La incertidumbre de la crisis de Iraq condiciona las deliberaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se realizarán en Ginebra desde este lunes hasta el 25 de abril.
La posibilidad de que la Comisión adopte decisiones críticas que afecten a Rusia o China, por ejemplo, depende en gran medida de la actitud que esos dos países asuman en los debates del Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) donde se define la suerte del régimen iraquí de Saddam Hussein.
Estados Unidos, motor de las iniciativas beligerantes contra Iraq, puede llegar a negociar el apoyo de Rusia y China en el Consejo de Seguridad a cambio de una disposición más complaciente de sus delegados en la Comisión de Derechos Humanos, estimó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW).
Organizaciones no gubernamentales como HRW y Amnistía Internacional reclaman que la Comisión apruebe una condena por la ”grave situación” de los derechos humanos en la república autónoma de Chechenia y en el conjunto de la Federación Rusa.
Una iniciativa parecida, presentada por la Unión Europea, fue rechazada el año pasado por 16 en contra, 15 a favor y 22 abstenciones. Los europeos propondrían este año un proyecto semejante, adelantaron los representantes de las organizaciones no gubernamentales.
El caso de China puede volver a la Comisión este año, promovido por Estados Unidos, que recuperará en esta sesión su participación en el cuerpo, que había perdido en 2002.
Pero en todas las ocasiones anteriores la delegación de China bloqueó resoluciones en su contra con la interposición del recurso de no acción, un mecanismo procesal que obliga al abandono del proyecto.
Los documentos de Amnistía Internacional, con sede en Londres, omiten toda referencia a la situación de los derechos humanos en China.
En cambio HRW, con sede en Nueva York, demanda la condena de China por violaciones de los derechos de libertad de expresión, de asociación y de reunión, de pensamiento, de conciencia, religión y creencias.
Otras preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil giran en torno a la situación de los derechos humanos en Colombia, República Democrática del Congo, Israel y los territorios palestinos ocupados, y Nepal. HRW agrega también los casos de Irán, Corea del Norte y Turkmenistán.
Sin embargo, es probable que la atención de los delegados de los 53 estados miembros de la Comisión y de los expertos y defensores de derechos humanos que asisten a las deliberaciones, se concentre en la cuestión de Iraq y en las violaciones que se producen con motivo de la lucha contra el terrorismo.
A juicio del brasileño Sergio Vieira de Mello, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, es posible que el clima creado por el debate sobre Iraq ”eclipse” las sesiones de este año de la Comisión.
En el programa de trabajo del cuerpo figuran otros asuntos importantes, como la reforma de su propio funcionamiento, la pena de muerte y la discusión sobre un protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aceptaría las denuncias individuales de ciudadanos.
También debería tratarse la situación de refugiados y solicitantes de asilo, la tortura y los malos tratos, la impunidad, las despariciones forzadas, las mujeres, los niños y aun los niños soldados.
Pero las organizaciones no gubernamentales consideran que la Comisión está en deuda en el tema de la relación entre los derechos humanos y las legislaciones y políticas de lucha contra el terrorismo, profundizadas desde los ataques terroristas contra Nueva York y Washington, el 11 de septiembre de 2001.
Con excepción de la Comisión, ”irónicamente, todos en la ONU se han ocupado” de la importancia del respeto a los derechos humanos en el enfrentamiento al terrorismo, dijo Roth.
El análisis de leyes y prácticas efectuado durante 40 años por Amnistía Internacional, confirma que las disposiciones para responder a amenazas terroristas reales o percibidas causan a menudo efectos negativos en el ejercicio de los derechos humanos, dijo Judit Arenas, portavoz de la organización.
Amnistía sugiere que la Comisión debería establecer un nuevo mecanismo con mandato para supervisar y analizar los efectos de la legislación y las disposiciones de seguridad sobre los derechos humanos.
En cambio, Roth propone que la Comisión resuelva que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, designe un representante especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos.
El funcionario dispondría de poder para visitar países y supervisar e indagar sobre el respeto de los derechos humanos, describió el representante de HRW.
En vísperas de las sesiones de la Comisión, el tema dominante en este aspecto es la situación de los prisioneros de la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
Una cárcel construida especialmente en Guantánamo encierra a unas 600 personas presumiblemente miembros de fuerzas leales al derrocado movimiento fundamentalista islámico Talibán de Afganistán y a la red Al Qaeda, a la que Washington responsabiliza de los ataques del 11 de septiembre.
El dictamen de un tribunal de Estados Unidos denegó el martes a esos 600 detenidos todo derecho a acogerse a las garantías que brinda la legislación estadounidense.
Los detenidos en la bahía de Guantánamo no pueden invocar la jurisdicción de Estados Unidos porque ese territorio no pertenece al país, estableció en síntesis el tribunal.
El relator especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y los abogados, Param Cumaraswamy, de Malasia, opinó que ese fallo sienta un precedente peligroso.
El dictamen parece implicar que el gobierno de un Estado soberano podría arrendar una extensión de terreno a un Estado vecino y establecer allí un centro de detención bajo su control y operación, expuso el relator de la ONU.
También presupone que el mismo Estado puede arrestar a sospechosos de terrorismo en otras jurisdicciones, enviarlos a ese centro y negarles sus derechos, inclusive el principio del debido proceso que garantiza a sus ciudadanos.
Todo se fundaría en que ese centro de detención pertenece físicamente a otra jurisdicción, dijo Cumaraswamy.
Con esa conducta, el gobierno de Estados Unidos evade la aplicación de las leyes locales e internacionales para negar a esos sospechosos sus derechos, insistió el experto.
Vieira de Mello opinó este jueves que no puede haber ”agujeros negros” jurisdiccionales en Guantánamo y consideró ”inaceptables” los argumentos de la justicia estadounidense.
El Alto Comisionado discutió la semana pasada la situación de los presos de Guantánamo en una entrevista en Washington con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
En esa reunión, el funcionario de la ONU manifestó su desaprobación por el trato a los detenidos en la base en Guantánamo y afirmó que debían ser juzgados o liberados. Bush alegó que había prohibido la tortura de los prisioneros durante los interrogatorios.
La oficina del Alto Comisionado seguirá examinando ese caso con las autoridades estadounidenses, aseguró Vieira de Mello.
