Ganarás el pan con el sudor de tu frente, aunque no tengas trabajo estable y permanente. La flexibilidad laboral es un nuevo signo de los tiempos que desborda las sentencias bíblicas y se implanta a paso acelerado en América Latina, a menudo al margen de leyes que la regulen.
La flexibilización o desregulación del mercado de trabajo acarrea, según sus detractores, precariedad del empleo y pérdida de derechos sindicales y laborales, mientras sus partidarios sostienen que es el mejor recurso para garantizar ocupación en una economía de libre competencia.
”Toda desregulación va profundizando la desprotección y desigualdad, porque las condiciones de trabajo que se ofrecen no garantizan un bienestar mínimo para el trabajador y su familia. La inseguridad, la precariedad, incrementa a la vez la pobreza”, sostiene Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile.
”Flexibilizar el mercado del trabajo solo tiene aspectos positivos, no negativos, porque permite a las partes (empleador y trabajador) generar una libre elección con base en sus propias necesidades”, dijo en cambio a IPS el economista chileno Juan Luis Correa, del Instituto Libertad, un centro de estudios de orientación derechista.
Los enfrentamientos de las organizaciones sindicales que rechazan la flexibilidad laboral con las asociaciones de empresarios y los gobiernos que la propician, han vuelto a marcar pautas en las celebraciones del Día Internacional de los Trabajadores, este 1 de Mayo, en los países de la región.
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El tema está candente en Chile, pues forma parte de la llamada agenda de modernización que el gobierno centroizquierdista de Ricardo Lagos convino con organizaciones empresariales y que ahora negocia con los partidos representados en el parlamento, para asegurar la aprobación de las leyes respectivas.
En México está pendiente desde noviembre de 2002 un proyecto de reforma laboral del gobierno de Vicente Fox, impugnado por organizaciones sindicales, sociales y académicas que llevan a cabo movilizaciones y cabildeos para impedir que los legisladores den luz verde a la flexibilidad laboral.
En Brasil, con el gobierno del izquierdista y ex líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva ya no se habla de flexibilizar el mercado del trabajo.
El Senado archivó una iniciativa del anterior gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, que tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados.
En Argentina, el fallido gobierno de Fernando de la Rúa (1999- 2001) logró sancionar en 2000 una reforma laboral que había intentado el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
Pero el proceso parlamentario se vio ensombrecido por denuncias de que el Poder Ejecutivo había distribuido sobornos entre senadores opositores para lograr su voto.
Lo cierto es que estas nuevas normas no han encontrado aplicación en el escenario de depresión económica de este país en los últimos tres años.
Más allá de las iniciativas legales, la flexibilización laboral se instauró de la mano de las profundas reformas estructurales de corte liberal implantadas en América Latina desde la década de los años 80 y terminó de imponerse gracias a la globalización, de acuerdo a análisis de la Cepal.
La Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) señaló en su voluminoso informe ”Globalización y Desarrollo”, de mayo de 2002, que ”la desregulación del mercado de trabajo ha sido concebida como una condición necesaria para sostener y aumentar la competitividad, sobre todo la de aquellos sectores (latinoamericanos) más directamente involucrados en el proceso de integración a la economía mundial”.
En palabras simples, la flexibilización laboral apunta a eliminar ”rigideces” que implican gastos fijos para el empleador, en términos de salarios y prestaciones sociales y de salud, que los sindicatos negocian de manera colectiva y sobre la base de una jornada laboral preestablecida.
”Esto lleva a una mala asignación de recursos y a un aumento en los costos, lo cual genera que haya una menor entrada (al mercado) de empresas demandantes de trabajadores, con lo cual baja también la oferta de empleo”, según Correa.
”La flexibilidad laboral permite que se introduzcan nuevas empresas, nuevos empleadores. De esa forma, los trabajadores se harán más escasos con respecto a los empleadores. Al ser libres, los trabajadores tienen un mayor poder de negociación que genera mayores beneficios para ellos”, agregó el economista del Instituto Libertad.
Con la desregulación ganan también los patrones, que ”tienen una mayor posibilidad de desenvolverse en el proceso productivo”, aseguró a IPS Correa, para quien ”las pérdidas en las garantías de los trabajadores se producen cuando hay una mayor escasez de empleadores”.
Para el presidente de la CUT de Chile esas premisas son falsas. La idea de que la fuerza de trabajo encuentra libremente su precio en un mercado sin regulación lo que busca es obtener altos niveles de movilidad laboral, flexibilidad salarial y reducción en los costos para el empleador, pero no crea más empleo, indicó Martínez.
El signo negativo de la flexibilización es que ha propiciado y reconocido la creación de empleos de mala calidad, por la inestabilidad, las bajas remuneraciones, la desprotección social y las condiciones de trabajo inadecuadas, señala Cepal, que advierte un peso creciente del empleo informal en América Latina, caracterizado por su precariedad.
El empleo informal ocupa rangos en los países latinoamericanos que van desde 40 hasta 70 por ciento de la fuerza de trabajo.
El porcentaje de trabajadores asalariados sin contrato aumentó en Argentina de 21,9 por ciento del total en 1990 a 33 por ciento en 1997. En Brasil subió de 35,1 (1990) a 46,3 por ciento (1996) y en México de 32,4 a 37,7 por ciento entre 1989 y 1996, de acuerdo a estadísticas de Cepal.
En Venezuela 52,3 por ciento de los 11,8 millones de personas que integran la población económicamente activa están hoy en el empleo informal.
Néstor de Buen, abogado laboralista mexicano, dijo a IPS que la reforma laboral de Fox es ”de corte profundamente reaccionario y conservador”, en tanto ”busca derogar derechos sociales básicos, atenta contra la estabilidad en el empleo y frena el avance del sindicalismo independiente”.
La legislación laboral tuvo cambios en Venezuela en 1996 bajo el gobierno de Rafael Caldera (1994-99), y en ese país se está aplicando ahora además de facto una flexibilización por parte de los patrones, para resarcirse de sus pérdidas por los 63 días de huelga general contra el gobierno de Hugo Chávez.
Carlos Ortega, el líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y opositor a Chávez, que está asilado en Costa Rica, aceptó como medidas provisorias la reducción unilateral de las plazas de empleo y de las remuneraciones y la modificación de los horarios y condiciones de trabajo, pero la patronal Fedecámaras no parece querer dar marcha atrás.
En Chile, la CUT reclama que ya hubo suficiente desregulación desde el plan laboral que la dictadura de Augusto Pinochet (1973- 90) impuso en 1982.
En los años 90 se repusieron derechos sindicales pero al mismo tiempo se aumentó la ”libertad empresarial” para fijar unilateralmente los turnos diurnos y nocturnos y los horarios de ingreso al trabajo, afirma Martínez.
IPS hizo una breve consulta a siete trabajadores de diversos sectores productivos y de servicios en Santiago.
Seis se manifestaron de acuerdo con la flexibilidad laboral y el séptimo dijo desconocer en qué consistía. Tres reconocieron que en el último tiempo se cambiaron de empleo contra su voluntad y los siete coincidieron en que la estabilidad en el trabajo no está protegida en Chile.
*Con aportes de Diego Cevallos (México), Marcela Valente (Argentina), Humberto Márquez (Venezuela) y Mario Osava (Brasil) (FIN/2003)
