Partido Justicialista), cercana entonces al movimiento armado Montoneros, estuvo preso dos veces durante la dictadura de 1976-1983, y varios amigos suyos fueron víctimas de desaparición forzada.
”Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias”, remarcó en su discurso inaugural del domingo ante la asamblea legislativa. En el mismo mensaje señaló que quiere ”Fuerzas Armadas altamente profesionalizadas (…), y por sobre todas las cosas comprometidas con el futuro y no con el pasado”.
Uno de los destinatarios de ese mensaje fue el ahora saliente jefe del ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, denunciado por organismos humanitarios como responsable de la llamada ”masacre de Margarita Belén”, el fusilamiento en 1976, en la septentrional provincia de Chaco, de 22 presos políticos.
Brinzoni, denunciado por esa causa ante la justicia federal, era en 1976 secretario de gobierno de la provincia, y reconoció hace poco que el episodio ”no fue un enfrentamiento sino un fusilamiento encubierto” de prisioneros, pero antes había asegurado desconocer que durante la dictadura se perpetraban crímenes considerados de lesa humanidad.
Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, sancionadas en 1987, liberaron de juicios por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura a miles de militares, con el argumento de que estaban obligados a obedecer órdenes superiores.
Pero en 2001 hubo varios fallos judiciales contra militares, por parte de jueces que consideraron inconstitucionales aquellas leyes de 1987, y el criterio de esos jueces fue respaldado el año pasado por la Cámara Federal de Apelaciones.
En la actualidad, la cuestión está a estudio de la Corte Suprema, que debe resolverla en forma definitiva, y Brinzoni ha demandado públicamente, desde que fue denunciado por la masacre de Margarita Belén, que el máximo organismo judicial respalde las leyes cuestionadas.
Esa demanda fue apoyada por Horacio Jaunarena, quien fue hasta el domingo ministro de Defensa.
La posibilidad de que militares de alto rango comparezcan ante la justicia, si la Corte declara inconstitucionales esas normas, provocaría malestar e inquietud en las Fuerzas Armadas, aunque los oficiales encausados sean pocos, admitieron fuentes cercanas al presidente.
En 1987, 90 por ciento de los militares en actividad habían estado involucrados en la represión ilegal, pero en la actualidad esa proporción es sólo 10 por ciento, dijo a IPS el periodista Horacio Verbitsky, presidente de la organización no gubernamental humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, comentó a IPS que la decisión de Kirchner fue muy bien recibida por esa organización, creada por familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura, para buscar a niños secuestrados o nacidos durante el cautiverio de sus padres.
Las Fuerzas Armadas actúan ”como una corporación”, y no permiten que se deslinde entre quienes tuvieron responsabilidad en la represión ilegal y quienes no la tuvieron, añadió la activista, quien consideró muy oportuno el ascenso anticipado de oficiales más jóvenes y menos comprometidos con el pasado.
