El fusilamiento la semana pasada en Cuba de tres secuestradores de una lancha que procuraban llegar a Estados Unidos despierta el rechazo de muchos cubanos, aunque la pena de muerte no está en discusión.
”Una cosa es cuando se trata de un asesino o del violador de una niña y otra cosa es cuando se secuestra una lancha, se usa la violencia, se amenaza con la muerte, se alardea, pero al final no se mata a nadie”, dijo a IPS una ingeniera de 39 años.
”El ambiente está caldeado”, aseguró un vecino de una de las zonas más pobres y marginadas del centro histórico de La Habana, donde, según trascendidos, viven familiares de dos de los secuestradores fusilados.
Tanto en ese barrio como en el municipio habanero de 10 de Octubre, donde vive la madre de uno de los ejecutados, se habrían registrado pequeñas manifestaciones de apoyo a las familias de las víctimas, según versiones no confirmadas por las autoridades.
La situación también fue tensa durante una misa realizada en la capilla del cementerio de La Habana este domingo, aseguraron testigos.
Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac fueron fusilados en la madrugada del viernes, luego de un ”juicio sumarísimo previsto en los Artículos 479 y 480 de la Ley de Procedimiento Penal”, sostuvo un comunicado de las autoridades.
”Aquí la gente no le tiene miedo a nada, sólo a la muerte. Si quieres terminar con algunas cosas, esa es la única salida”, comentó un hombre de 54 años para quien, sin embargo, ”la sanción de cadena perpetua hubiera sido suficiente” en este caso.
La pena capital puede aplicarse a más de cien delitos en Cuba, entre ellos los cometidos contra la seguridad nacional, los actos hostiles contra un Estado extranjero, el genocidio, la piratería y las actividades mercenarias.
En el ámbito de los atentados contra la vida y la integridad física, el Código Penal cubano establece la pena de muerte para el asesinato, la violación, la pederastia con violencia, la corrupción de menores y el robo con violencia e intimidación a las personas.
La nota oficial sostuvo que los ejecutados eran ”los tres principales, más activos y brutales jefes de los secuestradores” de la nave desviada de su ruta en la bahía de La Habana el 2 de abril, mientras llevaba decenas de pasajeros a bordo.
La acción sucedió al secuestro de dos aeronaves con pasajeros, también con el fin de emigrar ilegalmente a Estados Unidos, y coincidió con los juicios contra un grupo de más de 70 opositores políticos que recibieron penas de hasta 28 años de prisión. ”Nadie tiene derecho a poner en peligro la vida de otras personas”, pero ”nadie debe decidir que la muerte sea inferida a otras personas como remedio a sus acciones delictivas”, afirmó el Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
”La violencia no se elimina con la violencia. Es necesario erradicar las causas de la misma, y esto no se logra por la aplicación de la pena de muerte”, añadió una nota del Comité emitida el mismo día 11, tras el anuncio de las ejecuciones.
La representación de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica expresó su preocupación por ”la sucesión de hechos violentos” en el país y ”las condenas a largos años de prisión impuestas a numerosos opositores políticos”.
Aunque empieza a ser cada vez más habitual encontrar personas que se manifiestan contra la pena de muerte, por lo general en Cuba se considera esta sanción como el único castigo posible a ciertos delitos.
La polémica suele girar en torno a su aplicación a casos específicos o a su alcance para los delitos políticos, antes que cuestionar la pena misma, considerada merecida para asesinos y violadores.
El coordinador de la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada, Manuel Cuesta Morúa, llamó la atención este martes sobre una posible evolución de la tendencia abolicionista. ”La reacción popular ha sido precisamente de rechazo a estas ejecuciones”, afirmó.
Cuesta Morúa recordó que más de 90 por ciento de 35.000 personas consultadas sobre un proyecto de carta de deberes y derechos fundamentales de los cubanos, propuesto por la Mesa, se expresó en contra de la pena de muerte.
”Incluso aquellos que se manifestaron a favor, la consideraron sólo en los casos de delito criminal que implicara la vida de otro ciudadano o la violación a menores de edad”, añadió un texto firmado por el moderador de la mesa y entregado a IPS.
El rechazo a la aplicación de la medida en el caso específico de los secuestradores de la lancha se vincula al hecho de que el delito se cometió con el fin de emigrar a Estados Unidos, apuntaron analistas consultados.
Estudios efectuados a fines de la pasada década calcularon el potencial migratorio cubano entre 490.000 y 800.000 personas, en 11 millones de habitantes. En ese sector se encuentra un numeroso grupo de personas que no cuentan con requisitos para optar por una visa.
Cuba y Estados Unidos mantienen dos acuerdos migratorios para favorecer la emigración legal. Washington, sin embargo, otorga asilo político automático a los inmigantes cubanos que logren entrar a ese país aunque sea por vías ilegales.
La estadounidense Ley de Ajuste Cubano (Cuban Adjustment Act), vigente desde 1965 y que permite al fiscal general modificar el estatuto migratorio de los refugiados cubanos al de residentes legales, es para La Habana la verdadera causa de la emigración ilícita e insegura y de los delitos protagonizados por quienes quieren dejar el país.
Los incidentes de los últimos días se precipitaron en una coyuntura de recrudecimiento de la crisis económica, y mientras el gobierno impulsaba una ofensiva contra el tráfico y consumo de drogas, la corrupción y otras ilegalidades.
Una declaración del Consejo Diocesano de Laicos de la Diócesis de Pinar del Río, a 140 kilómetros de La Habana, aseguró el viernes que en el país se percibe una situación ”cualitativamente nueva”, al tiempo que manifestó preocupación por el futuro.
Según el documento ”se evidencia descontento y confusión crecientes” en la población cubana, causadas por ”las condiciones críticas para la subsistencia”, y el freno oficial a distintas formas de iniciativa privada.
Según observadores, el amplio rechazo a los fusilamientos no fue tomado en cuenta por las autoridades, que acudieron a la sanción más severa como una forma de ”escarmiento” y desestímulo a esos delitos.
La reacción contra las ejecuciones tampoco fue prevista por el presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRC), Elizardo Sánchez.
El viernes, Sánchez opinó que ”de hacerse una encuesta, probablemente la mayoría de la gente esté de acuerdo” con las condenas.
”El gobierno nos ha familiarizado con la pena de muerte”, lamentó Sánchez a IPS. La pena capital fue abolida en Cuba por la Constitución de 1949 y vuelta a implantar tras el triunfo de la revolución, en enero de 1959, recordó Sánchez.
Con los fusilamientos del viernes, el gobierno cubano puso fin a una suspensión vigente desde 2000 a la aplicación de la pena, reconocida como un gesto positivo por la CCDHRC y la comunidad internacional.
Entre los beneficiarios de dicha suspensión se encuentran los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz y Otto René Rodríguez, declarados culpables de ataques terroristas contra Cuba en 1997, en los que murió un turista italiano.
