El gobierno de Sudáfrica compensará económicamente a 22.000 sobrevivientes del apartheid, pero se opone a acciones legales internacionales contra empresas que se beneficiaron del sistema de discriminación racial.
El gobierno otorgará una compensación única de 30.000 rands (unos 3.900 dólares) a los individuos o sobrevivientes identificados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, anunció esta semana el presidente Thabo Mbeki el presentar el informe final de la Comisión al parlamento.
Hasta ahora, el gobierno se negaba a compensar en forma individual a las víctimas, arguyendo que la reconstrucción y el desarrollo del país era la mejor forma de compensar a los sudafricanos que sufrieron la discriminación.
La Comisión identificó a 22.000 sobrevivientes, pero algunos grupos de derechos humanos insisten en que hay muchas más víctimas del apartheid que no fueron identificadas y hacen campaña para que se admitan más nombres en la lista.
En cuanto a los juicios iniciados por el abogado estadounidense Ed Fagan contra empresas sudafricanas y de otros países en representación de víctimas del apartheid, Mbeki aclaró que el gobierno se opone a tales acciones.
Fagan presentó en un tribunal estadounidense una demanda por daños por hasta 6.100 millones de dólares contra las compañías mineras Anglo-American, de capital británico y estadounidense, y las sudafricanas South African Mining House (ahora establecida en Londres) y De Beers.
También se presentaron demandas contra la empresa sudafricana de energía Sasol y Fluor International, que fabrica productos en base a flúor, entre otras multinacionales.
En el pasado reciente, aumentaron los litigios… contra empresas que se beneficiaron del apartheid. En este sentido, deseamos reiterar que el gobierno de Sudáfrica no será parte de tales litigios, declaró Mbeki el martes ante el parlamento.
Además, consideramos inaceptable que asuntos esenciales para el futuro de nuestro país sean tratados en tribunales extranjeros, que no tienen responsabilidad alguna por el bienestar de nuestro país, la observancia de nuestra Constitución ni la promoción de la reconciliación nacional, dijo el presidente.
El gobierno reconoce el derecho de los ciudadanos a entablar acciones legales, pero desea involucrar a todos los sudafricanos, incluidos a los empresarios, en una asociación cooperativa y voluntaria para reconstruir y desarrollar la sociedad, explicó.
Mbeki también rechazó una propuesta de la Comisión para crear un impuesto empresarial a la renta a cobrar por única vez, que se utilizaría para crear un fondo de compensación a los sobrevivientes del apartheid.
La iniciativa de la Comisión provocó una ola de protestas de las grandes compañías sudafricanas, las cuales argumentaron que ya están invirtiendo mucho en programas de responsabilidad social y desarrollo económico.
Por otra parte, activistas de los derechos humanos acusaron al gobierno de estar más interesado en proteger a las grandes empresas y asegurarse inversiones que en compensar a las víctimas del régimen de segregación racial.
Ya en 1896 estaba plenamente instaurada en Sudáfrica la denominada colour bar (barrera de color) en el sector minero y en los núcleos urbanos de mayoría británica.
En 1910, los negros fueron privados del derecho al voto y a la propiedad de la tierra. Para 1930, 90 por ciento de las tierras cultivables estaban en poder de los europeos o sus descendientes.
Una ley aprobada en 1913 destinó siete por ciento del territorio nacional para los negros (los llamados bantustanes), que albergaban a 75 por ciento de la población nacional.
En 1923, la Ley Urbana de Nativos limitó drásticamente la posibilidad de que los negros se instalaran en ciudades consideradas reductos blancos. Los movimientos negros fueron objeto de una total represión.
Desde que Sudáfrica comenzó su camino hacia la independencia en 1934 hasta 1984, la participación política estuvo limitada a menos de 17 por ciento de los habitantes. En 1984, una reforma constitucional amplió la participación a los asiáticos, en su mayoría indios, y a los mestizos.
Las primeras elecciones multiétnicas se celebraron en abril de 1994 y dieron la presidencia al líder negro Nelson Mandela. Las barreras jurídicas del apartheid desaparecieron, pero permanecieron las económicas y culturales.
La mayoría de los 40 millones de sudafricanos (76 por ciento) son negros. La población de origen europeo representa 13 por ciento del total, los mestizos algo menos de 10 por ciento, y los asiáticos, sobre todo indios, no llegan a tres por ciento.
Mbeki advirtió que no habría una amnistía general para los autores de violaciones a los derechos humanos durante el apartheid, y que aquellos que no hayan solicitado la amnistía a la Comisión de la Verdad podrían ser juzgados.
El Consejo Sudafricano de Iglesias insistió en que no debe haber una amnistía general. Sería una injusticia para las víctimas, declaró Molefe Tsele, secretario general del Consejo.