Cancilleres y ministros de Defensa de los países de la Comunidad Andina respaldaron este miércoles la propuesta colombiana de fortalecer la cooperación contra grupos terroristas en zonas fronterizas.
Colombia tiene fronteras con sus socios andinos Ecuador, Perú y Venezuela, y también con Brasil y Panamá, que no integran el bloque pero asistieron a la reunión como observadores.
Bogotá propuso crear grupos de trabajo regionales para definir y coordinar medidas antiterroristas, y hacer más efectivos los controles del narcotráfico con el que presuntamente se financian grupos insurgentes.
”Tenemos la pretensión ambiciosa de buscarle solución conjunta a los problemas de criminalidad en la frontera, que son muchos, como el narcotráfico y la presencia de grupos terroristas”, señaló el comandante de la policía colombiana, Teodoro Ocampo.
La respuesta positiva de los asistentes a la reunión contrapesó en buena medida la anterior negativa de Brasil, Ecuador y Venezuela a declarar ”terroristas” a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como había pedido el presidente colombiano Alvaro Uribe.
El ministro de Defensa de Ecuador, general Nelson Herrera, dijo al inicio de la reunión que Quito protege su frontera ”y Colombia está haciendo lo mismo”.
El canciller venezolano Roy Chaderton pidió ayuda de los países amigos contra ”un terrorismo blanco, psicológico” en su país, que consideró tan dañino como el que sufre Colombia.
Chaderton aseguró poseer pruebas de que ”sectores mediáticos” de Venezuela y ”fuerzas minoritarias” de otros países del hemisferio han hecho llamados ”a favor del asesinato” del presidente venezolano Hugo Chávez.
Detrás de esa iniciativa hay representantes de ”la clase política (venezolana) desplazada por vías democráticas, que en lugar de tratar de recuperar la voluntad popular prefiere las vías de hecho y las vías golpistas”, afirmó.
La reunión de este miércoles coincidió con la divulgación en el país por el diario El Tiempo, único de circulación nacional, de un informe del ejército colombiano según el cual guerrilleros locales tienen campamentos en territorio cercano de Venezuela, y realizan secuestros y contrabando de armas y drogas en áreas fronterizas con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil.
Caracas ha sostenido que no hay campamentos estables de guerrilleros colombianos en territorio venezolano, pero los autores de ese informe afirmaron que las FARC poseen uno de entrenamiento en el estado de Zulia, al noroeste de Venezuela, donde suele haber unas 400 personas que ”llegan de toda Colombia para ser entrenados durante períodos de cuatro meses”.
El ejército sostuvo también que en el nororiental departamento colombiano de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, varios grupos armados se financian en parte con extorsión y secuestro de empresarios y hacendados de los dos países.
Esos grupos serían tres frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de las FARC y otro del Ejército Popular de Liberación (EPL), todas organizaciones izquierdistas guerrilleras, y uno de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), derechistas.
Según el informe, el uso de áreas fronterizas ”para actos terroristas” también quedó evidenciado con el hallazgo reciente de un coche bomba cargado con 1.500 kilogramos de explosivos en la localidad de La Victoria, con el que se pretendía volar el puente que comunica el noroccidental estado venezolano de Apure con el nororiental departamento colombiano de Arauca.
Tras atentados en enero contra sedes diplomáticas de Colombia y España en Caracas, en las que algunos observadores vieron posible participación de las FARC, Uribe afirmó que el vecino país ”corre el riesgo de convertirse en sucursal de la tragedia colombiana”.
El informe militar destacó que la frontera con Ecuador ha sido ”históricamente utilizada en delitos que van desde el tráfico de armas, municiones y explosivos, hasta el transporte de insumos para el procesamiento de estupefacientes”, por parte de las FARC, el ELN, las AUC y delincuentes comunes.
Según otros reportes, la mayor penetración de guerrilleros y paramilitares en la frontera con Ecuador se da en la zona amazónica compartida por el sudoccidental departamento colombiano de Putumayo y la nororiental provincia ecuatoriana de Sucumbíos, donde sería común la venta de alimentos y servicios a grupos armados.
La frontera brasileña fue considerada la menos vulnerable en el documento publicado por El Tiempo, pero la actividad de las FARC en esa zona quedó clara, por ejemplo, con la captura en abril de 2001, en el occidental departamento colombiano de Vichada, de un brasileño de 18 años, combatiente con ese grupo.
Ese guerrillero afirmó que en su grupo había otros cinco brasileños, reclutados como él en su país, según el informe.
En enero, atentados atribuidos a las FARC por organismos de seguridad causaron la muerte de cerca de 60 personas y heridas a un centenar más.
Eso llevó a Uribe a una ofensiva diplomática para lograr que ese grupo fuera calificado como terrorista y buscar resplado regional a su estrategia contra las FARC y otras organizaciones guerrilleras, mientras impulsaba un proyecto de ley para establecer penas más severas contra el terrorismo.
Los países de América Central y la Organización de Estados Americanos condenaron los atentados de enero y manifestaron su decisión de cumplir con la resolución 1373 de la Organización de las Naciones Unidas y con la Convención Interamericana contra el terrorismo, sendos compromisos de cooperación internacional contra los terroristas.
Pero no hubo el mismo eco en Brasil, que comparte 1.645 kilómetros de frontera con Colombia, Venezuela, que comparte 2.220, y Ecuador, que comparte 586 kilómetros de frontera.
Esos tres países condenaron los atentados, pero indicaron que no declararían ”terroristas” a las FARC, para no comprometer su posibilidad de actuar como mediadores en un eventual proceso de paz con ese grupo insurgente.
Eso dio origen a roces diplomáticos de Bogotá con Brasilia y Caracas.
Colombia define como ”terroristas”, por una ley aprobada en 2001, a quienes emplean ”medios y métodos que, por su naturaleza, causan o pueden causar un daño extendido, disturbios serios en el orden público”, o producen efectos de terror o intimidación sobre los habitantes de un Estado.
