Cuba aplicó este viernes la pena de muerte por primera vez en más de dos años, al fusilar a tres secuestradores de una lancha la semana pasada, y eso complica su situación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Esa comisión debe considerar este miércoles una moción sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, presentada por Costa Rica, Perú y Uruguay, considerada ”suave” en medios diplomáticos, pero cuyos términos pueden ser endurecidos debido a las ejecuciones y a severas condenas contra disidentes la semana pasada.
Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac fueron fusilados en horas de esta madrugada, luego de un ”juicio sumarísimo previsto en los Artículos 479 y 480 de la Ley de Procedimiento Penal”, confirmó una nota oficial de este mediodía.
”Esto significa un retroceso en cuanto la posición de no continuar con los fusilamientos, y seguramente concitará el rechazo de la comunidad internacional”, comentó a IPS el opositor Elizardo Sánchez, quien calificó de ”lamentable” la noticia.
Sánchez, activista de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, no reconocida por el gobierno, destacó que la pena capital no se aplicaba desde 2000, pese a que está prevista para más de un centenar de delitos en la legislación vigente.
Varios jóvenes consultados al azar por IPS expresaron rechazo a las ejecuciones y a la rapidez con que se realizó el proceso. ”Yo creo que había que castigarlos, pero 20 años de cárcel hubiera sido suficiente”, dijo un estudiante de 20 años.
Pero un hombre de 55 años, que sólo aceptó identificarse como Manuel, opinó que la rigurosa sanción es explicable porque ”los americanos (estadounidenses) sólo esperan una justificación para atacar a Cuba”.
Según la nota oficial, los ejecutados eran ”los tres principales, más activos y brutales jefes de los secuestradores” de la nave desviada de su ruta en la Bahía de La Habana el 2 de abril, cuando llevaba decenas de pasajeros a bordo, con la intención de llevarla a Estados Unidos.
El Tribunal Popular de Ciudad de La Habana condenó a prisión perpetua a Maikel Delgado Aramburo, Yoanny Thomas González, Harold Alcalá Aramburo y Ramón Henry Grillo, y a 30 años de cárcel a Wilmer Ledea Pérez, también participantes en el secuestro de la embarcación.
Ana Rosa Ledea Ríos, Yolanda Pando Rizo y Dania Rojas Góngora fueron condenadas, respectivamente, a cinco, tres y dos años de prisión por el mismo hecho delictivo.
Todos fueron enjuiciados por delitos previstos en la Ley 93 contra Actos de Terrorismo, del 24 de diciembre de 2001.
El grupo mantuvo la embarcación en su poder bajo amenaza de asesinar a pasajeros que mantenían como rehenes, incluidas dos turistas francesas, hasta la tarde del 3 de este mes, cuando un operativo policial logró reducir a los secuestradores.
Según el comunicado, los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia dos días después y juzgados ”con pleno respeto de las garantías y derechos fundamentales de los acusados”.
El juicio concluyó el martes, y los condenados a muerte apelaron ”de inmediato” ante el Tribunal Supremo Popular, máximo organismo judicial del país, que celebró rápidamente un nuevo juicio y ratificó esas sentencias.
Como establece la legislación vigente, las condenas fueron sometidas a la consideración del Consejo de Estado, que las ratificó luego de analizar el caso ”durante horas”, de acuerdo con la nota oficial.
Ese organismo, encabezado por el presidente Fidel Castro, tiene carácter colegiado y es el supremo representante del Estado cubano según la Constitución.
El Consejo tuvo en cuenta lo probado de los hechos que constituyeron el delito, así como ”la gravedad y los peligros potenciales que implicaba, no sólo para la vida de personas inocentes, sino también para la seguridad del país”, indicaron las autoridades.
El 19 y el 31 de marzo habían sido secuestrados y desviados hacia Estados Unidos sendos aviones que realizaban vuelos internos.
El jueves, fuerzas policiales frustraron lo que pudo ser un nuevo incidente aéreo de esa naturaleza, al capturar a un grupo armado que arrebató un fusil AK-M a un soldado que hacía guardia en instalaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Las autoridades alegan que esos hechos fueron parte de un ”plan siniestro de provocaciones” tramado en Estados Unidos con el ”único propósito de crear condiciones y pretextos para agredir” a Cuba, que ”será defendida al precio que sea necesario”.
El canciller cubano Felipe Pérez Roque destacó el miércoles que en los últimos siete meses se produjeron siete secuestros de aeronaves, en un intento de usar ”la emigración ilegal para desestabilizar” al país.
”Creemos que hay un plan consciente cuya meta final es dar al traste con los acuerdos migratorios que han venido funcionando entre ambos países (Cuba y Estados Unidos) por una década”, comentó.
Esos convenios fueron firmados en 1994 y 1995, con la intención declarada de que la migración fuera legal, ordenada y segura. Pero miles de personas abandonan la isla en forma irregular, se acogen a la Ley de Ajuste Cubano aprobada por Estados Unidos en 1965, y obtienen residencia en ese país al año de haber pisado su territorio.
El gobierno de Fidel Castro arguye que la Ley de Ajuste estimula los viajes clandestinos en frágiles embarcaciones a través del estrecho de La Florida.
Ante la ola de secuestros de medios de transporte, el propio jefe de la Sección de Intereses (oficina diplomática) de Estados Unidos en Cuba, James Cason, hizo saber a la población cubana de 11,2 millones que los involucrados en hechos de ese tipo serán sancionados a fuertes penas en su país.
”Cualquier individuo de cualquier nacionalidad, incluidos los cubanos, que secuestre un avión o embarcación para dirigirse a Estados Unidos será procesado con toda la fuerza del sistema legal norteamericano”, dijo Cason en un mensaje difundido en la prensa estatal de la isla.
En febrero de 1999, una reforma del Código Penal incluyó a delitos con agravantes de narcotráfico, robo con violencia y corrupción de menores entre los que pueden ser castigados con la pena de muerte.
Pero a mediados de noviembre de 2000, Castro señaló públicamente que un grupo de juristas analizaba alternativas a esa condena.
”Tenemos otras ideas que nos permitirán un día, y por nuestra propia decisión, abolir la pena capital. Y no por tener más amigos o menos amigos, sino porque queremos conocer a los seres humanos”, dijo el mandatario cubano en esa ocasión.
En diciembre de ese mismo año, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a una moratoria en la ejecución de los condenados a muerte en el mundo entero.
