La ofensiva del gobierno de Cuba contra el tráfico de drogas y otros delitos está sacando a luz casos aún aislados de corrupción entre funcionarios públicos y agentes policiales.
Los testimonios sobre operativos en busca de marihuana, cocaína o su derivado conocido como crack, la confiscación de viviendas y la detención de policías pueden recogerse a diario por las calles de la capital cubana.
”A 'La Sombra' lo atraparon justo cuando había ido a avisarle a un traficante que estaba en la lista de las órdenes de registro”, relató una residente del municipio de La Habana Vieja, donde el policía así apodado cumplía funciones.
”Aquí nadie lo conocía por su nombre. Le decían así porque siempre estaba atrás de los delincuentes, pero no precisamente para apresarlos, sino para que le dieran su tajada de los negocios”, abundó la mujer que solicitó anonimato.
Fuentes cercanas al gobierno afirmaron a IPS que varios agentes del orden interior han sido detenidos en las últimas semanas. Además de los vínculos con la venta de drogas y otros delitos, es conocida la relación de algunos policías con la prostitución.
El negocio es redondo, añadieron. El agente hace ”la vista gorda” y a cambio recibe dinero, bienes o, en el caso de los que proceden de otras provincias, una cama donde pasar la noche fuera del albergue policial.
”La corrupción policíaca todavía es marginal en Cuba, pero hay que reconocer que existe para poder combatirla, si no dentro de unos años vamos a estar como ahora con la cocaína”, dijo Mario Suárez, historiador de 39 años.
”Hasta el otro día aquí se decía que no había droga. Se negaba una y otra vez, y la venta y el consumo estaban ahí, creciendo y creciendo”, opinó Suárez, quien defendió la decisión del gobierno. ”En ese tema hay que ser implacable”, opinó.
Aunque los casos de corrupción podrían considerarse insignificantes si se tiene en cuenta la situación en otros países de América Latina, muchos cubanos prefieren compararse con la realidad nacional de 20 años atrás.
Uno de los primeros operativos realizados este año en La Habana involucró a un militar retirado, en cuya casa funcionaba un restaurante privado, un hotel clandestino y todo tipo de actividades ilícitas, incluidos el narcotráfico y la prostitución.
En la Isla de la Juventud, al sur de la capital, al menos un integrante de las tropas de guardafronteras se encuentra en proceso de investigación por permitir la entrada de drogas al mercado interno, según trascendidos.
Una de las vías de ingreso de estupefacientes a Cuba son las pacas de cocaína o marihuana que, arrojadas al mar por narcotraficantes en la ruta a Estados Unidos, llegan accidentalmente a las costas de este país isleño.
Normalmente, la droga detectada es incinerada por las autoridades. Pero, hay casos en que quien la encuentra no la entrega, sino que la introduce en el territorio para venderla a cambio de dólares, sobre todo en las principales ciudades.
La prensa nacional, controlada por el Estado, apenas hace referencia a casos específicos, salvo cuando se busca un efecto ejemplarizante. Las autoridades siguen calificando el tráfico y el consumo de drogas como ”incipientes”.
El diario Granma, del gobernante Partido Comunista, reveló que cinco extranjeros, entre ellos una mujer colombiana, y tres cubanos fueron condenados a penas de prisión desde 20 años a cadena perpetua, como parte de los operativos en marcha.
Se estima que más de la mitad de los involucrados en estos delitos en el país pueden haber sido detenidos. Todos permanecen en la cárcel y la gran mayoría sabe que enfrenta hasta 30 años de reclusión.
En tanto, al menos cien viviendas han sido confiscadas desde el inicio de los operativos. Sus habitantes, cuando no están envueltos en el narcotráfico, son trasladados a albergues gubernamentales en espera de las conclusiones de los procesos judiciales.
Un decreto aprobado en febrero establece la confiscación de todas las viviendas o locales donde ”se produzca, trafique, adquiera, guarde, consuma, oculte o realice hechos que, directa o indirectamente, estén relacionados con la droga”.
El vicefiscal general de Cuba, Carlos Raúl Concepción, aseguró a la prensa que la medida también se aplica a casos de corrupción, prostitución, proxenetismo, pornografía, corrupción de menores, tráfico de personas u otros similares.
”No habrá clemencia para quienes, sin un ápice de escrúpulos por la salud y el bienestar de nuestros hijos, pretendan introducir y distribuir drogas tóxicas en suelo cubano”, advirtió el martes el diario Granma.
El periódico aseguró que se tomarían las medidas pertinentes contra aquellos delincuentes y sus cómplices que ”se resisten a la acción de la autoridad y atentan contra sus representantes”.
Los mensajes van dirigidos a toda la población, sin importar procedencia social, ni si se trata de militares, dirigentes políticos o familiares de personajes del gobierno, que podrían influir para ”salvar” a alguien del peso de la ley.
Uno de los aspectos más delicados de la larga lista de ilegalidades es la corrupción de los funcionarios estatales, una tendencia que creció en los últimos años de la mano del aumento de los negocios con empresas extranjeras. En 2002, se divulgó la situación del ex canciller Roberto Robaina, quien, entre otros ”errores”, favoreció a empresarios extranjeros interesados en negociar con Cuba, a cambio de bienes y otros favores personales, según fuentes oficiales.
La destitución la semana pasada de cuatro viceministros de Economía podría estar vinculada a mal uso de fondos. La medida también podría responder a errores en la conducción de la política económica.
De acuerdo a fuentes consultadas por IPS está pendiente una decisión sobre el futuro del ministro de Economía, José Luis Rodríguez. En cualquier caso, el gobierno podría mantener silencio sobre las verdaderas causas de las destituciones.
”En los casos que estamos viendo, no hay palanca que valga”, dijo a IPS un abogado que recibió indicaciones ”de arriba” de no hacer caso a pedidos de ”mano blanda” hacia un acusado, aunque vinieran de un alto dirigente del país.
La legislación cubana considera agravante de casi todos los delitos que el perpetrador sea funcionario público, integrante de las Fuerzas Armadas o de la policía.
