La nueva censura a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU impacta con fuerza en las relaciones externas, mientras se agrava el antiguo conflicto con Estados Unidos.
El gobierno de Fidel Castro, ante los resultados adversos de este jueves, se refirió en duros términos a los países que ”secundaron” a Washington en lo que llamó ”ejercicio anticubano” en la comisión humanitaria de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) con sede en Ginebra.
”Quedó en evidencia la hipocresía y la doble moral de la Unión Europea y gobiernos como los de México y Chile, incapaces de contradecir al imperio en condenar” al bloqueo estadounidense a Cuba, señaló una declaración oficial.
El texto señala a Canadá como un ”vecino rico, relativamente pacífico, pero en riesgo de ser desintegrado y absorbido por el voraz y agresivo sistema imperial con el cual se ve obligado a convivir”.
También culpó a ”algunos países ex socialistas” de tener una ”repugnante conducta”, en tanto tildó a ”varios gobiernos latinoamericanos” de ”serviles vasallos de la gran potencia”.
Pero los calificativos más duros cayeron sobre los gobiernos de Costa Rica, Perú y Uruguay, promotores originales de la moción aprobada en Ginebra, a los que calificó de ”miserables títeres latinoamericanos” y ”modelos de abyección y traición”.
La moción finalmente aprobada por 24 votos a favor, 20 en contra y nueve abstenciones pide a La Habana que acepte la visita de la francesa Christine Chanet, representante personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pero Cuba dijo desde mediados de marzo que no acepta ”singularizaciones” en el tema de los derechos humanos y no ”reconoce autoridad” a Chanet, quien ”no podrá ingresar al territorio cubano” para cumplir su mandato.
El comunicado del gobierno de Castro no menciona la enmienda propuesta por Costa Rica, que fue rechazada en la Comisión de la ONU, en la que condenaba explícitamente el encarcelamiento de 76 disidentes y el ajusticiamiento de tres secuestradores de una lancha de pasajeros, entre el 19 de marzo y 11 de abril.
También fue desechada en Ginebra una iniciativa cubana para agregar a la moción la exigencia del cese inmediato del embargo ”unilateral e ilegal” que mantiene Estados Unidos contra Cuba desde hace más de cuatro décadas.
El planteo de La Habana también solicitaba a la ONU tener en cuenta el impacto de los ”actos terroristas” contra Cuba lanzados desde Estados Unidos y que, según las autoridades de este país, ha provocado 3.478 víctimas en 40 años de hostilidades.
”Prácticamente no hay un ciudadano de este país que no tenga un hijo, un sobrino, un padre, un conocido asesinado o superviviente de agresiones” causadas con financiamiento estadounidense, comentó una analista local.
Medios diplomáticos en este país señalaron que La Habana hubiera podido salir del banquillo de los acusados de no mediar las severas penas impuestas a los disidentes y la ejecución de los tres secuestradores.
Sin embargo, la lógica gubernamental inscribe tanto los arrestos como los fusilamientos en el contencioso cubano- estadounidense, intensificado desde la llegada de George W. Bush en 2001 a la Casa Blanca.
”Ahora estamos enfrascados en esta batalla contra las provocaciones que pretenden conducirnos a un conflicto y a una agresión militar de Estados Unidos”, comentó el presidente Fidel Castro horas después de las ejecuciones del viernes.
Según Castro, a la rivalidad histórica con Estados Unidos, se sumó en los últimos meses un ”plan siniestro” de los sectores más conservadores de Washington y el exilio cubano en Miami para provocar una crisis migratoria y enfrentar a las dos naciones.
”Llevamos 44 años defendiéndonos y siempre hemos estado dispuestos a llegar hasta el final”, indicó Castro en un discurso improvisado en el que alertó: ”No hay manera de derrotar a Cuba”.
La emigración de cubanos hacia Estados Unidos es el único aspecto en que ambas naciones lograron firmar dos convenios, suscritos en 1994 y 1995.
Sin embargo, el secuestro y desvío de dos aviones hacia territorio estadounidense en marzo puso a la isla en alerta rojo.
”Creemos que hay un plan consciente cuya meta final es dar al traste con los acuerdos migratorios”, dijo a principios de abril el canciller Felipe Pérez Roque, en una conferencia en la que detalló la vinculación entre Washington y los opositores juzgados.
Para Cuba, el peligro se acentúa con la guerra e invasión a Iraq, en las que el gobierno de Bush demostró hasta dónde puede llegar con naciones a las que considera involucradas en el ”terrorismo internacional”.
”No hay que olvidar que Washington nos mantiene en su lista negra, junto a Iraq, Corea del Norte, Siria, Libia, Irán y Sudán”, dijo un investigador en temas de seguridad que prefirió no ser identificado.
La dureza del castigo aplicado a los tres principales responsables del secuestro de la embarcación y la velocidad del juicio sumario despertaron rechazo dentro y fuera de Cuba.
Sin embargo, desde la lógica de las autoridades era necesaria una sanción ejemplarizante para evitar la repetición de actos que ponen en peligro la seguridad del país.
La pena de muerte, que no se aplicó durante 2000 ni 2001, suele ser reservada por los tribunales al castigo de crímenes horrendos, pero también a delitos contra la seguridad del Estado.
”Aquel que viene a Cuba a alzarse, a actividades contrarrevolucionarias”, sabe que le quedan dos caminos, morir combatiendo o fusilado”, comentó un funcionario judicial, que recordó además que la sentencia máxima tiene carácter ”disuasivo”.
Por otra parte, las autoridades protestan por la tendencia de algunos medios de comunicación internacionales a calificar de ”opositores” a los tres secuestradores fusilados, cuyo propósito era huir a Estados Unidos, donde ya residen más de un millón de cubanos y sus descendientes.
”Ellos (los fusilados) no son políticos, pero sí es político el contexto en que se enjuician y el enjuiciamiento mismo, según la explicación gubernamental”, dijo a IPS el activista opositor Manuel Cuesta Morúa.
En su opinión, las propias autoridades asociaron los intentos de salidas ilegales mediante el secuestro de aviones o embarcaciones con ”motivaciones políticas”.
