Hana, una niña japonesa de 13 años, era fuerte y saludable hasta que en 1991 una vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola le provocó una encefalitis que la dejó paralizada.
Nunca nos perdonaremos por haberle dado esa vacuna, lamenta su padre, Hideo Ueno.
En los años de sufrimiento transcurridos desde entonces, el matrimonio Ueno vio progresar la enfermedad de su hija con la esperanza de encontrar una cura.
Los Ueno y otras cinco parejas de padres esperan para el jueves 13 una sentencia judicial que les otorgue una compensación económica para poder reconstruir en parte sus vidas.
Esperamos con desesperación que la sentencia alivie un poco nuestra culpa, expresó Hideo.
En diciembre de 1993, los padres de niños afectados presentaron una demanda contra la Fundación de Investigación sobre Enfermedades Microbianas de la Universidad de Osaka, la institución fabricante de la vacuna en cuestión.
Entre los demandantes están los padres de un niño que cayó en coma dos días después de recibir la vacuna y permanece en ese estado desde entonces.
Los padres reclaman 350 millones de yenes (unos 2,9 millones de dólares) en compensación por daños y que el fabricante de la vacuna asuma la responsabilidad por el destino de sus hijos.
Se trata de la primera vez que un fabricante de vacunas es demandado en Japón.
En general los fabricantes quedan libres de responsabilidad porque las vacunas son incluidas en un programa estatal de inmunización que coloca la responsabilidad sobre el gobierno. Este juicio desafía por primera vez esa política, comentó Masako Koga, de la Unión de Consumidores de Japón.
Un funcionario del Ministerio de Salud reconoció los horribles accidentes causados por la vacuna triple, pero señaló que sin ella, los riesgos que corren los niños son mucho mayores.
La inmunización es obligatoria en Japón contra seis enfermedades, entre ellas la poliomielitis y la difteria.
La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola fue lanzada con gran publicidad en 1989 y prescripta en forma obligatoria.
Sin embargo, apenas tres meses después, los médicos pediatras ya advertían a los padres sobre los efectos secundarios de la vacuna.
Sólo en 1994 las autoridades de salud decidieron retirar la vacuna del mercado, tras la muerte de tres niños, lesiones permanentes a muchos más y más de 2.000 informes sobre reacciones adversas.
En 1993, el gobierno pagó una compensación de 160.000 dólares a cada una de las tres familias cuyos hijos habían muerto, pero luego ya no pudo ignorar las crecientes protestas públicas y decidió interrumpir la vacunación.
Las protestas no se limitaron a Japón. En Gran Bretaña, miles de padres se negaron el mes pasado a que sus hijos recibieran la vacuna triple por temores similares.
El problema de la vacuna triple puso de manifiesto la flagrante falta de consideración por la seguridad pública de parte del gobierno, dijo el médico Tameki Moori, crítico de las políticas de salud pública.
Moori acusó al gobierno de promover los intereses de las compañías farmacéuticas, para las cuales las vacunas son una fuente estable de ingresos por las políticas públicas de inmunización.
Pero Masaki Shigeo, investigador de la Asociación Japonesa de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, negó que las vacunas sean su mayor fuente de ingresos.
La producción de vacunas representa apenas 11 por ciento de los ingresos de un fabricante de productos biológicos y sólo 3,9 por ciento de todos los productos farmacéuticos, explicó.
La importancia monetaria de las vacunas para la industria farmacéutica es discutible, pero lo cierto es que sus riesgos siguen atemorizando a la opinión pública.
El pasado invierno boreal, siete japoneses murieron y 162 sufrieron efectos tales como conmoción, jaquecas y vómitos luego de recibir la vacuna contra la gripe.
Durante 40 años, Japón fue el único país del mundo que aplicaba la vacuna contra la gripe a los niños en forma obligatoria, hasta que las pruebas de sus riesgos se volvieron tan claras que el gobierno pasó la vacunación al régimen voluntario en 1995, recordó Moori.
En octubre de 2001, el parlamento aprobó una ley que subsidiará la vacuna contra la gripe para los mayores de 65 años. La vacuna es recomendada para ese grupo de edad.
Conscientes de los riesgos, los legisladores estipularon que el Estado se hará cargo de los costos médicos y las pensiones por incapacidad en casos de reacciones adversas.
Pero los activistas de la salud no están convencidos, y señalan que las víctimas tienen enormes dificultades para que el Estado reconozca los efectos perjudiciales de las vacunas.
El caso de la vacuna triple contribuyó a sacar a luz la falta de tranparencia de las autoridades de salud pública, que habrían administrado vacunas vencidas a decenas de miles de niños.
Todo lo que pedimos son vacunas seguras, no que se detenga su producción ni perjudicar a la industria farmacéutica, manifestó Koga. (