Nairobi Sabino, de dos años, murió de un disparo en el pecho durante un tiroteo entre policías y ladrones, un sábado por la noche en una callejuela de un barrio marginal de Caracas. Fue una de las 883 víctimas, en lo que va del año, de las balas de fin de semana.
Un informal toque de queda se implanta en Caracas y otras ciudades del país cada fin de semana. En lo que va de 2003, la cantidad de muertos en esas 48 horas fatales superó el centenar en cuatro ocasiones.
En este país de 23,2 millones de habitantes hubo el año pasado 9.240 homicidios, más de mil por encima de los 7.960 de 2001 y los 8.022 de 2000. De 1992 a 2002, la población aumentó 15 por ciento y el número de asesinatos casi se triplicó.
Los delitos registrados por la policía son más de 230.000 por año, es decir, uno por cada 100 habitantes. En 1990, uno de cada 100 delitos llevó aparejado un homicidio, pero desde 2000 la cantidad de homicidios por centenar de delitos es más de 3,5.
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En Caracas, de cuatro millones de habitantes, hubo 2.000 asesinatos el año pasado, y 900 de ellos ocurrieron en los 12 más peligrosos de sus casi 1.000 barrios informales.
La tasa de homicidios en el país es 33 por cada 100.000 habitantes, pero en la capital se triplica, según el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central.
”No se trata solamente de un crecimiento tendencial anclado en los problemas sociales y económicos. La inflexión tiene que ver con la situación política general del país”, dijo a IPS el médico Roberto Briceño-León, del Laboratorio de Ciencias Sociales de esa universidad.
Parte del auge criminal ”sigue al empobrecimiento del país”, donde el salario real ha decrecido cada años desde 1978, y el año pasado el producto interno bruto disminuyó 8,9 por ciento, ”y a problemas como el hacinamiento, pero la razón decisiva está en la dificultad para el ejercicio de la autoridad del Estado”, afirmó.
El gobierno del presidente Hugo Chávez mantiene desde diciembre de 2001 un duro enfrentamiento con la oposición, que demanda su salida anticipada del poder y ha promovido enormes manifestaciones y largas huelgas en su contra. En abril de 2002 hubo un golpe de Estado y un contragolpe en el lapso de 48 horas.
”Las dosis adecuadas de represión no pueden aplicarse con policías intervenidas, desmanteladas o mal dotadas, como hay casos en Caracas y el interior, con tolerancia a la impunidad y mientras el clima político violento anima la permisividad”, opinó Briceño- León.
”No nos encontramos ante un fenómeno coyuntural de incremento de la criminalidad o los homicidios, sino ante un fenómeno en el que la responsabilidad estatal es más elevada y evidente, tanto por acción como por omisión”, afirmó Carlos Correa, del no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Según Provea, hay déficit del Estado en el terreno legal, con leyes nuevas pero no reglamentadas ni implementadas, planes y programas que se detienen y cambian con los frecuentes relevos de ministros, y crisis en el sistema policial, con organismos que son intervenidos, van a la huelga o trabajan sin coordinación.
El Ministerio del Interior y Justicia tiene registrados 95 cuerpos de policía en el país, donde no existe policía nacional, y está pendiente la aprobación de una ley para crearla, aunque sí existen una policía judicial y una política que actúan en todo el territorio venezolano.
De esos 95 cuerpos, 71 son municipales y 24 estaduales.
Ese contexto facilita el auge de ”nuevas variantes” del asesinato. Una es el homicidio de inocentes como Nairobi, que mueren debido a balaceras entre policías y delincuentes, o entre grupos delictivos.
Las víctimas causadas por enfrentamientos entre bandas son presentadas en las estadísticas policiales de cada semana como ”ajuste de cuentas”. Y punto. Cuando se da por hecho que una muerte se debió a esa causa, casi nunca se investiga.
La estadística indica que sólo se concluye la investigación de la mitad de los hechos delictivos conocidos.
Otro fenómeno reciente es la existencia de ”grupos exterminio” o escuadrones de la muerte, presuntamente integrados por policías, que adquirieron visibilidad después que uno de esos grupos mató a por lo menos 68 personas en el noroccidental estado de Portuguesa, 350 kilómetros al suroeste de Caracas.
Ese caso fue investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ”ha hecho metástasis” según Correa, pues Provea registró el año pasado acciones de ”grupos exterminio” en el noroccidental estado de Zulia y el centroseptentrional de Aragua.
En enero, la policía de la nororiental isla de Margarita dio muerte en una operación relámpago a siete presuntos delincuentes que se le enfrentaron, y la prensa recogió hipótesis de ajusticiamiento.
Provea contabilizó 175 ejecuciones extrajudiciales o muertes por exceso de fuerza policial en el período octubre 2001- septiembre 2002.
La violencia política se ha sumado a ese panorama, y varias personas, entre ellas algunos agentes policiales, han muerto en manifestaciones callejeras, algunas contra el gobierno y otras a su favor, incluidos algunos agentes policiales.
Tres soldados vinculados con oficiales opositores que ocupan una plaza en Caracas para protestar contra el gobierno, así como una muchacha que les acompañaba, fueron muertos a mediados de febrero en un paraje situado 20 kilómetros al este de la capital.
Para los oficiales disidentes, en su mayoría retirados, se trató de un crimen político, pero la policía judicial maneja la hipótesis de crimen pasional.
En la madrugada del 25 de febrero, sedes diplomáticas de Colombia y España en Caracas fueron blanco de atentados con potentes bombas que no causaron víctimas.
