Una creciente industria dedicada a buscar niños de corta edad con fines de adopción nacional e internacional obtiene millones de dólares de ganancias por año, cobrando enormes sumas a los futuros padres.
Estos mecanismos de adopción fraudulentos sobresalieron en las denuncias de violaciones recibidas en el último año por el relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Juan Miguel Petit. Aunque el mandato del relator no abarca los casos de adopción, Petit estimó que son de su competencia cuando esas prácticas convierten al menor en objeto de una transacción comercial, pues se trata de venta de niños y niñas.
Petit evita identificar por ahora a los países involucrados en las adopciones internacionales irregulares, que con la excusa de dar un hogar a niños abandonados y en riesgo terminan abriendo las puertas a traficantes inescrupulosos, según sus palabras.
El relator propone prevenir esos abusos mediante sistemas nacionales de adopción legalmente definidos, eficientes y accesibles. Los mecanismos deberán disponer de controles adecuados.
En muchos trámites de adopción internacional, los niños son extraídos de familias pobres de países en desarrollo y entregados a familias de países industrializados.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre 1.000 y 1.500 niños son traficados cada año en Guatemala, un país donde las débiles leyes de adopción y la gran demanda de padres adoptivos extranjeros han creado un mercado en el que los bebés son considerados mercancías.
El experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se declaró alarmado por las noticias de prácticas, que al parecer tienen lugar en países industrializados y consisten en emplear el fraude y la coacción para convencer a madres solteras de que entreguen a sus hijos en adopción.
Petit expuso también a la Comisión de Derechos Humanos el problema de la criminalización o estigmatización de las víctimas infantiles de violencia sexual, que además del daño infligido por su agresor padecen la marginación de la sociedad.
Ese es el caso de siete niños trasladados por traficantes desde El Salvador a un prostíbulo de Guatemala y rescatados hace un año por la policía guatemalteca. El relator de la ONU demandó a las autoridades la liberación de los menores que habían sido encarcelados como forma de protegerlos.
Otro ejemplo se recogió en Camboya, donde la policía sacó de un prostíbulo a 14 mujeres y niñas vietnamitas, de edades entre 16 y 53 años. Un tribunal las condenó luego a dos meses de prisión a pesar de haber sido víctimas de la trata y de la explotación.
La sociedad niega a veces los problemas más dolorosos, con lo cual ocasiona que las víctimas sean vistas como causa del problema, y transforma la inocencia en peligro potencial, colocando a los niños en manos de instituciones o procesos policiales que empeoran las cosas, reflexionó el relator.
Petit informó también a la Comisión de los resultados de dos visitas que realizó en 2002, a Sudáfrica y Francia, y anticipó que este año se propone cumplir iguales misiones en Bolivia y Paraguay.
En Sudáfrica, Petit constató los esfuerzos y progresos del gobierno por dejar atrás décadas de ausencia de libertad, opresión y segregación racial. Pero estimó que las tareas por delante siguen siendo muy grandes.
El representante de la ONU declaró preocupación por los altos grados de violencia social y familiar en Sudáfrica, que se expresan en especial a través de casos de violación y abuso sexual.
Petit opinó que el gobierno de Sudáfrica asume actitudes muy conservadoras al hablar de los problemas de sexo en los que participan menores.
Tambien inquieta en el mismo país la expansión de la epidemia de sida a causa de que no se entregan medicinas gratuitas para evitar el contagio de madre al hijo, y tampoco se distribuyen medicamentos a quienes ya están infectados con VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del mal).
Quisiera ver más activo al gobierno de Sudáfrica en esta materia, expresó el relator.
En Francia, niños inmigrantes ingresan al país o lo atraviesan rumbo a otros destinos para dedicarse al robo, la mendicidad y la prostitución. Muchos de esos menores son víctimas de tráfico y explotación, pero algunos viajan por su voluntad aunque terminan cayendo en poder de las mafias.
En su mayoría, provienen de Europa oriental, en particular de Rumania, y de Africa occidental.
El gobierno francés tiene conciencia del aumento del problema del tráfico y la prostitución infantil dentro de sus fronteras, precisó el informe.
El fenómeno es atribuido a los movimientos poblacionales generados por la pobreza y la inestabilidad, por la aparición de nuevas organizaciones criminales que ven en las personas lucrativas mercancías y también por los enfrentamientos étnicos y culturales.
El relator estimó remarcable el esfuerzo de las instituciones francesas para no criminalizar a los menores víctimas de esas maniobras.
Con relación a las adopciones internacionales, en Francia se registran unas 3.000 de ese tipo cada año. El procedimiento de adopción se ha vuelto más estricto y al parecer en el país no existe el fenómeno de la venta de niños con ese fin.
Petit declaró que un aspecto central de su visita a Francia fueron las denucnias presentadas por madres y familiares de niños supuestamente sometidos a abusos sexuales por sus padres.
A su vez, esos padres violadores podrían estar vinculados a redes de pornografía infantil con influyentes contactos sociales y políticos que impedirían una solución justa de las denuncias presentadas, dijo el relator.
El funcionario aseguró que pudo comprobar la existencia de una importante cantidad de casos que no han tenido atención judicial satisfactoria a pesar de las pruebas documentadas de los abusos cometidos por padres, como informes médicos, testimonios de terceros y documentos gráficos.
