Ray Krone pasó 32 meses en el corredor de la muerte de una prisión del sudoccidental estado de Arizona, Estados Unidos, condenado por el asesinato de la camarera de un bar en 1991, que él no había cometido.
”Presencié como sacaban a mis vecinos del pabellón de la muerte para ejecutarlos y nunca más supe de ellos. Y hoy me siento en éxtasis por estar aquí, pues soy uno de los pocos afortunados que tuvieron la posibilidad de demostrar su inocencia”, declaró a periodistas en Ginebra.
Krone fue presentado esta semana por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, como parte de su campaña por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.
Krone fue liberado el 8 de abril de 2002 después de pasar en total 10 años y tres meses entre rejas, y se convirtió en el condenado a muerte número 100 que ha conseguido probar su inocencia en las últimas tres décadas.
”Todavía tiemblo cuando escucho las estadísticas sobre el corredor de la muerte”, comentó Krone mientras la representante de Amnistía, Andrea Huber, daba cuenta de las 1.526 ejecuciones de personas cometidas en 31 países durante 2002.
A la cabeza figuran China, con 1.060 ajusticiamientos, Irán con 113 y Estados Unidos con 71, que en conjunto suman 81 por ciento de todas las ejecuciones.
Tres de los casos de Estados Unidos correspondieron a delincuentes juveniles, personas condenadas por crímenes perpetrados cuando tenían menos de 18 años.
Amnistía Internacional lidera una movilización de organizaciones de distintos países opuestas a la pena capital, que presionan a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que adopte una resolución enérgica en la materia.
Los grupos de defensores de los derechos humanos pretenden que la Comisión, que sostiene en esta ciudad su sesión anual de seis semanas de debates, promueva una suspensión universal de las ejecuciones.
El viernes, tres personas fueron fusiladas en Cuba, condenadas por el secuestro de una lancha y sus pasajeros la semana pasada, con la que pretendían llegar a Estados Unidos.
La cifra de 1.526 ajusticiamientos en 2002 representa una disminución marcada con respecto al año 2001, cuando se registraron 3.048 casos. Pero Huber estimó que esa reducción obedece a la ausencia de información confiable sobre el número de casos en China.
De igual manera, los dirigentes de Amnistía reconocen que hubo progresos en el mundo con relación a 2001. La cantidad de países que abolieron la pena de muerte pasó de 74 a 76, por obra de las decisiones adoptadas por Chipre y Serbia-Montenegro.
En total, el número de países que han suprimido la pena capital en todo el mundo se eleva a 111.
Amnistía se mostró satisfecha por las decisiones de las máximas autoridades de Tanzania, que en abril de 2002 conmutaron las penas de muerte de 100 personas condenadas por asesinato, y de Arabia Saudita, que en diciembre pasado conmutaron 17 penas capitales.
Otro gesto reconocido por la organización fue la resolución del ex gobernador del Partido Republicano George Ryan, de Illinois, Estados Unidos, que antes de abandonar el cargo en enero conmutó las penas de 167 condenados a muerte en ese nororiental estado.
”Nuestro sistema penal está atormentado por el demonio del error: error en establecer la culpabilidad, y en determinar quiénes entre los culpables merecen morir. Por esas razones, conmuto las penas de todos los sentenciados a muerte”, afirmó Ryan al explicar su decisión.
La cantidad de ejecuciones del año pasado en Estados Unidos, 71, superó los casos de 2001, que llegaron a 66. Desde el restablecimiento de la pena de muerte han sido ajusticiadas 820 personas en ese país.
El 1 de enero había en Estados Unidos 3.700 reclusos en espera de la ejecución de la pena capital.
La defensa de Krone logró probar su inocencia mediante un análisis de ADN.
Semejante empresa requiere arduos trabajos, perseverancia y dinero, sostuvo Krone. Su familia, de un pequeño pueblo rural del estado de Pennsilvania, en el este del país, carecía de recursos.
El ex condenado se manifestó enaltecido por ser estadounidense y por el significado que adquiere su país cuando abre los brazos a otras naciones y a los inmigrantes. ”Pero no estoy orgulloso de nuestro sistema judicial”, dijo.
Antes de ser arrestado, ”yo era ingenuo e ignoraba cómo funcionaba realmente el sistema”. Creía que la inocencia implicaba protección y que la verdad atraía a la justicia. ”Pero no era así”, dijo.
El sistema judicial estadounidense funciona en muchos aspectos con una política de dos andariveles. Se necesita muchísimo dinero para la defensa de delitos punibles por la pena capital, describió Krone.
Después de su experiencia, Krone llegó a la convicción de que en realidad, la pena de muerte es un instrumento usado por los fiscales y por la policía para ganar posiciones en sus carreras profesionales y también para que los políticos suban la escalera del poder. Eso no es justo y mucha gente lo sabe, lamentó.
Los estados estadounidenses que más recurren a la pena capital, encabezados por Florida, Georgia y Texas, tienen más de 68 por ciento de condenas a muerte revocadas, superando ese elevado promedio nacional, de acuerdo al estudio ”A Broken System” (Un sistema quebrado), publicado en 2002 por la organización Justice Project, con sede en Washington.
Los factores que más inciden en la elevada aplicación de la condena a muerte en Estados Unidos son el racismo, las prácticas políticas y la deficiente aplicación de la ley, sostuvo el informe, segunda parte de un análisis sobre la pena capital entre 1973, año en que fue reimpuesta en ese país, y 1995.
El estudio fue compilado por el profesor de derecho James Liebman, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia.
La primera entrega, publicada en junio de 2000, expuso que 68 por ciento de las condenas a muerte del periodo fueron revocadas por tribunales superiores debido a ”fallas graves”, como ”notoria incompetencia” de la defensa, supresión de evidencia exculpatoria por parte de policías y fiscales e instrucciones erróneas a los jurados.
Por otra parte, en su campaña contra la pena de muerte Amnistía citó al tratadista británico Roger Hood, para observar la ausencia de pruebas sobre el pretendido efecto disuasivo de la pena capital.
Hoods sostiene que no es prudente aceptar la hipótesis de que la pena de muerte desalienta los delitos graves en mayor medida que las amenazas supuestas por castigos más leves como la prisión perpetua.
