Los países industriales pretenden privilegiar una rama de los derechos humanos, que se ocupa de las libertades civiles y políticas, en desmedro de los derechos económicos, sociales y culturales, se quejaron naciones del Sur en Ginebra.
Las diferencias de interpretaciones se hicieron evidentes esta semana cuando la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) examinó el derecho al desarrollo, consagrado por tratados y declaraciones multilaterales.
Los elementos que definen el derecho al desarrollo se refieren a asegurar a los ciudadanos, sobre bases de no discriminación, el acceso a los bienes y servicios y al disfrute de las libertades básicas.
Los problemas surgen a la hora de delimitar este derecho, pues los países más pobres le reconocen un carácter universal. En cambio, las naciones ricas lo restringen al exclusivo ámbito nacional.
La Unión Europea cree que la protección y la promoción de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, forman parte de la responsabilidad y el privilegio de cada Estado, subrayó Tassos Kriekoukis, de Grecia, país que en el actual semestre preside el bloque de 15 países europeos.
Ese enfoque, replicó la embajadora de Malasia, Hussain Rajmah, refleja que la aplicación del derecho al desarrollo queda relegada al rango de obligación nacional y de cooperación bilateral.
El mismo criterio apareció en una declaración de la delegación de Estados Unidos del 21 de marzo pasado, la cual sostenía que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU es una institución creada para tratar exclusivamente las cuestiones de los derechos civiles y políticos, apuntó Rajmah.
Los dos pactos básicos, de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, constituyen el núcleo del sistema de derechos humanos de la ONU, junto con la Carta del foro mundial y la Declaración Internacional de los Derechos Humanos.
Pero en los últimos años, los países industrializados han mostrado reticencia a adoptar compromisos en el terreno de los derechos económicos, sociales y culturales, y en particular respecto del derecho al desarrollo.
El grupo de trabajo creado por la Comisión para ocuparse del derecho al desarrollo y de su aplicación encontró dificultades en este periodo para lograr resoluciones concertadas.
En la sesión de este año, del 3 al 14 de febrero, las diferencias se acentuaron a tal grado que el grupo concluyó sus labores sin aprobar resoluciones ni tampoco el informe a la Comisión.
Ese resultado evidenció el estado de confrontación que caracterizó las sesiones del grupo de trabajo, observó el embajador Abdul Wahav Attar, representante de Arabia Saudita.
A juicio de Attar, algunos países industrializados mostraron indiferencia ante el objetivo del grupo de trabajo, de analizar fórmulas para aplicar el derecho al desarrollo.
La embajadora Laxanachantorn Lahoaphan, de Tailandia, pidió expresamente a la comisón que se registrara el disgusto de su país por la conclusión fallida de las sesiones de este grupo de trabajo.
La actitud de las naciones ricas manifiesta una tendencia peligrosa que si persiste puede agravar la división en la Comisión de Derechos Humanos e indudablemente socavará la credibilidad del cuerpo, previno el embajador de Argelia, Mohamed-Salah Dembri, que presidió hasta el año pasado el grupo de trabajo.
Dembri expresó preocupación por el doble discurso con relación a los grupos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos.
El boicot de los países industrializados paralizó a este grupo de trabajo, así como al creado sobre población de ascendencia africana y al de seguimiento de la cumbre mundial sobre racismo, afirmó el embajador argelino.
Los países del Sur en desarrollo aceptan el papel que les cabe para garantizar a sus ciudadanos este derecho.
Sin embargo, también están convencidos de que la equidad, como pilar del disfrute de ese derecho, tiene una innegable dimensión internacional, explicó Manuel González Sánz, embajador de Costa Rica, que habló en nombre del grupo latinoamericano y del Caribe.
Por otra parte, el derecho al desarrollo puede actuar como un factor preventivo de conflictos, tanto en el plano nacional como internacional, opinan los países en desarrollo.
Pero la indiferencia ante esa dimensión internacional de la equidad conducirá sin remedio a exacerbar tensiones a agudizar las diferencias entre países industrializados y en desarrollo, alertó González.
Para la realización del derecho al desarrollo se requieren relaciones económicas internacionales justas, un ambiente económico conductivo y la cooperación internacional, definió Pankaj Saran, representante de India.
En ese plano, el embajador de Argentina, Alfredo Chiaradía, mencionó la necesidad de contar con un entorno internacional favorable para atender las preocupaciones de los países en desarrollo.
El experto independiente sobre el derecho al desarrollo nombrado por la Comisión, Arjun Sengupta, de India, resaltó en particular las barreras al comercio agrícola por ser un factor fundamental para los países en desarrollo, puntualizó Chiaradía.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el brasileño Sergio Vieira de Mello, citó algunas de las razones por las cuales se requieren progresos en las actividades del grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo.
El funcionario consignó que a 1.000 millones de personas, que viven con menos de un dólar al día, se les niega la esencia de la dignidad, la seguridad y la equidad humanas.
También mencionó que 133 millones de niños no asisten a la escuela en el mundo, que dos tercios de los analfabetos son mujeres, y que una de cada 48 mujeres en los países del Sur mueren en el parto.
